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Llega nuevo caso de abuso militar a la Corte Interamericana
CEJIL / Tlachinollan
• Después de 7 años se abre la puerta para que la indígena tlapaneca Inés
Fernández Ortega encuentre justicia por la violación sufrida a manos de
militares
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el caso de la
indígena tlapaneca Inés Fernández ortega a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el pasado 7 de mayo. Fernández Ortega, fue torturada y
violada sexualmente por elementos del Ejército mexicano, en el año 2002.
La CIDH envío el caso ante el alto tribunal, luego de que el Estado mexicano
incumpliera con las recomendaciones tendientes a reparar el daño de causado a
la víctima.
El de Inés, es el segundo caso de México que llega a la Corte Interamericana
contra el Ejército, por violaciones a derechos humanos. También es la segunda
ocasión en que ese organismo internacional otorga medidas provisionales a
organizaciones mexicanas.
Dentro del contexto, el 18 de mayo del presente año, el máximo tribunal de
derechos humanos en el continente ordenó medidas provisionales (medidas de
protección temporal) para la víctima y sus familiares y otros 100 defensores
de derechos humanos, entre ellos los miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa
(OPIM), así como para los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas
quienes fueron desaparecidos el pasado 13 de febrero y luego ejecutados
extrajudicialmente.
La decisión de la Corte obedece a que desde el año 2005, la Comisión
Interamericana solicitó al Estado la adopción de medidas de protección a
favor de dirigentes e integrantes de la OPIM. No obstante, el gobierno mexicano
ha incumplido en la aplicación de dichas medidas, propiciando con ello que
persistan las amenazas y actos intimidatorios.
Los hechos descritos se dan en un ambiente de ataques a los defensores de
derechos humanos en Guerrero, que ha generado una situación de verdadero temor entre la población y que se ha agravado por los constantes patrullajes y
retenes tanto policiacos como militares en la región.
El Centro Internacional y la Justicia Internacional (CEJIL) y Tlachinollan,
esperan que el Estado mexicano haga frente a sus obligaciones internacionales,
cumpliendo con lo dispuesto por la Corte Interamericana y adopte todas las
medidas necesarias, para que los beneficiarios de dichas medidas de protección
y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero, puedan llevar a
cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a que su vida o su
integridad personal se vea afectada.
Para mayor información contactar a:
Teresa de la Cruz del CDHM/Tlachinollan
tere_delacruz@hotmail.com [1]
Tels: 757 47 61200
Nancy Marín de CEJIL
nmarin@cejil.org [2]
 
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