¿Le interesa la democracia a las élites?
Juan Reyes del Campillo

Es muy común escuchar que en México es necesario consolidar la democracia. Algunos creen que la transición democrática se estancó y se descarriló en el camino. No es mi intención discutir en qué fase de la democracia nos encontramos, sino reflexionar por qué esta no avanza y por qué los mexicanos se desencantaron tan rápido de un proceso que había generado grandes expectativas.

En el país, a partir del fraude electoral de 1988, tuvimos un enorme y significativo cambio político en los años noventa. Después de varias reformas se desarrolló una institución electoral confiable que permitió la alternancia en el Poder Ejecutivo. Se estableció un tribunal que fue adquiriendo lentamente dientes para contener el fraude. Organismos para defender los derechos humanos y otros para garantizar la transparencia que dieron un impulso extraordinario a la participación ciudadana.

Sin embargo, algo pasó en el transcurso del tiempo que muchos empezaron a desconfiar en los avances de las instituciones democráticas. En buena medida se ha debido a que éstas han tenido un desempeño equívoco y a veces contradictorio, casi siempre por las presiones que ejerce sobre ellas la clase política. La idea de cuotas para el nombramiento de los cargos directivos, la falta de transparencia para su selección y a veces los estrechos vínculos de algunos con los partidos políticos, ha terminado por matar buena parte de la credibilidad y confianza en la autonomía de estos organismos. Pareciera que la vía adoptada hacia la democracia puso de cabeza a algunos que mejor decidieron contenerla.

Las élites hacen como que creen en la democracia, pero se dedican todo el tiempo a contenerla y transgredirla. Esta es una lectura sobre las acciones de los poderes fácticos, muy en particular de los propietarios de los medios de comunicación y de la jerarquía de la iglesia católica, a quien la clase política parece tenerles miedo al no saber cómo enfrentarlos. Hacen lo que quieren, destinan recursos para golpear constantemente a las instituciones de la democracia, se ufanan de su poder y buscan someter a su arbitrio cualquier decisión que pretenda poner en duda o reducirles su poder.

Los oligopolios mediáticos, que siguen molestos por la reforma que prohíbe a los partidos políticos comprar tiempos en radio y televisión, incumplen casi de manera sistemática las disposiciones del Instituto Federal Electoral en materia de propaganda. Alegan, particularmente TV Azteca, cualquier cosa, falta de tiempo, razones técnicas como imposibilidad de bloquear señales derivadas en la ciudad de México.

De lo anterior no queda más remedio que iniciarles un procedimiento. En consecuencia, empieza un regateo con el IFE, el cual termina sancionándolos por su incumplimiento en decisiones casi siempre divididas. De inmediato impugnan las sanciones, muchas de las cuales terminan siendo disminuidas cuando ya pasaron los efectos de la trasgresión.

La jerarquía católica no canta mal las rancheras. Cada vez que se toma una decisión que no les parece, decide increpar a los poderes públicos. En el caso de la reglamentación de la interrupción del embarazo, de los matrimonios entre personas del mismo sexo, o la posibilidad de adopción de estas parejas, no sólo pusieron el grito en el cielo, sino que decidieron increpar y calumniar a legisladores, funcionarios y ministros de la Corte.

Por supuesto, ante los hechos, la jerarquía esgrime argumentos éticos y básicamente descalificaciones. Ahora que el jefe de gobierno del Distrito Federal decidió demandarlos no han encontrado mejor ruta que acusarlo de hacer abuso de poder. Es obvio que su interés es montarse en el escándalo, antes que en la discusión sobre el contenido de las definiciones legales.

Para que la democracia avance, el problema no se reduce a los intermediarios políticos, también es de manera sustantiva cuestión de las élites y de los ciudadanos. Pero si las élites la ningunean, qué se puede esperar de quienes tienen menores responsabilidades. Si no existe un serio compromiso difícilmente nuestra democracia podrá avanzar hacia mejores cometidos, pues se requiere asumirla como el único sistema político y como el método posible para dirimir las diferencias.

Nuestra democracia tiene todavía mucho camino por recorrer para legitimarse entre los mexicanos. Es cierto que la globalización ha traído precarización laboral, desigualdad, exclusión y alienación política. Ante ello, la democracia debe mostrar que es capaz de alcanzar buenos resultados sociales, mejores formas de vida y más dignas. No obstante, esto sólo puede realizarse con procedimientos que traduzcan y reflejen la voluntad popular, con ciudadanos que hagan valer sus opiniones.

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