México DF, 19 enero 09 (CIMAC).- La periodista Ana Lilia Pérez, quien investigó y divulgó asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel, se encuentra oculta como prevención ante las amenazas de muerte que ha recibido y para evitar su detención, derivada de una denuncia por "daño moral" interpuesto por empresarios gaseros.

A través de un mensaje, leído por ella misma vía telefónica, ayer al mediodía, Ana Lilia explicó a la opinión pública, y a quienes se encontraban frente al Hemiciclo a Juárez durante un acto de solidaridad, los pormenores de la persecución de que es objeto, luego de que su coacusado, Miguel Badillo, director de la Revista Contralínea, fue detenido el viernes anterior.

Este es el texto:
He pasado las horas más terribles de mi vida. En estos momentos estoy escondida, resguardada porque un juez de Guadalajara liberó una orden de aprehensión en mi contra, simplemente porque cumplí con mi deber periodístico de investigar y divulgar asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos, y que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel.

Es el costo que he pagado por revelar, hace casi un año, los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño, y por investigar y publicar los negocios en Pemex de otros empresarios vinculados con él y con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la República.

Pasé la noche en vela por segunda ocasión, atenta a que de un momento a otro mis captores me ubiquen y me lleven no sé a dónde y ni en qué condiciones.

Mi familia no sabe de mí y ahora, por oídos de todos ustedes, les digo que espero seguir viva. Mis temores no son en vano. Desde el año pasado denuncié ante las autoridades judiciales, ante la Fiscalía de Protección a Periodistas, ante el Congreso de la Unión, el acoso en mi contra, las amenazas de muerte, la persecución, la vigilancia en mi domicilio, pero ninguna autoridad, en absoluto, movió un dedo.

No sé si el día de mañana mi abogado me pueda conseguir un amparo y si mañana, al tenerlo, habrá otra acusación en mi contra.

No maté, no robé, no violente ley alguna. Mi única arma es la palabra, y con ella, hice lo único que sé hacer: periodismo, honrosa profesión de la que me sostengo con un salario ganado decorosamente, sin pretensiones de enriquecimiento, como me han ofrecido los empresarios y funcionarios a quienes he investigado.

¿Y saben por qué los he investigado? Porque es derecho de todas las mexicanas y los mexicanos conocer qué se hace con su empresa: Pemex, cuyos ingresos sostienen la economía de este país y de la que pocos, muy pocos, se han hecho inmensamente ricos.

En mi vida nunca he tenido algún conflicto con la ley y, sin embargo, hoy estoy escondida, como no lo están siquiera los narcotraficantes o defraudadores de cuello blanco de este país, no puedo ni siquiera asomarme a una ventana y mucho menos buscar contacto en el exterior.

Agradezco de antemano a las y los colegas y miembros de la sociedad civil, organizaciones y defensores de derechos humanos preocupados por mi situación y la del resto del equipo de Contralínea.

LOS MOTIVOS
Les explicaré los motivos que me orillaron a convertirme en una prófuga de las autoridades judiciales, que no de la ley ni la justicia:
La mañana del viernes, camino a mi trabajo me enteré que mi compañero, jefe y amigo, el periodista Miguel Badillo Cruz, director de las revistas Contralínea y Fortuna --en las cuales desde hace seis años me desempeño como reportera-- había sido detenido al sur de la ciudad, por elementos policíacos, en circunstancias completamente oscuras. La detención era inverosímil, aun en el acoso y las agresiones que los dos hemos vivido en los últimos meses. Ya en la redacción, las y los trabajadores de Contralínea vivimos momentos de zozobra por desconocer su estado físico y situación jurídica.

Hacia el medio día, estando preso en El Torito, Miguel se enteró de que existía también una orden de aprehensión contra mí, y por terceros me lo hizo saber. La noticia me cayó como un balde de agua fría. En ningún momento hubo autoridad alguna que me notificara del supuesto desacato en el cual incurrí, y por mi compañero preso supe que yo enfrentaba una orden de aprehensión. A medida que las horas transcurrían se reducía mi posibilidad de obtener un amparo. Aumentó mi desolación.

