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4 de marzo de 2010
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Si legalizan la actuación del ejército en las calles, ya nos perjudicaron por muchos años. Hay legisladores que ya buscan un marco legal para los militares, o son inconscientes o son perversos enemigos del pueblo. Actualmente, estando al margen de la ley son prepotentes, arbitrarios y violadores de los derechos humanos, realizan cateos sin orden judicial, hacen destrozos y disparan contra civiles en los retenes sin causa justificada, pensemos como se comportarían con el respaldo de una ley. Mil veces preferible que estén los militares en situación ilegal, así en la primera oportunidad – que tendrá que llegar- se puede proceder contra todos los actos arbitrarios en que hayan incurrido en el pasado o incurran en el presente. Hasta podría decirse que lo deseable es que estén legalmente desprotegidos. Sería demagógico que los legisladores salieran con el cuento de que una norma legal o peor constitucional puede permitir encauzar el accionar militar que incremente su respeto a los derechos humanos y a las normas civilizadas de la sociedad, porque lo más probable es que sintiéndose respaldados por leyes específicas empeoren su comportamiento abusivo y esto no sería un error involuntario, sino un propósito deliberado, bien meditado del gobierno, del ejército y de legisladores cómplices, con vistas a un control social militar que se acerque a una dictadura. Si no hay marco legal para el ejército en las calles, queda la posibilidad de enjuiciar duramente a quienes hayan cometido delitos aunque fueran pasados, incluso con años de antigüedad, lo ilegal y lo inconstitucional siempre se puede castigar aunque sea “ a toro pasado” En Suramérica hay experiencia al respecto. El único cambio jurídico aceptable es que se suprima al fuero militar que protege a los elementos del ejército que cometen delitos, y salvo excepciones quedan impunes. La existencia del fuero militar es un anacronismo tan absurdo como sería invocar el regreso del fuero eclesiástico. Aunque allá va el protagonista senador Pablo Gómez que exige el derecho de los curas para intervenir en política; obtuvo en la Cámara una cerrada ovación de los panistas. Cuando el ejército interviene en tareas de auxilio durante los desastres, además de útil básicamente sirve para obtener legitimidad social. Llegado a este punto el ejército no es instrumento sino actor de primera línea. Esto explica el discurso del General Galván Galván demandando la aprobación de las propuestas políticas de Calderón en relación con las elecciones, la estructura del Congreso y otros asuntos también políticos. Este discurso fue inusitado porque podría ser anticipo de una pretensión autoritaria. Cuando el ejército ya es actor la responsabilidad de sus actos le atañen directamente, y no solo al Gobierno aunque haya propiciado el inicio de la militarización del país. La militarización es la preeminencia del ejército sobre los civiles, esto es, sobre sus actos políticos, sociales, de trabajo, organizaciones y demás, y da al traste con las tradiciones civiles construidas en muchos años de convivencia ciudadana pacífica. El militarismo destruye pilares fundamentales de la sociedad con consecuencias desastrosas, los ejemplos violentos de Latinoamérica en los años pasados son suficientemente ilustrativos. A este atribulado país le llueve sobre mojado; a la creciente militarización anti narco se añade, el Gobierno de Estados Unidos por boca de su Secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano, quien afirmó que en Ciudad Juárez se perdió el imperio de la ley y además cerró el Consulado de Reynosa por la violencia desatada en las calles por las bandas de delincuentes. Pero, no es todo, el 24 de febrero el The Washington Post reveló que estaba decidida una amplia acción de agentes estadounidenses en Ciudad Juárez para frenar a los narcotraficantes. Esto no puede ser casual, se trata de planes previos del Departamento de Estado que se dispone a crear en esa ciudad un centro de inteligencia en el que también estarán agentes mexicanos entrenados por el FBI y la DEA que ya cuenta en la Ciudad de México con su oficina binacional. Ya están los yanquis ampliamente infiltrados. Llevan al país abiertamente a un protectorado. El Embajador estadounidense Carlos Pascual matizó que sólo hay asesores técnicos y pronto consejeros. Le parece poca cosa. La compleja situación en que se encuentra el país está generada por la guerra al narco declarada por Calderón sin esperanza de ganarla y que está en el marco de la gigantesca demanda de drogas de los estadounidenses. Las consecuencias de sus vicios no las pagan ellos, las pagan los mexicanos. En el país vecino no hay combates en las calles, como en nuestro país. La vecindad y el entreguismo de sucesivos gobiernos priístas y panistas, está saliendo muy costosa. Ya es consenso que el país no podrá salir de la crisis si el Estado Mexicano no recobra su calidad soberana, infortunadamente muy ajena a la formación de la llamada clase política trepada en el poder público.
MORELIA, MICH, FEBRERO 27 DEL 2010.
ALIANZA DE IGUALES Y LIBRES.
ROBERTO ROBLES GARNICA. LIC. JOSÉ DE LA LUZ RODRÍGUEZ. UBALDO FERNÁNDEZ.
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