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¿DÓNDE ESTÁ EL PRESIDENTE?
Mauricio Merino
Cuando comenzó este sexenio se dijo que el presidente Calderón rompería con el estilo desenfadado de gobernar de su antecesor, tanto para afirmar el minado respeto a la investidura presidencial como para ejercer un mayor control sobre las palabras y las decisiones del gabinete. Desde el mirador de las formas, se prometió que los colaboradores del presidente guardarían la mayor disciplina respecto las decisiones tomadas desde Los Pinos y se dijo, también, que mantendrían una estricta coordinación entre ellos. Se anunció un gobierno ordenado, disciplinado y bien conducido.
No obstante, apenas al comenzar el cuarto año de este sexenio ya comienza a ser evidente que esa promesa no se ha cumplido. El gobierno del presidente Calderón no se ha caracterizado por el orden en la administración pública, ni tampoco por haber impuesto mayor control a las palabras o a las acciones de los servidores públicos federales. El informe de la fiscalización de la cuenta pública 2008, recién presentado por la Auditoría Superior de la Federación —e integrado con el resultado de 987 auditorías practicadas durante el año— demuestra que la burocracia no está actuando de la mejor manera posible, que se ha excedido en más de 50% de los casos en gastos de servicios personales y que más de 10 por ciento de esos dineros no tuvo una justificación adecuada; que casi una tercera parte de los recursos transferidos a estados y municipios no fueron autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal, o que varias dependencias federales (incluyendo a la secretaría de la Función Pública) no dispusieron de información para verificar la validez de sus resultados (una buena síntesis puede verse en la página www.LaLoncheria.com).
Ya otros estudios independientes habían coincidido en que el gobierno del presidente Calderón no había logrado establecer sistemas de administración pública adecuados y que, incluso, se estaba revirtiendo lo que se había avanzado antes en materia de profesionalización del servicio público, de transparencia y de rendición de cuentas. Y todo eso, sin haber conseguido resultados extraordinarios a cambio del pragmatismo que lo ha caracterizado y con el riesgo ya inminente de perder la coordinación que se había anunciado desde un principio.
Y aun entre los colaboradores de más alto nivel, hay ejemplos recientes en los que se echa de menos la intervención del presidente de la república. El más publicitado y debatido ha sido, por supuesto, el de la disputa política entre el secretario de Gobernación y el presidente del PAN como secuela de las alianzas electorales celebradas con la izquierda mexicana, en contra del PRI. Más allá del fondo de esa cuestión, lo que salta a la vista es la falta de coordinación entre los colaboradores más cercanos del titular del Ejecutivo e incluso, acaso, los defectos de la información que estaría fluyendo hacia la oficina del presidente. Como si no fueran temas gravísimos, cada uno estaría tomando (o imponiendo) decisiones a su manera, dejando al titular del Ejecutivo en el peor de los escenarios.
En el mismo sentido, ha sido muy notable la diferencia de opiniones y acciones entre la PGR y la Secretaría de Gobernación respecto del derecho de acceso a la información. Como si no se tratara del mismo gobierno y del mismo titular del Ejecutivo, ambas instituciones públicas han venido hablando y actuando de manera contradictoria. La primera, oponiéndose activamente al principio de máxima transparencia y buscando que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se imponga como autoridad superior del IFAI, y la segunda divulgando el compromiso político del Presidente de la República con la transparencia y el déficit democrático que separa a los ciudadanos de su gobierno. ¿Quién está diciendo la verdad y dónde está el Presidente para aclarar cuál de esas dos versiones es cierta?
Y si alguien aduce que el problema está en la secretaría de Gobernación, basta recordar que hace unos meses, el gobierno federal estableció un compromiso público para evitar que los subsidios que se otorgan al campo mexicano se desvíen hacia los productores que menos lo necesitan. Pero apenas el sábado pasado, tras saberse que el secretario de la Sagarpa era beneficiario de esos subsidios, el mismísimo titular de la Función Pública salió en defensa de su colega, declarando que se trata de recursos totalmente lícitos. ¿Y dónde quedó la palabra empeñada del Presidente?
Desde Los Pinos se ha subrayado que llegó el momento de los grandes cambios y las grandes decisiones. Pero el buen juez por su casa empieza. Y cada vez es más evidente que el presidente debe imponer orden en su gabinete, antes de que esos despropósitos acaben dando al traste con la tarea de gobierno en su conjunto.
Profesor investigador del CIDE
El Universal
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