Con el riesgo de que mis captores me ubicaran, al ser yo la autora de las investigaciones periodísticas publicadas en las revistas Contralínea y Fortuna relacionadas con el consorcio denominado Zeta Gas, por las cuales se detuvo a Miguel Badillo, me correspondió explicar a las y los colegas de los medios de comunicación el origen de la detención, así como el acoso que desde hace más de un año hemos padecido, por parte del poderoso empresario Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración de las 80 empresas que integran el consorcio, dedicado al almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo. Acoso ejercido de forma directa por sus abogados, sus guardaespaldas, además de funcionarios públicos locales y federales que se han prestado a sus arbitrariedades.

Ante las declaraciones que se fueron vertiendo sobre la detención de Badillo, comprendí que las autoridades no solamente eran indolentes, sino cómplices de los ataques de Jesús Alonso Zaragoza López en contra de un medio de comunicación que no hizo otra cosa que cumplir con su deber de informar a la sociedad de los negocios que se hacen con el dinero público, específicamente con el de Petróleos Mexicanos.

Tan cómplices fueron quienes detuvieron a Miguel, como lo fueron los jueces y magistrados que durante el año pasado emitieron un veredicto en el que resolvieron que yo no tenía derecho a publicar las entrevistas que me concedió Zaragoza López, entre otras razones, porque los hechos narrados tuvieron lugar en la frontera norte y yo radico en el Distrito Federal.

Así que, al escuchar a las autoridades declarar que la detención de Badillo había sido "legal", aún cuando nunca hubo notificación alguna, supe que tenía que huir. Me fui con la ropa que traía puesta. Dejé trabajo, escuela, casa y familia, por el riesgo de, en el mejor de los casos, ser detenida por la policía, al igual que Miguel, por una orden de aprehensión que un juez de Guadalajara giró en mi contra, por un supuesto desacato de un requerimiento judicial del cual nunca tuve conocimiento.

Y digo "en el mejor de los casos", porque hace 16 meses que vivo amenazada, acosada, vigilada, y perseguida por órdenes de Jesús Alonso Zaragoza López, quien me demandó por "daño moral" después de que publiqué dos entrevistas que él mismo me concedió, y luego de que rechacé todos los ofrecimientos de sobornos que me hizo.

¿Qué fue lo que me dijo Zaragoza López en las dos entrevistas?
Detalló aquel pasaje de su vida, cuando la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) abrió una investigación en su contra, y en contra de sus hermanos, de su papá y de sus empresas, luego de que las autoridades de ese país descubrieron un cargamento de cocaína en una de sus pipas que trasportaba gas licuado de petróleo de México a Estados Unidos.
-- ¿Y el chofer de la pipa, don Jesús? – le pregunté.
-- Desapareció, nunca más se supo de él. Desapareció toda su familia.
-- ¿Cuántos años llevaba trabajando con usted?
-- 20 años --respondió en la entrevista.

Una familia entera incómoda a la familia Zaragoza desapareció, y al empresario nadie le preguntó nada.
Jesús Zaragoza me dijo que en el sexenio de Vicente Fox, el secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, lo recibía en sus oficinas para "ayudarle" en sus negocios y que, a cambió, él lo apoyó económicamente para su campaña a la presidencia de la República. Me contó cómo los directivos de Pemex le ofrecieron el negocio de los ductos, mucho antes de que se hablara de una reforma energética.

Me dijo cómo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, le ayudó a instalar su planta de gas de Manzanillo, la cual le renta a Pemex Gas para almacenar el gas que luego Pemex le vende a él, y a su vez él distribuye a millones de consumidores. Me detalló cómo soborna alcaldes y autoridades locales y federales para que le permitan instalar sus plantas de gas en zonas prohibidas y, por encima de las protestas ciudadanas, como lo hizo en el pueblo de Campos, según documentamos entre los pobladores.

