Diputados perdidos en La Pastora

Claudio Tapia

Con frecuencia, cuando no se tiene razón, cuando se quiere llevar a cabo actos ilegales, inmorales y por eso antisociales, se recurre a la estrategia de distraer la atención sobre el verdadero desacuerdo con los afectados; se intenta dispersar la controversia para empañar la claridad argumentativa de quienes se oponen a la realización de obscuros negocios, impidiendo que se centre el debate. 

          Eso es lo que hacen los diputados de Nuevo León para poder autorizar, sin deslegitimarse, la concesión que permitirá al Ejecutivo del Estado entregar para el uso, aprovechamiento y explotación privado, un bien de dominio público.

           Enredando el asunto al grado tal que impida transparentar sus opacas  intenciones, intentan que perdamos de vista que si no fuera por la retórica y las falsas discusiones con que empañan el negocio, negar lo solicitado por el Ejecutivo estatal, resulta sorprendentemente fácil.

 El asunto no tiene más complicaciones que las que surgen de la simple lectura de la iniciativa de decreto con el mínimo de conocimientos que, suponemos, tienen quienes se ostentan como legisladores.

 Asumimos que tienen  alguna idea, por vaga que sea, de lo que es el Interés Público y la manera de precisarlo y concretarlo. No se necesita más que tener sentido jurídico, sentido político, sentido histórico y sentido común, para resolver.

El entonces titular del Ejecutivo estatal presentó, el 25 de septiembre de 2008, un escrito dirigido al Congreso pidiéndole su autorización para entregar en concesión el uso, aprovechamiento y explotación de una porción de terreno (más de 25 hectáreas)  de propiedad pública estatal ubicado en el municipio de Guadalupe, a una empresa privada subsidiaria de Femsa, durante 60 años, prorrogables, contados a partir de la inauguración del estadio-cantina para 50,000 personas que ahí se construiría.

Juzguen ustedes. En la iniciativa de decreto se menciona, en su  Considerando I, que éste se apoya en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, Plan que evidentemente concluyó.

 En el Considerando II del mismo, se afirma que es una práctica cada vez más generalizada que obras de interés público se financien con recursos privados y/o administradas y operadas por el sector privado. Adviértase que no se dijo al revés. No se quiso confesar que, en este asunto, de lo que se trata es de realizar obras privadas financiadas con bienes públicos. No, no es un simple juego de palabras.

En el Considerando III, se dice que el Estado se ha caracterizado por tener un empresariado pujante y comprometido solidariamente con la comunidad de la que nació y en la que vive y que, como parte de ese compromiso, participa en la inversión de obras de interés social. ¿Obtener el uso, aprovechamiento y explotación de un bien público es participar en obras de interés social? Yo quiero participar. ¿La construcción del estadio- cantina privado es de interés social?

          No debe pasar desapercibido el hecho de que, en el mismo Considerando y en el Artículo Primero se precisa que las más de 25 hectáreas concesionadas no incluyen la porción necesaria para una vialidad interna. ¿Cuántas hectáreas más se requerirán? ¿Quién construirá y pagará esa vialidad? ¿Eso también es de interés público?

          Tengo que transcribir, textual, el Considerando VI porque no lo van a creer:

 <<Que en nuestros tiempos y a nivel mundial no es preferente la construcción actual de estadios alejados de las zonas urbanizadas, por el contrario, cada vez es más común el que estos se encuentren ubicados en el interior del área urbana y cuando esto no es posible en el punto más cercano a su periferia. Pero siempre conviviendo y comulgando con su entorno, ya sea en zonas completamente desarrolladas por industria, comercio o habitación, como por aquellas cercanas a ríos y bosques>>.

        Urbanistas, sociólogos y ambientalistas, por piedad, absténganse de opinar.

          ¿Qué tiene que ver todo lo anterior con el interés público? No hace falta abundar más. En el decreto se usan los términos <<interés público>> e <<interés social>>, sí, pero son sólo eso: palabras. En ninguna parte se describe, se explica, se motiva, por qué concesionar a esa empresa ese bien público concreto, deviene en interés público o social; menos aún se funda en ley tal determinación, sencillamente porque dicha ley no existe en Nuevo León.

Así que nuestros diputados, sin más disquisiciones, sin necesidad de analizar la intensidad del deterioro social y ambiental que acompaña a la multitudinaria cantina con sus negocios adyacentes, deberán, si quieren evitar el descrédito y hasta un juicio político, negar lo solicitado por ser notoriamente improcedente.

          No está acreditada ni la utilidad ni el interés público o social que justifique la concesión de un inmueble de dominio público para apoyar un negocio privado de espectáculo y cerveza.

          Ajusten sus actos a la ley y a la razón señores diputados, es la única fuente de legitimidad. No se pierdan.

claudiotapia@prodigy.net.mx

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