|
| 533 7 de mayo de 2010 |
 |
ANÁLISIS A FONDO Francisco Gómez Maza
De acuerdo con Segura Villalba, queda en el aire preguntar cómo conjugar esta realidad del sistema estatal de administración de justicia y del sistema penitenciario, con la indefensión de las víctimas y potenciales víctimas de una criminalidad que persiste tanto fuera como dentro de las prisiones, a lo largo de la vida y de las generaciones. Azaola sugiere la tarea fundamental de iniciar un proceso de recuperación social y personal de la dignidad y de la calidad de los vínculos. Incluyendo, a nivel más amplio, vencer la limitación o ineficiencia de las políticas públicas para mejorar la calidad de la democracia y la fortaleza de la ciudadanía. Para Miguel Carbonell, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM; doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y coordinador del Área de Derecho Constitucional del mismo Instituto, la reforma penal y todos los esfuerzos que se hagan en materia de seguridad pública serán un fracaso si no somos capaces de darle un nuevo significado a la pena privativa de la libertad.
Hoy en día nuestras cárceles y reclusorios son espacios completamente ajenos a cualquier mínimo sentido de respeto a la dignidad humana, en los que además no impera ni el más elemental Estado de derecho. Ya se ha hecho un lugar común afirmar que las cárceles son verdaderas “universidades del crimen” y es probable que así sea en la realidad. Infortunadamente, ningún partido político parece haberse hecho cargo con seriedad y rigor de este drama, quizá porque los presos no pueden votar y por tanto a nuestros dirigentes les trae sin cuidado la suerte que corran dentro de los espacios de reclusión. Sin embargo, resulta urgente tomar medidas radicales en materia penitenciaria, porque es un tema que nos está explotando día tras día en la cara. Si los políticos no lo hacen, hay que exigírselos sin desmayo desde la sociedad civil organizada.
Algunos estudiosos del sistema penal mexicano han levantado la voz de alarma sobre el aumento en el número de presos. Entre 1992 y 2008 la población penitenciaria creció de forma explosiva, sin que las instalaciones para intentar darles condiciones dignas de vida a los reclusos hayan aumentado en capacidad ni tampoco en la calidad de la atención prestada a sus usuarios. Con datos de agosto de junio de 2009 el total de personas presas en México era de 227,029. El 40.9% de ellas estaba el régimen de prisión preventiva; es decir, todavía no había recibido una sentencia que las declarara culpables de haber cometido algún delito. Del total de presos, el 5% eran mujeres y el 0.9% eran personas de nacionalidad extranjera. El 77% de los presos corresponden al fuero común y el 23% al fuero federal. En México existen 441 establecimientos penitenciarios, de los cuales 6 están bajo jurisdicción federal, 10 son gobernados por las autoridades del Distrito Federal, 331 estatales y 95 municipales. La capacidad oficial del sistema es de 168,000 internos, por lo que la tasa de sobrepoblación es del 132%; el gobierno federal ha reconocido que hacen falta al menos 56 mil espacios adicionales en nuestras cárceles, para abatir la sobrepoblación, la cual se presenta en 226 centros de reclusión. Es importante señalar que alrededor del 25% de todos los presos en México se concentran en el Distrito Federal y en el Estado de México. Ahora bien, no podemos considerar que el diagnóstico de los problemas de nuestro sistema penitenciario se limite a los números anteriores. A ellos hay que sumar los problemas “colaterales” o “derivados” de la propia reclusión. Zepeda Lecuona nos recuerda los indicadores del “genocidio carcelario”: en México la población femenina más vulnerable ante el virus del VIH/SIDA son las mujeres reclusas, incluso por encima de las sexoservidoras; la tasa de homicidios en las prisiones es ocho veces superior a la que se registra (ya de por sí muy alta) entre la población en libertad y la tasa de suicidios es cinco veces superior. A esos datos escalofriantes hay que sumar el enorme problema de la corrupción en los reclusorios mexicanos.
http://analisisafondo.blogspot.com/analisisafondo@gmail.com
Para compartir, enviar o imprimir este texto,pulse alguno de los siguientes iconos: ¿Desea dar su opinión?
|
|
Hablar y analizar los sistemas carcelarios del mundo es ya de por sí dramático; es referirse al reino perverso de la corrupción, de la tortura, de la prostitución, del maltrato cotidiano, de la ausencia de libertad no sólo corporal, sino del espíritu. De la destrucción total de la identidad humana. Ahora, abordar el asunto del sistema carcelario para las mujeres es hablar del infierno mismo para los más vulnerables. Las cárceles están sobrepobladas, pero si los jueces (estos no lo harán) y la Suprema Corte de Justicia decidiera entrarle al toro de estudiar este asunto, se encontraría que la inmensa mayoría de los presos y presas están encarcelados no por delincuentes, sino por inocentes. Y ahí, en sus celdas, de pudren. Así, al interior del sistema penitenciario, como glosa Maritza Segura Villalva, sicóloga, magister en género y desarrollo,los artículos de Elena Azaola en los que analiza la criminalidad y los derechos humanos en México, las mujeres son doblemente invisibles y vulnerables; pero, de este grupo, las mujeres indígenas lo son más. El analfabetismo, el idioma y la pobreza son factores que las ponen en gran desventaja tanto fuera como dentro de las prisiones. Con frecuencia han sido usadas como “mulas” bajo amenaza en contra de su familia, hijos o pareja. En otros casos, han sido torturadas para confesar delitos que no cometieron; se las ha separado e incomunicado y se las ha juzgado en procesos dudosos, en una lengua que no es la suya; por lo tanto, las condiciones en las que viven el encierro son aún más catastróficas. Lo cierto es que con una historia de vulnerabilidad y discriminación, con oportunidades de desarrollo mínimas y maltratantes, indígenas o no, las mujeres usualmente viven las escasas oportunidades y servicios de la prisión, como si fueran un privilegio, con lo cual queda de manifiesto que la fragilidad e indefensión, en la que vivieron fuera de prisión se extienden en su interior. Como parte del análisis de género y violencia, Azaola recoge uno de los casos calificados de negligencia intolerable por parte del Estado: las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. La evidencia del deterioro social y la ineficiencia del sistema estatal se han conjugado para impedir no sólo acciones judiciales esclarecedoras, sino también una demanda social más firme para exigirlas. Esta parálisis ha silenciado a la población y las autoridades dejan en duda la posibilidad de una justicia real y reparadora. A partir de este punto, Azaola destapa, con una exploración teórica y testimonial intensa, la violencia en la infancia. El tráfico de drogas, la explotación sexual y la situación de los “niños paisaje” son tres de las problemáticas sociales que afectan a niños y niñas y los/as enfilan hacia futuros actos de criminalidad. Su vulnerabilidad ante la violencia aumenta cuando en la familia existen discapacidades, consumo de alcohol y drogas y pobreza. Esto reduce la posibilidad de desarrollar relaciones sanas de apego e incrementan la posibilidad de explotación sexual, especialmente si hay antecedentes de violación y abuso.