LA DEMANDA
Todo ello fue grabado con el consentimiento de Jesús Alonso Zaragoza López, quien al concluir las entrevistas me ofreció llevarme de compras a Estados Unidos y viajar en sus aviones privados. Lo rechacé, y en respuesta, en agosto de 2007, presentó la primer demanda en contra de la revista Contralínea, de su director, Miguel Badillo, y en contra mía.

Durante el juicio, Zaragoza reconoció como suya la voz de las grabaciones que exhibimos como prueba de nuestro dicho, aunque sus abogados: Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuéllar Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya intentaron que el juez no la desechara. En septiembre de 2008 estos mismos abogados, con sus guardaespaldas armados y elementos de seguridad pública, allanaron nuestras instalaciones y nos amenazaron con confiscar nuestras computadoras.

En el juicio, Zaragoza López no aportó una sola prueba que sostuviera sus acusaciones en contra nuestra. Nosotros aportamos, además de las grabaciones, cientos de documentos que respaldan las investigaciones periodísticas publicadas, incluidos los que Zaragoza me proporcionó, emitidos por Calderón Hinojosa. Durante el juicio solicitamos los testimonios de los funcionarios que, según dijo Zaragoza, le han facilitado sus negocios: Felipe Calderón Hinojosa y algunos directivos de Pemex, sin embargo, los jueces se abstuvieron de citar a ninguno de ellos.

El argumento central de Zaragoza López, validado por los jueces del Tribunal Superior de Justicia es que él es dueño de 80 empresas, y que yo soy "una pobre reportera". A él se le permitió entrar al juzgado con guardaespaldas armado, a mí ni siquiera se me permitió declarar: el juez me declaró confesa. Durante el juicio sus abogados amenazaron a Miguel Badillo y a mí de que nos desaparecerían y que acabarían con Contralínea. Se nos advirtió que con su dinero y sus influencias Zaragoza acabarían con nosotros, que una tras otra, nos presentaría 80 demandas. Hoy vemos cumplir las amenazas.

INFORMAR, MI PROFESIÓN
Hace diez años que ejerzo el periodismo. He desempeñado mi profesión con estricto apego a la ética, sin otro interés que informar a la sociedad. El acoso de los contratistas de Pemex en contra mía se recrudeció en febrero del año pasado, cuando investigué y publiqué en Contralínea los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño en su dualidad de funcionario público y empresario privado. Cuando le entregué los contratos a Andrés Manuel López Obrador, se desataron las amenazas directas de funcionarios públicos en contra mía.

He recibido llamadas telefónicas donde se me amenaza de muerte. Mi domicilio está constantemente vigilado. He padecido seguimientos y me han tomado fotografías. Todo ello lo denuncié desde 2008 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Fiscalía Especializadas de delitos en contra de periodistas, de la Procuraduría General de la República. Aun cuando las investigaciones en torno a la familia Zaragoza me llevaron a descubrir sus negocios oscuros y aun cuando sus propios trabajadores me habían advertido que "son gente de cuidado", hasta ahora me doy cuenta que la impunidad con la que actúan supera todo lo que pensaba.

Conozco mi deber como periodista, obedezco a mi ética; soy respetuosa de la ley y de las instituciones, tan es así, que he cumplido cabalmente con todo el proceso judicial al que se me ha sometido, pese a estar plagado de irregularidades. Sin embargo, el día de hoy tengo que permanecer escondida sin haber cometido delito alguno. Pero he de confesar que huí más por miedo de las amenazas de la familia Zaragoza, que por la detención. Es lamentable que ni siquiera mi familia pueda saber de mi paradero.

Aun en este panorama adverso, reflexiono que seguiré con mi trabajo, pues, sin hacer juramento alguno, como los médicos, los periodistas nos debemos a la sociedad, y ello implica defender la libertad de expresión, así como el derecho ciudadano de estar informado. Tengo claro que éste es un asunto en el que se pretende callar a los periodistas que investigamos la corrupción que impera en Pemex, un tema de interés nacional, puesto que se trata de una empresa propiedad de todas las mexicanas y los mexicanos, y la principal generadora de divisas.

