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1217 24 Diciembre 2012

 

Libertad a los 14 jóvenes
Pablo Vargas González

Pachuca.- El primero de diciembre se esperaba, según las grandes cadenas televisivas, una “transición tersa” del poder político. Pero en la práctica, días antes las autoridades federales y locales de seguridad pública establecieron un “cerco policiaco”, este sí ilegal, que desvaneció toda posibilidad de iniciar el nuevo gobierno por la vía de la gobernabilidad; por el contrario, la protesta social legítima fue desviada, infiltrada y reprimida.

El saldo de los acontecimientos del uno de diciembre, por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, no sólo son de daños y destrozos en el centro histórico de la ciudad de México. El saldo es de carácter político, y apunta a dejar una referencia de quien regresa al poder y la “silla presidencial” no tiene previsto en su horizonte enfrentar a la oposición con diálogo y política. Sino por el contrario, con la cerrazón y represión.

Inicialmente fueron detenidos 69 personas, sobre las que se “ejercitó acción penal”, según el lenguaje leguleyo: 58 hombres y 11 mujeres; e inmediatamente y “justicia rápida”, los encarcelaron como viles delincuentes; en este caso, las personas del sexo masculino fueron consignados al Reclusorio Preventivo Norte, mientras que las mujeres ingresaron al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla. 10 adolescentes, menores de edad, fueron entregados a sus padres.

En estos días se ha relatado las historias detrás de las detenciones injustificadas y abiertamente ilegales, que por falta de elementos se han caído y han tenido que dejar libre a las y los jóvenes, pero mientras se ha hecho daño a las personas y al Estado de Derecho y con ello a las libertades públicas.

Las historias de las detenciones de personas que no intervinieron en los destrozos, inclusive de quienes no participaron en la protesta social, son ejemplares de que se pretende seguir criminalizando a quienes se manifiestan pacíficamente y expresan ideas distintas al poder establecido.

Un fotógrafo rumano que sacaba fotos para un periódico de su país, un adolecente bolero que sólo quería que le devolvieran su caja con herramientas, de las jóvenes que detuvieron en la calle Filomeno Mata, alejada de los disturbios, la señora que protestaba por las vejaciones de la policía, y más constituyen el grueso expediente de una intervención con excesos que no se pueden permitir.

Como si regresáramos al periodo diazordacista del 68, cuyo fantasma represor está presente en el regreso del nuevo gobierno, se utilizan piezas jurídicas altamente coercitivas en contra de la sociedad. Es el caso del Código Penal del Distrito Federal, que en su artículo 362 define como delito “los ataques a la paz pública” que nunca se usa, pero cuando hay este tipo de eventos de manifestaciones públicas masivas se aplica con exagerado rigor.

Ahora resulta que los jóvenes y estudiantes que protestan por diferendos políticos son “un peligro para México” peor que los narcotraficantes o los criminales de cuello blanco que han saqueado a México, o los que cometen delitos de manera pública sin que sean castigados.

Y según el código penal los ahora detenidos pueden ser castigados con una pena mayor de cinco años sin derecho a fianza.  A los jóvenes con sueños y ansia libertaria se castiga por el “ogro filantrópico”, Estado represor que sólo dialoga con la ley en la mano y el garrote en la otra.

Un artículo de esta naturaleza está previsto para castigar a los opositores y las oposiciones al régimen político. Tiene menaje para reprimir la protesta social y las manifestaciones públicas, y para criminalizar a las y los jóvenes y estudiantes. En una ciudad vanguardista, una legislación y una autoridad judicial que la aplica, sencillamente no caben. Desde luego tiene que levantarse la voz de todos y todas para derogarse.

Pero lo más inmediato es seguir la protesta en todos y por todos los medios hasta liberar de manera inmediata a la y los 14 jóvenes injustificadamente encarcelados. No se pide condescendencia ni perdón, la información que ha salido es que fue un acto infiltrado y una provocación, que debe ser corregida. Es una exigencia: ¡Libertad expedita, ya!

 

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