Co2/feb/2009
10 de Febrero 2009

MÉXICO EN EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL
DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

COMUNICADO

El día de hoy México fue sometido al Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, Suiza. El Examen Periódico Universal (EPU) es un nuevo mecanismo de las Naciones Unidas cuyo objetivo es la revisión del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de los derechos humanos de cada Estado.

El EPU es un proceso de tres etapas:
1) Revisión por un grupo de trabajo (GT) (sesión de tres horas por Estado, del que resulta un informe que consistirá en un resumen de las actuaciones del proceso de examen, las conclusiones y/o recomendaciones, y los compromisos voluntarios del Estado examinado). En el marco del GT, el país revisado sostiene un diálogo interactivo con los 47 Estados miembros del Consejo de DH, los cuales formulan preguntas y recomendaciones al mismo. Estas son coordinadas por un grupo de tres estados miembros que se les denomina Troika.
2) Adopción de un documento (se emite semanas después de la revisión, pero no antes de 48 hrs.)
3) Adopción del documento en la Sesión Plenaria del Consejo de DH (CDH). Ante el pleno de la CDH el Estado tiene la oportunidad de presentar sus respuestas que no se hayan tratado suficientemente en el diálogo previo.

El final de la primera etapa fue hoy en Ginebra, por parte del Gobierno Mexicano estuvo una nutrida delegación presidida por el Secretario de Gobernación Lic. Fernando Gómez Mont. Representando a las organizaciones civiles estuvieron Lic. Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red “Todos los derechos para todas y todos”; Mtro. Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”; Lic. Alfonso García, miembro del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” y la Lic. Elizabeth Plácido, representante de “Católicas por el Derecho a Decidir”. Nicaragua, Pakistán y Sudáfrica fueron los tres estados miembros de la Troika que coordinaron la sesión.

Desde el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios queremos señalar la importancia de este examen al que el Estado Mexicano fue sujeto el día de hoy, ya que la nación que presenta en su informe contrasta con el México que sufre la población en general, y los movimientos sociales y de derechos humanos en particular.

En su informe, el Gobierno Mexicano señala que gracias a la sociedad civil hay un avance en materia de derechos humanos. Las organizaciones civiles, en el informe presentado por la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, expresan que el gobierno no ha mostrado real interés por el tema de los derechos humanos. La aseveración de las organizaciones civiles está avalada por los presos políticos que aún se encuentran en las cárceles por participar en movimientos sociales o ecologistas: tales son los casos de los miembros de la APPO, de Atenco, de la Parota, entre otros. También habla de la experiencia de diversos defensores y defensoras de derechos humanos que tienen amenazada su vida como sucede con Cristina Auerbach Benavides (defensora del caso Pasta de Conchos) y Lucha Castro Rodríguez (defensora de mujeres en el Estado de Chihuahua).

Las organizaciones civiles han señalado que el problema de la impunidad es un problema sistémico, que abarca distintos espacios y aspectos de las instituciones a nivel municipal, estatal y federal. En su informe, las acciones del Gobierno se centran en reformas constitucionales que se presentaron en 2008, como si el problema fuera nuevo. Expertos en temas de seguridad aseveran que entre los partidos políticos y los gobernantes a nivel federal y estatal, se estableció un pacto de impunidad a partir de 2003. Este pacto de impunidad puede ser tangible ante casos tan explícitos de inoperancia del sistema de aplicación de justicia como es el proceso de Lydia Cacho, a quien se le acusó y encarceló injustamente por su trabajo de denuncia contra la red de pederastas que involucra a funcionarios de alto nivel y a grandes empresarios.

Sobre el tema de seguridad urge desmontar el sistema de impunidad, así como retirar al Ejército Mexicano de las funciones de policía que se le han asignado, en la llamada lucha contra la delincuencia organizada. La Seguridad Pública requiere una reforma integral desde el perfil de las personas que se incorporan a las fuerzas policiales, así mismo se requiere que la ciudadanía se involucre nuevamente en la relación con los funcionarios que le sirven, de tal suerte que todas las policías y el ministerio público de cada localidad ya no sirvan más al poder económico y político en turno, sino que trabajen desde la perspectiva de los derechos humanos en bien de toda la ciudadanía.

Queremos señalar lo contrastante en la presentación del trabajo del Gobierno Mexicano sobre la igualdad de la mujer y su indolencia e ineptitud en la resolución de los feminicidios en el país, especialmente en Chihuahua, donde el Ejecutivo ha vuelto a Estado vecino en un estado de excepción. En 2007 se sumaron un poco más de 300 muertes a causa del crimen organizado, a partir de que el Ejército Mexicano tiene una participación más activa en Chihuahua, de enero a diciembre de 2008 se registraron más de 1,360 casos de personas fallecidas por la llamada batalla contra la delincuencia organizada. Ni se han resuelto los asesinatos de mujeres, ni ha disminuido la violencia.

Nos parece importante armonizar las acciones del Estado Mexicano en su conjunto, como varios países señalaron durante las preguntas en la plenaria de hoy. Esto implica que la comprensión de los derechos humanos y las políticas públicas emprendidas a partir de ellos no se queden sólo a nivel federal, urge que los gobiernos estatales y municipales entiendan esa lógica y actúen en consecuencia.

Es verdad que el Estado Mexicano ha abierto las puertas a organizaciones internacionales para el diálogo en materia de derechos humanos en nuestro país. Apreciamos esa actitud y la reforzamos para que ese diálogo en Ginebra sea una oportunidad para desmontar la impunidad y disminuir los índices de la violencia, y así mejorar con acciones claras, el sistema de justicia desde el respeto a los derechos humanos.

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC
Saltillo, Coahuila, México

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