TRANSICIONES
Acatar la ley
Víctor Alejandro Espinoza

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomó una decisión trascendental el pasado miércoles 25 de agosto. Por unanimidad, los siete magistrados de la Sala Superior ratificaron la resolución previa del Instituto Federal Electoral (del 21 de julio) donde se estableció que el presidente de la República había realizado actos de propaganda durante el pasado proceso electoral local de 2010 y con ello había violado la Carta Magna.

En concreto, el IFE resolvió que el presidente Felipe Calderón violó la Constitución Política al emitir el 15 y 30 de junio, así como el 1 de julio, propaganda gubernamental a través de mensajes en cadena nacional. Concretamente el Apartado C del artículo 41, establece que: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

Desde luego que el presidente no estuvo de acuerdo con la decisión del TEPJF, pues afirma que no hubo ninguna irregularidad en los mensajes citados. Me preocupa que la máxima autoridad del país considere que se equivocan los órganos electorales al interpretar lo estipulado con tal claridad en la Constitución Política. Los contenidos de sus mensajes, con ser sumamente importantes, no tuvieron que ver con las excepciones que se establecen: servicios educativos, de salud o de protección civil. Básicamente se trataba de informes sobre seguridad; insisto, materia fundamental, pero no contemplada como excepcionalidad en el citado artículo. Y más me preocupa porque la lectura de otras autoridades puede ir en el sentido de que “si el presidente transgrede la ley, yo por qué no si con ello contribuyo a la causa de mi partido”. Que quede claro, no importa la identificación partidista, todos los funcionarios lo pueden hacer.

En nuestro país, la impunidad ha sido una constante; las violaciones a las leyes no producen costos. No existen sanciones a la transgresión de las normas; o si se quiere, no contamos con incentivos para quienes si las cumplen. Cuando se llegan a conocer, a lo máximo que aspiramos es a la difusión de las irregularidades en los medios; pero el tiempo todo lo redime. Así funcionan nuestras instituciones: los funcionarios pasan por encima de la normatividad sabiendo que los costos son mínimos; pasado un tiempo todo se olvida y, piensan, lograron sus objetivos. Triste realidad de país. La máxima autoridad, el presidente, manda un mensaje negativo para las estructuras de autoridad cuando sostiene que no cometió irregularidad alguna.

Tiene razón una periodista cuando me dice que ese apartado del artículo 41 no se corresponde con un país desarrollado o de democracia consolidada. El problema es que el nuestro no lo es. Si se abroga el mismo o se cambia para incluir temas de seguridad en la lista de temas excepcionales, no habría problema. Lo que es irrebatible es que hoy así lo estipula la Constitución y tenemos que acatarla.

 Por eso la trascendencia de las resoluciones del IFE y del TEPJF. Esperamos que tengan consecuencias prácticas. Si bien no se estipulan sanciones para el presidente, sí se sienta un precedente importante y queda claro que nadie, ni el Ejecutivo, debe estar por encima de la ley. Los gobernadores y presidentes municipales deberán tomar nota para futuros procesos electorales. Esperemos que dicha decisión ayude a evitar conductas como las del ex presidente Vicente Fox quien se vanagloriaba de que por medio de su intervencionismo en el proceso electoral de 2006 había influido en el triunfo de su sucesor. Por eso se tuvo que reformar la Constitución federal. Ahora, se deberá observar para evitar la inequidad en las contiendas electorales, sobre todo en contextos tan ríspidos como los que estamos viviendo.

Investigador de El Colegio de la Frontera Norte.
victorae@colef.mx

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