LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
La pobreza que espera en la vejez
Edilberto Cervantes Galván
Monterrey.- De acuerdo a los últimos estudios sobre pensiones y jubilaciones en México, gran parte de los trabajadores que se retiran transcurren su vejez en la pobreza.
La ausencia de un auténtico y equitativo sistema de pensiones tiene a millones de mexicanos ante una realidad de pobreza vigente o en ciernes.
Quienes lograron hacer válido el derecho a la jubilación reciben –luego de una vida de trabajo– una exigua pensión que actualmente promedia entre dos y cuatro salarios mínimos.
Se calcula que entre 28 y 30 millones de trabajadores carecen de expectativas para pensionarse.
Sólo un tercio de la población económicamente activa cotiza en alguna institución de seguridad social. El resto, vive ya, o está condenado, a transcurrir su vejez en la pobreza y obligado a aceptar emplearse bajo cualquier condición y salario, para simplemente sobrevivir.
Quienes ahora están a salvo son los altos burócratas (funcionarios) jubilados con elevadas pensiones, los beneficiarios de las llamadas jubilaciones dinámicas (IMSS, CFE, Pemex) y quienes forman parte de los “sistemas no reformados” (estatales y universitarios, por ejemplo). Fuera de ellos, los demás pensionados la pasan bastante mal.
Este lamentable escenario se explica porque en México las pensiones representan solamente entre 25 y 30 por ciento del último salario previo a la jubilación. Este nivel de pensiones ubica al país dos o tres lugares antes del último entre las pensiones más exiguas de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Las estimaciones demográficas vinculadas al universo laboral coinciden en que para 2050 sólo 25 por ciento de los mayores de 60 años recibirá alguna pensión, en una población estimada de 30 millones en el rango de la tercera edad.
Las razones para esta tragedia por venir son varias, los bajos salarios, la alta desocupación y el desempleo abiertos, los millones de jóvenes y adultos trabajando en la informalidad sin ninguna protección.
Ante esta situación es aberrante escuchar las demandas empresariales y de los seguidores del neoliberalismo por una reforma laboral, cuyo principal propósito es abaratar el costo de la mano de obra a los empleadores. Si ya los salarios son bajos, ahora quieren ahorrarse el costo del despido conforme a la ley del trabajo. El ahora directivo bancario (del sector privado) Guillermo Ortiz Martínez lo expresó de manera muy gráfica: si me va a costar muy caro correr a un trabajador, pues entonces no lo contrato. Casi como que los empleadores le hacen un favor al trabajador al contratarlo.
Las reformas legales de finales del siglo pasado, para pasar de un sistema de pensiones de beneficio definido –con prestaciones generosas, una elevada proporción de contribuyentes respecto al número de jubilados e importantes transferencias fiscales hacia las pensiones– a otro de contribución definida o de cuentas individuales–han quitado cierta presión a las finanzas públicas, pero están muy lejos de resolver el sentido de todo sistema de retiro: satisfacer las necesidades de seguridad y protección del ser humano.
El sistema de cuentas individuales, que es una forma de financiar el fondo de pensiones, se explica por dos razones principales: el aumento de las expectativas de vida, lo que conlleva el pago de pensiones por un mayor número de años y por otro lado, la disminución en el número de trabajadores activos. Esto volvió financieramente insostenibles los sistemas basados en el reparto en todo el mundo.
Para algunos especialistas, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) fue puesto en cuestionamiento desde su origen y ese rechazo se mantiene en la actualidad, bajo una verdad evidente: como está diseñado, dicen, sólo las Afore ganan. Además, el funcionamiento mismo del mercado de las Afore presenta serias irregularidades y fallas.
El actuario Alejandro Turner Hurtado (uno de los autores del libro Temas relevantes y aplicaciones prácticas en materia de retiro y jubilación en México, editado en marzo pasado por EY y el IMEF) explica que:
La estructura actual del mercado de las Afore llevará, apunta, a que el trabajador no obtenga una pensión óptima, entre otras razones porque existe inelasticidad en la demanda en ese mercado y a que por lo general no se acierta para elegirlas.
A partir de las reformas recientes, los esquemas son de contribución definida; es decir, se establecen los términos en los cuales deben destinar al sistema el propio trabajador, su patrón y el gobierno federal, pero no hay una garantía de una pensión específica con base en alguna fórmula de la ley.
La reducción del costo del esquema de pensiones se obtuvo a costa de una menor tasa de reemplazo promedio de las pensiones, es decir, la cuantía de ésta en el esquema reformado es menor que antes del cambio legal como proporción del salario con el que cotizaba el trabajador cuando estaba activo. Además, y pese a las reformas recientes, las comisiones que cobran las Afore son muy elevadas.
Los expertos insisten: si no se modifican las leyes de seguridad social (incrementando las aportaciones al seguro de vejez y retiro al menos 5 puntos del salario de cotización en el caso del IMSS) y no se desarrollan esquemas complementarios y sustitutivos del ahorro, México tendrá una significativa y creciente población de viejos en pobreza en un futuro cercano.
Los especialistas en este intrincado tema divergen en cuanto a qué dar prioridad para evitar se cumpla el augurio de que hacia mediados de siglo México será, si no se actúa ya, un país de viejos pobres. Así, mientras EY y el IMEF llaman a replantear el sistema público de pensiones y realizar reformas laborales y fiscales indispensables para las necesidades actuales y futuras, especialistas como Alejandro Villagómez, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseguran que el problema es económico más que de regulación.
“Gran parte de quienes no reciben pensión se debe a que están en la informalidad. Se trata del mercado laboral; y es lo mismo frente a la queja de que las pensiones son muy pequeñas: es la economía, los bajos salarios. El dilema se ubica –insiste– en la cobertura”.
Un país que no educa ni emplea a los jóvenes y ya de viejos los condena a la pobreza, es un país poco inteligente y menos justo. Aquí están los otros ninis: ni pensión ni jubilación.
(Buena parte de la información se tomó de: Rosa Elvira Vargas, La Jornada, 23/10/2011.)
