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| 519 19 de abril de 2010 |
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ANÁLISIS A FONDO Miedo a la libertad Francisco Gómez Maza
En su propia entrega de Octavo Aniversario (Un millón de felicidades, mi queridísimo Miguel y quienes te acompañan), fechada del 18 al 24 de abril de 2010, número 178, Contralínea reporta que el lunes 12 de este abril que va un poco a más de la mitad, trabajadores de Contralínea encontraron sus oficinas violentadas. Un día y medio antes –el sábado 10, cuando las instalaciones se encontraban cerradas– habían sido saqueados los archivos de periodistas y de personal administrativo. Los delincuentes violaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y expedientes periodísticos, equipo de cómputo, celulares, chequeras y diversos objetos de valor, así como actas constitutivas de la empresa que edita este medio de comunicación. Los hechos fueron denunciaron la mañana del 12 de abril ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la Agencia Investigadora del Ministerio Público Cuauhtémoc: expediente FCH/CUH-6/T1/00542/10-04. El robo a las instalaciones de Contralínea se suma a la serie de acosos que los periodistas de este medio de comunicación han padecido desde 2007, derivada de su ejercicio profesional. El acoso y los agravios incluyen el allanamiento a sus instalaciones en tres ocasiones anteriores (5 de agosto de 2007, 13 de agosto de 2008 y 11 de febrero de 2009); el arresto de su director, Miguel Badillo (el 16 de enero de 2009) y la orden de arresto contra la reportera Ana Lilia Pérez.
Actualmente, los periodistas de este medio de comunicación cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y medidas precautorias dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Mediante el periodismo de investigación, Contralínea ha documentado casos de corrupción gubernamental y empresarial, asuntos de seguridad nacional y seguridad pública, narcotráfico, lavado de dinero, delitos de cuello blanco, así como problemas sociales derivados de la marginación: pobreza extrema, desnutrición, despojo a pueblos indios, conflictos y movimientos sociales, guerrilla. Desde 2007 en este medio informativo se han recibido amenazas de muerte e intimidaciones por parte de corporativos privados contratistas de Petróleos Mexicanos como Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine. Estas compañías mantienen seis demandas civiles y una penal contra Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores, Jorge Meléndez y David Manrique. El más reciente allanamiento y robo en agravio de la revista Contralínea se registra a siete meses de que la CNDH emitiera la recomendación 57/2009 –el 14 de septiembre de 2009–, en la cual determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación.
En la recomendación de la CNDH–“sobre el caso de los señores Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez e integrantes de la revista Contralínea”– se acreditaron como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con la CNDH, fueron violados “los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, párrafo tercero; sexto, párrafo primero; séptimo, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Además de la denuncia ante la PGJDF, Contralínea ha dado vista de hechos al relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de la Naciones Unidas y a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares.
Va desde aquí, querido Miguel, toda mi solidaridad y malestar. Pero para sobrevivir en este país triste, se tiene que ser periodista a modo, alabador y no crítico. Trivial y no analítico. Pero tú y yo hemos optado por ser periodistas incómodos, políticamente incorrectos, porque somos periodistas, y no gacetilleros.
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Sería una grosería, un acto de cobardía, una deslealtad a la amistad de mi colega Miguel Badillo y sus reporteros y colaboradores no demostrar indignación ante la nueva agresión que delincuentes desconocidos han perpetrado contra las instalaciones de la revista Contralínea y todo por ejercer un periodismo de denuncia, por hacer periodismo, que el periodismo tiene un solo mandato: denunciar las barrabasadas de los poderes institucionales y fácticos y darle voz a quienes no la tienen. Esto es periodismo y no la propaganda y publicidad de los medios “informativos” a modo, de buena conciencia, listos a vender sus ocho columnas y a escribir al mandato de la “superioridad”. Esto, esto no es periodismo. Es negocio puro y, en muchas ocasiones, negocio sucio, dinero mal habido disfrazado de relaciones mercantiles. Con la irrupción de criminales a las instalaciones de Contralínea y saquear sus archivos, suman ya nueve las agresiones violentas contra Contralínea. La primera ocurrió el 5 de agosto de 2007, cuando representantes del Grupo Zeta Gas irrumpieron en las instalaciones de 
