606 19 de agosto de 2010 |
ANÁLISIS A FONDO Un Zeta imprescindible Francisco Gómez Maza
Galardón merecido para Alejandro Cossío, del equipo de JBO Tambaleante, por el momento, el tratado militar Colombia – EU
El semanario “Zeta”, el periódico de Tijuana, fundado por el inmemorial Jesús Blanco Ornelas, sigue dando batallas por la noticia, y sigue dando noticias, y continúa siendo noticia. Ahora, su artista de la noticia gráfica, Alejandro Cossío, se ha hecho acreedor del premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, por sus fotografías de las desgraciadas escenas del “combate por la seguridad pública”, desgarradoramente llamada “guerra contra el crimen organizado”, que va dejando ya una pila de alrededor de 30 mil muertos, aunque nadie lleva las cuentas exactas. La Fundación Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI fue fundada por Gaby García Márquez, precisamente en aquel aciago año de 1994, hace ya 16, cuando los indios de mi tierra, Chiapas, le declararon la guerra al Ejército mexicano reclamando Paz con Justicia y Dignidad.
Alejandro, 35 años, sinaloense –buenos periodistas ha procreado Sinaloa (noroeste de México, bañado por las aguas del Pacífico; de hombres valientes y mujeres bellísimas y refugio de los barones de la droga, capitaneados por el misterioso y “respetado” – quién sabe por qué artes de que artífice de la protección a poderosos narcotraficantes -, hombre de la revista “Forbes”, Joaquín “El Chapo” Guzmán), como el profe Alejandro Avilés Insunza, de prosapia; poeta de envergadura divina– casi toda su vida la ha vivido en Ciudad Juárez, la ciudad que va convirtiéndose día a día en una ciudad fantasmal, en donde sólo transitan los fantasmas de Las Muertas de Juárez, y de las decenas de miles de ejecutados en esta estúpida guerra declarada en el 2006 por el gobierno de Felipe Calderón a los cárteles de la droga y a un escurridizo “crimen organizado” que no usa camisas de lino ni corbatas de seda, como los capos de la política y del sistema financiero y bancario, sino sombreros tejanos y jeans, y cinturones con hebillas de oro y brillantes, y todo lo que puede imaginar la lujuria.
El premiado ha trabajado para el semanario fundado por el queridísimo Chucho Blancornelas, desde sus 13 añitos, fotografiando matanzas, asesinatos, crímenes impunes, y ahora recoge lo que ha sembrado con su imaginación, con su creatividad, con su afán por andar entre las patas de los caballos en busca de la “noticia”, para dárselas a conocer a los lectores del periódico más violentado, más atacado a sangre y fuego, por los poderes fácticos y los institucionales, que para el caso son pareja en este infierno de sangre, dolor y lágrimas. Felicitaciones a Ale. Bien se lo merece, aunque él ha hecho su trabajo por vocación, por disciplina, por ganarse la vida, por amor, por placer y para dejar huella, porque un ser humano debe dejar huella a su paso por este mundo y vaya que el fotógrafo la deja y la deja con pruebas, con imágenes. El fotógrafo de los muertos que no murieron bien su muerte, porque no vivieron bien su vida. Claro que Ale no es el único trabajador de la lente que ha obtenido un premio. Hace poco Judith Torrea obtuvo el Ortega y Gasset por su trabajo en Ciudad Juárez, la perla negra del crimen y de la muerte.
Otro sí: seis magistrados de Corte Constitucional tumbaron, dice el periódico El Tiempo, de Bogotá, en su edición de este miércoles 18 de agosto, el tratado militar del gobierno de Álvaro Uribe con Estados Unidos de Norteamérica; y el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos no tuvo más remedio que acatar la decisión, aunque el Congreso lo puede revivir. Los magistrados declararon "inexistente" la negociación porque no surtió trámite que debe tener un tratado internacional; esto es, ser ratificado en el Congreso y sancionado por ley. La Corte señaló el martes que, al quedar sin efecto la negociación, todo el personal militar, equipos y ayudas que el país haya recibido en gracia de la firma del documento, debe regresar a su país de origen. Pero en plata blanca, de acuerdo con fuentes del Gobierno, la caída del acuerdo no afecta la cooperación con EU, tal como está en este momento, porque el personal militar y el civil estadounidense asentado en Colombia no excede el tope de 1,400 personas que está aprobado desde el gobierno Pastrana (de hecho, ronda las 300 unidades).
Por lo pronto, habría limitantes a operaciones de Estados Unidos en algunas bases que no habían sido usadas antes, pero seguirán haciendo presencia en Tolemaida, Larandia, Tres Esquinas y otras destinadas a la lucha antinarcóticos. Los aviones estadounidenses, de todos modos, no podrán usar la base de Palanquero, la más importante del país, que en sus planes aparecía como plataforma de sus vuelos intercontinentales hacia África. Desde el año pasado, Washington había destinado una partida de poco menos de 30 millones de dólares para adecuar esa pista. Prácticamente sin haberse implementado, porque en realidad se trataba de un acuerdo marco que contemplaba la posterior discusión de varios temas, el convenio militar que firmaron Colombia y Estados Unidos en octubre del año pasado dejó de existir legalmente el martes por decisión de la Corte Constitucional.
Seis de los nueve magistrados consideraron que los temas incluidos en el acuerdo, entre ellos la utilización de al menos siete bases colombianas por aviones y barcos estadounidenses, obligaban a una ratificación en el Congreso y del control previo de la misma Corte Constitucional. Ese requisito no se cumplió y por eso el alto tribunal tumbó el acuerdo, pero dejó abierta la posibilidad de que el gobierno lo remita al Legislativo, como lo ordena la Constitución. En un concepto previo, que no obligaba, el Consejo de Estado también había dicho que no se trataba de un 'acuerdo simplificado' (es decir, de una ampliación de temas ya discutidos), sino de un nuevo tratado que debía negociarse y ratificarse con todo el rigor.
La Corte no debatió de fondo el contenido del acuerdo, y no lo declaró inexequible, sino "inexistente", según explicó su presidente, magistrado Mauricio González. "No se optó por darle un tiempo al Gobierno (para enviarlo al Congreso), porque esto le hubiera dado constitucionalidad diferida a un acto jurídico que no existe", dijo. Y ahora, lo que hay que esperar es darle el beneficio de la duda al gobierno de Santos, quien tendría que olvidarse de imponerles a los colombianos la presencia de más marines estadounidenses en tierras de Bolívar.
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