El secuestro del Jefe Diego

José Luis Sierra V.

¿Piensa usted, lector, cibernauta, que a Diego Fernández lo secuestró una banda de delincuentes que persiguen solamente un beneficio económico?

Yo no.

¿Qué cuáles son mis argumentos para sostener eso?

Bueno, es que hay 300 o más familias en el país, con el mismo o más dinero que Diego Fernández, a las que pudieron secuestrarles un hijo (dejando al padre libre para responder a las exigencias económicas, que no son nada sencillas de satisfacer), de manera más fácil y sin el riesgo de sufrir una persecución de todo el aparato estatal, ejército incluido. Así sucedió, por mencionar casos célebres, con Harp, con Angel Losada, con las hermanas Sodi y con el fallido secuestro de Fernando Martí.

¿Y el EPR o un grupo guerrillero?

Tampoco, definitivamente no.

¿Por qué?

Porque cualquier grupo de izquierda, lejos de buscar una “negociación discreta”, buscaría las luces de los medios de comunicación para exhibir las contradicciones de un gobierno de derecha, utilizando el ejemplo de Diego para ilustrar a la corrupción y el tráfico de influencias.  Si bien es cierto que los grupos de izquierda suelen realizar secuestros de civiles a fin de asegurarse recursos financieros para su operación político-militar, NINGÚN grupo de izquierda se aventaría el tiro de secuestrar a un personaje con ALTO VALOR POLÍTICO sólo para asegurarse una suma de dinero. Y ese es el caso de Diego Fernández.

Cualquier grupo político buscaría el desenlace rápido, capitalizando el factor sorpresa, sabedores de que el tiempo juega en su contra y de que la inteligencia del Estado puede ir acumulando pistas que, eventualmente, permitirían aprovechar el mínimo error para abortar negociación y secuestro.

¿Qué posibilidad existe de que el secuestro de Fernández de Cevallos haya sido perpetrado por el narco?

Si Diego tuviera cuentas pendientes con el narco, no lo hubieran secuestrado, lo hubieran matado y las cuentas pendientes se las cobrarían a sus familiares. Ahora bien, Diego en manos de los narcos puede tener un valor como carta de negociación, fuera para impedir las extradiciones de narcos mexicanos a los Estados Unidos, fuera para liberar o dejar libres de cargos a algunos detenidos o perseguidos, fuera para exigir respeto a las familias de los narcos que no se encuentren DIRECTAMENTE INVOLUCRADOS en las operaciones de los mismos.

Dos factores me llevan a desechar la hipótesis del narco: uno, que el aparato logístico y militar del narco se encuentra también severamente infiltrado por los órganos y por el personal de inteligencia del Estado y con un secuestro prolongado aumenta mucho el riesgo de posibles delaciones o filtraciones de información que pudieran frustrar la operación. Con este antecedente, no se mira NINGUNA ORGANIZACIÓN que pudiera mantener un secuestro prolongado ANTE EL ASEDIO del Estado, como un todo. El caso de Colombia es muy distinto, ya que allí el narco pactó con la guerrilla, que mantenía una “zona liberada”, precisamente en donde se realiza el cultivo y el procesamiento de coca, así como el trasiego de droga y armas.

¿Y entonces quién o quiénes pudieran haber concretado el secuestro de Diego Fernández de Cevallos y, sobre todo, quién es capaz de resistir a una persecución de Estado?

Para decirlo rápido y de manera fácil: pienso y creo que al Jefe Diego lo mantiene secuestrado un grupo para-militar, una organización que se pudo haber formado y que opera a la sombra del Ejército mexicano. Este grupo no está de acuerdo con las decisiones que se han tomado con relación al instituto castrense y tampoco avalan el comportamiento que mantiene la cúpula política del país. Me parece que el antecedente más cercano que se tiene en México es el secuestro de Fernando Gutiérrez Barrios, ocurrido en diciembre de 1997.

De allí que se haya escogido a Diego Fernández de Cevallos por ser un caso emblemático del tráfico de influencias y del concordato tácito que existe entre los poderes establecidos y los poderes fácticos.

No pienso, ni creo, que la liberación de Diego Fernández vaya a concretarse en el corto plazo (en un plazo de semanas o un par de meses más). El secuestro se puede prolongar varios meses, tal vez años, ya que además de las exigencias de carácter económico (que podrían tener un sentido de auto-financiamiento de la operación) el grueso de las demandas pudieran ser cambios en el gabinete presidencial y en los mandos militares; enmienda de decisiones y medidas políticas; y hasta el posible veto de candidaturas en el 2012.

