El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor José Narro Robles, pronunció el siguiente discurso ante diputados, senadores, académicos y líderes empresariales, en el marco del evento "México ante la Crisis", celebrado el 29 de enero de 2009 en la sede de la Cámara de Diputados:

Quiero agradecer a los presidentes de las juntas de coordinación política del Senado y de la Cámara de Diputados, por invitar a la Universidad Nacional Autónoma de México, a participar en este foro. A los legisladores les felicito sinceramente por la iniciativa que tomaron.
Las instituciones públicas de educación superior siempre han estado comprometidas con la vida académica y a partir de ella con el desarrollo del país. De ahí nuestra asistencia a este foro.
La crisis económica que vive el mundo entero, cuyas repercusiones en México ya empezaron a manifestarse, no constituye un hecho espontáneo. Las crisis, incluidas las de la economía, son en el fondo el resultado de no haber tomado las decisiones adecuadas en el momento oportuno o de haber postergado la solución de problemas importantes, por acción o por omisión pueden generarse grandes problemas.
Por ello, para decidir qué hacer en México ante una crisis que apenas empezamos a experimentar es necesario que tengamos la mayor claridad posible acerca de sus orígenes. La situación amerita medidas de urgencia, pero ello no debe conducir a la puesta en práctica de acciones que a la postre no resuelvan nada, o peor aún, acentúen nuestros problemas de fondo.
Lo que resulta inadmisible es que después de cada crisis en el país se termine acentuando la desigualdad y se debilite la participación de la sociedad.
En México, la contingencia y la inmediatez con frecuencia se imponen sobre las grandes reformas de fondo. El país experimenta una profunda y lacerante desigualdad; pero no se ejecutan las reformas y los programas sociales que ayuden a redistribuir la riqueza.
Todos sabemos que necesitamos invertir más en educación; pero las urgencias se nos imponen. Aceptamos la conveniencia de atender los problemas fundamentales de combate a la pobreza, rezago educativo y atención a la salud de la población; pero el proyecto se pospone. Podría enumerar una larga lista de situaciones y de problemas similares.
Lo que nos pasa en la actualidad debe aprovecharse para establecer medidas que trasciendan la coyuntura. Para ello, junto con las acciones inmediatas dirigidas a paliar los efectos de la crisis se requieren impulsar políticas de largo aliento; políticas que ayuden a perfilar el desarrollo de una sociedad más incluyente, con prioridades diferentes y rumbo claro.
La crisis no es un problema que pueda resolverse de forma inercial y menos con la aplicación de medidas similares a las que la produjeron. O realizamos cambios profundos o estamos condenados a repetir, tarde que temprano, los mismos problemas.
Una de las lecciones derivadas de esta situación es la necesidad de flexibilizar el debate doctrinario. Se requiere romper con dogmas y actuar en consecuencia. Se requiere claridad y sensatez para aceptar que la mano invisible del mercado no es suficiente para la sociedad y que ésta requiere de la mano visible del Estado, como ha sostenido un prestigiado economista aquí presente, Carlos Tello.
No es posible que en plena época de la economía del conocimiento, en plena era de la sociedad de la información, los ciudadanos comunes no tengan idea en torno a hechos que los afectan directamente. Es una paradoja que la información no sirva para prever los problemas y que los trabajadores tengan en riesgo una parte de sus fondos de retiro. Resulta inadmisible que quienes administran esos recursos tengan ganancias, mientras fracasan en su misión de administrar el dinero ajeno.
Para el buen desarrollo de una sociedad democrática y armónica se requiere que el Estado tenga un papel estratégico. El Estado no puede ceder su papel histórico al mercado; sin embargo, no se trata de percibir al Estado y al mercado como entidades antagónicas.
Se trata de aceptar que sin la acción compensadora del Estado, el mercado no puede regularse por sí solo y menos resolver los problemas, rezagos e injusticias sociales que nos abruman. Se trata también de reconocer que el mercado incluso puede llegar a ser un depredador de sí mismo.
En el otro lado de la moneda hay que aceptar que igualmente el Estado no puede tener una intervención tal que acabe ahogando o anulando las iniciativas de la sociedad. Quizá la respuesta está más allá de la contradicción entre los modelos de mercado y de intervención estatal.
La crisis actual es estructural, pero está agravada por un pensamiento dogmático. Es necesario reconocer que no es exclusivamente una crisis de liquidez, y que en su lógica financiera es resultado de una mala administración de riesgos. Es una crisis provocada, en su origen, tanto por la avaricia, la especulación y la falta de prudencia, como por la mala regulación monetaria y financiera.
Pero también, es necesario aceptar que es producto de un planteamiento agotado de un sistema que no responde a las necesidades de las mayorías. Por ello, una recuperación económica basada sólo en la expansión del gasto público es insuficiente. Además de dicho gasto deben considerarse otros aspectos.
