La postura feminista, dentro del sistema parlamentario mexicano ha sido asertiva y crítica. Considera que éste es un espacio patriarcal y misógino ya que al interior de cada partido representado en él, se hace presente la verticalidad de las decisiones, así como la negativa a aceptar realmente en la toma de decisiones la equidad de género y las cuotas de participación. Sin embargo las mujeres feministas se han  propuesto incursionar en el sistema parlamentario desde una concepción de participación afirmativa y positiva. Esto implica desarrollar sus propios recursos y capacidades hasta donde sea posible para, desde ellas, lograr que las mujeres mexicanas alcancemos un bien vivir, lo que implica revisar las agendas de las políticas públicas en todos los ámbitos donde están presentes las mujeres, con características transversales.

            Las “claves” de la autonomía y alianzas son fundamentales para  la experiencia transformadora de las mujeres, porque resultan imprescindibles para la relaciones con “los otros”. Sin autonomía, ni alianzas, las mujeres no podemos construir la nueva convivencia humana.

            En este tono se reconoce que la Ley de Acceso es la que se pudo tener, no la que se deseaba. Entendemos ahora que una ley es una construcción política donde cada artículo puede ser un acuerdo, un consenso, y donde se trabaja desde un ámbito de pluralidad y de respeto entre comisiones para tratar de llegar al pleno de la legislatura y conseguir su aprobación por unanimidad.

            La convocatoria feminista que vinieron a hacer a Monterrey mujeres de 12 estados de la República, entraña incertidumbre para quienes no conciben otra manera de vivir, ni están dispuestos a cambiar. No es para menos. Esta visión innovadora se propone redefinir las bases de los poderes de género y convocar al desarrollo humano con perspectiva de género donde se obtenga una redistribución equitativa de los espacios, los bienes, los recursos y las oportunidades entre mujeres y hombres.

            Marcela Lagarde afirma que la propuesta feminista no es un discurso fragmentario sino que es una alternativa compleja que busca ciudadanía. Esta es una construcción de la democracia que exige sujetos constituidos por derechos y con la posibilidad de ejercer dichos derechos. Ya no es suficiente tener la ley por escrito, hay que llevarla a la práctica y a la solución de necesidades específicas.

            Y he aquí el problema: ciudadanía es tener derecho, no sólo como enunciado jurídico, como norma o planteamiento ideológico, sino como experiencias de la vida cotidiana. Como dice la autora, ciudadanía plena es juntar la norma, el pacto jurídico o ley, con la experiencia vivida.
Un cambio cultural de enorme envergadura, es el que avanza, porque el desarrollo social y personal de las mujeres pasa por transformar las mentalidades y las maneras de vivir y relacionarse con los hombres y entre ellas mismas. El pensamiento de Marcela Lagarde es categórico (2005:121) El Estado y las instituciones tienen la obligación de vigilar que se cumpla el orden social concretizado en los derechos ciudadanos. Ese es el poder democrático del Estado puesto al servicio de la ciudadanía y no como sucede en los Estados antidemocráticos donde la ciudadanía es puesta al servicio del poder. La “clave” que se está buscando es una transformación del Estado mismo y de la relación de las mujeres con el Estado.
            Como el Estado mexicano no está garantizando las condiciones para que exista una convivencia entre mujeres y hombres sucede que en promedio tenemos alrededor de mil 200 mujeres o niñas asesinadas en el país por año, tomando el año 1999 como punto de partida. ¡Son cuatro personas al día! En esta tesitura, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un avance, si desde las organizaciones de la sociedad civil se presiona la armonización en los estados y se introduce en los códigos civil y penal por parte de los servidores públicos, y así aspirar a que la norma pueda vivirse en lo cotidiano.