De hecho, hay dos decisiones tomadas muy recientemente, que pueden ser ya parte de las demandas exigidas por los captores de Diego Fernández: una es el cambio en la denominación de la “Guerra contra el Crimen Organizado”, que pasó recientemente a llamarse y referirse como “Defensa de la Seguridad Nacional”. Este cambio, que era de los principales motivos del descontento de los mandos del Ejército, por verse involucrados en tareas policiales, coincidió en tiempo con el secuestro de Fernández de Cevallos.

El otro, el virtual retiro del Cuerpo de Marines (el mismo que masacró al grupo de Beltrán Leyva en Cuernavaca), formado por personal de la Secretaría de Marina y bajo el mando conjunto de esa dependencia y del Departamento de Estado norteamericano.

¿En qué información o criterios me apoyo para emitir esta hipótesis?

Fundamentalmente en la declaración del abogado Fauzi Hamdam quien, además de ser abogado y rector de la Libre de Derecho, es un colaborador muy cercano de Diego Fernández. Cuando Hamdam dijo que “a Diego lo tiene secuestrado un GRUPO DE PODER”, el abogado SABÍA MUY BIEN LO QUE DECÍA, lo dijo –además- por solicitud de la familia de Diego y una vez que los asesores diseñaron y decidieron una estrategia de comunicación acorde con las exigencias de los plagiarios.

Otro hecho, que no puede ser tomado a la ligera: el balazo que le dieron al Gral. Arturo Acosta Chaparro, apenas unas horas después de haber sido contratado por la familia de Diego Fernández como “negociador”. El balazo en la pierna fue una “atenta advertencia”, un mensaje “de cuates”, al colega, para que no se metiera en un caso que no era “de rutina”, como los que acostumbra atender el despacho del Gral. Acosta Chaparro.

A lo anterior súmele usted la calidad de la información que demostraron poseer los captores de Fernández de Cevallos (localización del chip rastreador; horario de llegada y trayecto de acceso al rancho; aislamiento del personal; etc.), así como la disponibilidad de información, de equipo e instalaciones, suficientes y adecuadas para proteger la salida del grupo con el secuestrado y para sortear las primeras operaciones de búsqueda una vez conocido el secuestro de Fernández de Cevallos.

¿Quiere decir esto que el Ejército Mexicano está involucrado en el secuestro de Diego Fernández de Cevallos?

No, el Ejército como cuerpo no tiene por qué conocer a este grupo y a sus integrantes. Es muy posible que miembros del “alto mando” sepan del grupo, de sus integrantes y de sus operaciones pero, si el grupo fue formado POR MIEMBROS DEL EJÉRCITO y si sus operaciones iniciales fueron auspiciadas DESDE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO, esas razones se vuelven grilletes que impiden revelar los antecedentes del grupo o actuar en su contra. Este fue el caso de la Brigada Blanca, el grupo para-militar que llevó a cabo la “guerra sucia” en los setentas, aquí en México; esto mismo sucedió en Colombia con los para-militares y en España, con los GRAPO’s, los comandos anti-ETA. Fue así también como nació Al Qaeda.

¿Cuál es la lógica a la que responden estos grupos cuando se escapan a la estructura de mando que originalmente los controla?

Son grupos capacitados y equipados para matar y para realizar toda clase de tareas sucias que no conviene realicen los órganos y los miembros del Estado. A cambio, los integrantes de estos cuerpos reciben impunidad y privilegios de orden institucional y material.

Estos cuerpos especializados suelen rebelarse por tres motivos principales: uno, por no estar de acuerdo con los fines que se le da al “trabajo sucio” que realizan; dos, cuando sienten que no hay correspondencia entre el trato que se les dispensa con la importancia del trabajo que ellos realizan; y tres, cuando sienten llegado el momento de elevar sus prerrogativas o, en su defecto, cobrar autonomía para que sean ellos mismos los que pongan precio a su trabajo.

Si la percepción que se tiene coincide con lo que ocurre realmente en el país, el grupo de “Los Zetas” se formó y se nutre principalmente de militares desertores, previamente capacitados para “operaciones especiales”, y que deciden “cambiar de bando” por los salarios y percepciones tan reducidas, por los abusos de sus superiores, por el altísimo riesgo de las operaciones que realizan o por hartarse de la corrupción y del autoritarismo castrense.

Pero el grupo en cuestión no se ha decidido a “cambiar de bando” sino que está aprovechando la situación privilegiada en que se formó y ha operado para “apretar las tuercas” en el sentido que miran conveniente sus integrantes, recurriendo a su especialidad, que son las tareas ilegales, para ponerle precio y condiciones al mismo aparato estatal que los utilizó con anterioridad.

Y todo esto sucede en el marco del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. ¡Vaya que en el Ejército Mexicano se tiene conciencia de lo que vale e importa su labor!

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