En este sentido, no puede obviarse que en la actualidad México es uno de los países que tienen una desigualdad más acentuada, al respecto, conviene recordar que, según los datos oficiales, el 1 por ciento de los hogares mexicanos concentra el 9.2 por ciento del ingreso total nacional. En tanto que en el otro extremo, el 1 por ciento de los hogares más pobres sólo obtienen el 0.07 por ciento de dicho ingreso, 130 veces menos.
Ante la coyuntura originada por la crisis, es innegable que se requieren acciones gubernamentales para impedir una recesión generalizada en el sector productivo, así como establecer prioridades y reglas claras para ayudar a ampliar los efectos negativos y entre los más necesitados.
Es necesario instrumentar programas de empleo emergente masivo para aquellos que pierdan su trabajo y para quienes se deben incorporar al mercado laboral. Incrementar las becas a los jóvenes que están en las universidades, aumentar los programas de capacitación.
Es necesario ampliar programas públicos de salud para que se mantenga la cobertura a quienes pierdan la protección de la seguridad social. Estas y otras medidas probablemente serán adoptadas.
Sin embargo, hay que insistir en que las acciones para superar los problemas deben estar enmarcadas en una perspectiva más amplia y en la de perfilar nuevos esquemas para el desarrollo del país que permitan avanzar en la solución de problemas ancestrales.
En la pertinencia de contar con una política industrial, con una política pública que favorezca la generación de riqueza, en el fortalecimiento de nuestro mercado interno y en la necesidad de entender que la época de las aperturas comerciales indiscriminadas no debe repetirse; el bienestar social no debe ser de carácter marginal, tiene que constituirse en el centro de la política económica.
El fin último de la economía no puede ser el control de las variables macroeconómicas, sino la mejoría de los niveles de vida de la población.
Además del rescate económico, el país requiere un gran rescate social; un rescate que permita atacar directamente el asunto de la desigualdad. Por qué no, por ejemplo, se emprenden proyectos de gran magnitud, como el de alfabetizar a los casi 6 millones de mexicanos que no saben leer y escribir. Recuperar a estos mexicanos cuesta menos, mucho menos que otros rescates realizados.
En el mismo sentido, el programa de Apoyo a la Infraestructura debería contemplar también el mantenimiento y remozamiento de los centros de salud y de todas las escuelas públicas ubicadas en las zonas deprimidas, así como la construcción de caminos rurales. Acciones de esa naturaleza permitirían incrementar el empleo en esas áreas del país.
Se hace necesaria una inversión pública sin precedente en educación superior y en salud que mejore significativamente la cobertura y la calidad de los mismos. Estos dos elementos forman parte de los igualadores sociales más efectivos para reducir las disparidades existentes. Permitir que aumente el número de jóvenes sin un sitio en la educación superior o sin una oportunidad de trabajo sería un grave riesgo, un error histórico.
De igual forma, resulta imperativo colocar a la ciencia y la tecnología entre las prioridades del país; la ciencia debe tener un lugar preponderante en nuestro futuro.
La crisis actual no sólo es económica, también es una crisis de valores que afecta de manera diferente a los ciudadanos. Para salir de ella se debe retomar el ritmo de crecimiento que perdimos hace varios lustros, además de trabajar en el fortalecimiento del sistema de valores laicos. Para conseguirlo se requiere un acuerdo social amplio y no sólo un arreglo económico.
Nuestro país requiere de la unidad por encima de todo, al igual que de la aportación de todos sus ciudadanos, especialmente de los más capaces para proponer acciones que permitan superar las grandes carencias que afectan a la población. Lograr un acuerdo social con la unidad que la república demanda es posible. A nadie sirve apostar a la división.
Es necesario crear las condiciones y realizar las acciones pertinentes para devolver la esperanza a los mexicanos. Tenemos que replantear el rumbo del país y definir un nuevo proyecto para la nación.
Sabemos que frente al desafío no hay soluciones fáciles, únicas ni espontáneas. Sabemos que no se debe ocultar la extensión y gravedad de los problemas sociales que nos afectan. Necesitamos aceptarlo, ventilarlo. Debemos alcanzar acuerdos que nos permita atenderlos. Es el momento, aún ante las incertidumbres actuales, de atrevernos a imaginar un México mejor.
Al discutir: qué hacer, es pertinente reconocer que toda crisis es también una oportunidad. Una oportunidad de ver hacia adelante y de extraer lo positivo de otras experiencias, pero también entender que la crisis no debe ser divisa política de nadie y menos en este año electoral. Es, por otra parte, un problema de todos cuya atención requiere de la participación y el acuerdo de la mayoría.
A todos nos conviene que las dificultades se superen. Ello sólo será posible si los sectores con más recursos comprenden que la acción del Estado debe buscar que toda la población sea beneficiada e incorporada.
La pregunta de: qué hacer para salir de la crisis, puede tener muchas respuestas, pero la que conviene al país, es la de mejorar la participación de todos los ciudadanos en la economía y la política de México. Ése es nuestro desafío. Contribuyamos a construir los acuerdos, es urgente.

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