Hoy resuelven juicio contra Rivera Flores y Granados Chapa

Hoy 18 de marzo el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial Federal, que preside el Magistrado Gonzalo Jiménez Arredondo, resolverá un complicado proceso jurídico que definirá si el recurso de amparo puede ser utilizado en contra del ejercicio de la libertad de expresión o si, por el contrario, tutela a quienes la ejercen.

Iniciado el 6 de agosto de 2004, el proceso tuvo su origen en la publicación del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, que es autoría del periodista y escritor Alfredo Rivera Flores y cuyo contenido motivó la inconformidad del político hidalguense, Gerardo Sosa Castelán.

Las afirmaciones de la investigación contenidas en el libro provocaron que Sosa Castelán alegara daño moral a su persona y que por ese motivo iniciara una demanda contra Rivera Flores y quienes colaboraron con él: el periodista Miguel Ángel Granados Chapa; el editor Miguel Ángel Porrúa; el diseñador Enrique Garnica Ortega; la empresa Libraria S. A. de C. V. y el fotógrafo, Héctor Rubio Traspeña.

Autor y colaboradores respondieron con una solicitud de amparo, dada la fuerza de las relaciones políticas que Gerardo Sosa ha cultivado a lo largo de su carrera en el desempeño de la Rectoría de la Universidad de Hidalgo, como diputado federal y la presidencia del PRI en Hidalgo, lo que lo convierte en cercano del gobierno priísta de esa entidad y un personaje con muchos recursos para influir en las resoluciones judiciales.

Sorprendentemente, ante el recurso promovido por el escritor Rivera Flores, periodista Granados Chapa, el editor Miguel Ángel Porrúa, el diseñador Garnica Ortega y fotógrafo Rubio Traspeña, el político Sosa Castelán hizo lo mismo y se amparó contra una resolución del juez que eventualmente dejaría sin efecto su alegato de daño moral.

Esas acciones y otras irregularidades en el proceso, que incluyen el cambio de jueces, no han hecho sino retrasarlo seis años y que tardó los primeros cuatro para que se obtuviera la primera sentencia, no obstante que este primer paso debía tardar no más de ocho meses.

Así, mañana está por definirse si los juicios por daño moral se convierten en una forma indirecta de inhibir la libertad de expresión a través de juicios interminables que coaccionan a los periodistas.

De acuerdo con la abogada Perla Gómez Gallardo, quien este caso emblemático que documentará para proponer las adecuaciones legislativas correspondientes por parte de la Fundación para la Libertad de Expresión y el Departamento de Estudios Institucionales de la UAM-Cuajimalpa, “las manifestaciones vertidas en el libro objeto de este litigio se refieren a hechos ciertos y conocidos, por lo que no se ataca su honor (de Sosa Castelán) o vida privada”.

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