Hago responsable a Jesús Alonso Zaragoza López de lo que pueda ocurrirme a mí, a mi familia, o a cualquiera de los trabajadores de Contralínea.

TOPE DONDE TOPE
Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Gracias al trabajo de la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza y del editor Miguel Badillo Cruz, los lectores de Contralínea nos enteramos en febrero de 2008 --y otros un poco después, cuando Andrés Manuel López Obrador retomó la información en el mitin del día 24--, que Juan Camilo Mouriño Terrazo se desenvolvía como funcionario público y como empresario privado en forma simultánea. Lo hacía con tal desparpajo que firmaba contratos con Petróleos Mexicanos y Transportes Ivancar, una de las 80 empresas del Grupo Energético del Sureste.

La temprana y lamentable muerte del joven secretario de Gobernación, permitió que toda la República atestiguara, en horario estelar y cadena nacional de televisión y radio, cuánto estimaba, quería, adoraba Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a su otrora coordinador de asesores en la Sener. Justo desde donde se firmaron muchos de los contratos con Pemex en beneficio del clan familiar español-mexicano y, según varias fuentes periodísticas, también del actual titular del Ejecutivo federal.

La revista quincenal que cofundó y dirige Badillo pisó, informativamente dicho, un doloroso callo para el grupo gobernante, al publicar que Jesús Alfonso Zaragoza López, socio mayoritario y presidente del Consejo de Administración del poderoso consorcio Zeta Gas, integrado por 80 empresas, "me dijo que en el sexenio de Fox el secretario de Energía Felipe Calderón Hinojosa, lo recibió en sus oficinas para ayudarle en sus negocios, y que a cambio, él lo apoyó económicamente para su campaña a la Presidencia de la República", de acuerdo a la llamada telefónica que hizo Pérez Mendoza al mitin realizado en el Hemiciclo a Juárez, el domingo 18, en apoyo a la valiente reportera "acosada, vigilada y perseguida" desde hace 16 meses, y del director de Contralínea quien dos días antes y durante 11 horas fue arrestado en el Centro de Detenciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito.

En este punto resulta pertinente compartirle la pregunta enviada a Utopía por el colega Rafael Luviano Delgado: "Con qué atributos constitucionales, una policía de las llamadas 'complementarias', que no se distingue por su preparación y eficacia, puede hacer detenciones de esta naturaleza. Lo peor que le puede pasar al GDF (Gobierno del Distrito Federal) es empezar a caracterizarse como un órgano represor de la libertad de expresión, como le pasa a entidades como Oaxaca y Puebla".

De gran tamaño y alcance es la persecución contra los editores y reporteros que sólo en el plano judicial contempla siete demandas, de ellas en seis involucran a Miguel Badillo y en una al colega Jorge Meléndez Preciado, integrante del Grupo María Cristina. Previamente, la Presidencia de la República sometió a Fortuna y Contralínea a un boicot publicitario, como aún lo hace con Forum y otros medios.

En estos casos, más que graves para el presente y el futuro inmediatos de la libertad de expresión, los "innegables defectos de personalidad" que atribuye Federico Arreola Castillo a Miguel, resultan secundarios, anecdóticos. Y la "casi nula cobertura que los medios de comunicación de nuestro país le han dado al caso", puede explicarse por "La clásica mezquindad del periodismo que se ejerce en México", pero sobre todo por el gran calado de los intereses mercantiles y políticos que están en juego y con los cuales tiene compromisos la mediocracia.

La respuesta del Grupo Zeta con una inserción pagada --de redacción y sintaxis lamentables, además del uso de mayúsculas para ocultar la ignorancia sobre los acentos--, sólo atina a denunciar "intereses inconfesables" –como presumiblemente son los que representan e investigó la Drug Enforcement Administration--, "chantajear y obtener ventajas económicas", sin aportar ningún dato.

El compromiso de Badillo Cruz –"no vamos a abandonar nuestras investigaciones periodísticas, vamos a continuar tope donde tope"-- requiere del respaldo de todos los que bregan diariamente por la libertad de expresión al ejercerla.

¿Desea dar su opinión?

____