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ANÁLISIS A FONDO
CAMPO SIN HORIZONTE
Francisco Gómez Maza
- En páramos, sin asistencia técnica ni crédito, el campo va muriendo
- La privatización y el legalismo, asesinos de la agricultura mexicana
 En otros tiempos – y no es que todo tiempo pasado haya sido mejor – los mexicanos sí comían mejor, porque el campo mexicano producía. Desde que se privatizó la tierra, desde que comenzaron a desaparecer las tierras comunales y el ejido y empezaron a meter la mano en la tierra los aventureros, los advenedizos, los hombres del dinero, la agricultura comenzó a dejar de ser patrimonio de los campesinos y el campo comenzó a morir. Millones de personas vieron la necesidad de emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica porque la tierra ya no les daba para alimentarse ni menos para competir con las grandes empresas que destinaron su producción a la industria y a las exportaciones de materias primas. El campo se convirtió en tierra de acahuales, plantas silvestres que no dan de comer a los humanos. Esta tragedia fue “provocada” por el modelo neoliberal adoptado por los últimos gobiernos de aquella “Revolución” interrumpida, traicionada y los caballos de Francisco Villa y Emiliano Zapata, los únicos revolucionarios de la Revolución de 1910, comenzaron a encontrar los arroyos contaminados, los lagos y lagunas en periodo de extinción, de una lenta extinción, que ahora, aunque parezca increíble, parece que comenzara a preocupar hasta a los gobernantes.
Y digo que pareciera que comenzó a ser motivo de preocupación para los gobernantes, aunque no tanto, porque ellos están más preocupados por engordar sus carteras bancarias en el sistema financiero nacional, pero más en la banca más allá de las fronteras y de los litorales, donde no se paga impuestos al Estado. Pero, yo siempre dando el beneficio de la duda, por lo menos así lo ha manifestado el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo del gabinete del presidente Felipe Calderón, Francisco Mayorga Castañeda, quien ha aceptado que el marco jurídico y la inseguridad son dos de los principales factores que inhiben un mayor desarrollo del campo mexicano, y yo agregaría que ha contribuido también, y de manera determinante, la corrupción de los políticos, de gobernadores estatales y municipales, que pecan en el arca abierta, destinando buena parte de los recursos presupuestados para el desarrollo de la agricultura a otros objetivos, algunos no muy sanctos. Y aquí entra otro factor fundamental, determinante, que son los pingües recursos de la delincuencia, que - ¿con la venia de autoridades? - son utilizados para adquirir tierras agrícolas, aprovechando el caldo de cultivo que representan el marasmo por activar al sector con riqueza, comercio y actividad productiva.
No creo eso que dice Mayorga Castañeda de que la gente del campo no tiene más opciones que sumarse a la delincuencia, ya sea por miedo o por necesidad y que el esfuerzo que se realiza para brindarle mayor libertad financiera a los estados será un antídoto contra el avance de los cárteles, que han permeado en las comunidades rurales e inhiben el trabajo y la inversión. Es autoengañarse, porque si no son los señores de la delincuencia organizada son los de la delincuencia institucionalizada, que roban como magos buenas porciones de los presupuestos destinados al desarrollo de las actividades primarias del agotado campo mexicano. Por lo que hace a la parte jurídica, se ha mantenido el minifundio, la pulverización. Hay predios de una o cinco hectáreas donde, por más buenos que estén los precios de los productos agrícolas y el adelanto tecnológico que se tenga, resulta difícil que una familia tenga un forma de vida digna. Y es que los poderes institucionales no han querido hallar un modelo que, en vez de privatizar y convertir a los dueños originarios de la tierra en peones, propicie la compactación de predios en manos de sociedades populares y ni pensar en colectivos porque la filosofía del mexicano está basada en el egoísmo y se le tiene miedo a lo gregario, de lo cual se aprovechan las autoridades para seguir privatizando la tierra o abandonando a su suerte a los campesinos pobres. Obviamente, las autoridades no han encontrado – y es seguro que ni las buscan –la manera de organizar organizaciones de productores eficientes, cuya prioridad sea lo económico, y no sólo gestionar apoyos o quedarse en la parte del reclamo; que realmente hagan un trabajo técnico profesional, serio, para proteger a sus agremiados, y sean corresponsables con el gobierno para hacer bien las cosas. Los campesinos pobres no tienen acceso al financiamiento porque el gobierno no da garantías reales porque la propiedad social no lo permite. Bueno, esto dice Mayorga Castañeda, aunque sí les garantizan financiamiento, y blando, a quienes no lo necesitan, pero que cumplen con todos los requisitos para un crédito bancario. "no podemos dar garantías reales porque nuestra propiedad social no lo permite".
Las afectaciones por la atípica temporada de sequía registrada en el campo mexicano en 2009 y las bajas temperaturas de la semana de la presente temporada invernal, sin embargo, son un fuerte llamado al gobierno para que cambie su política hacia la agricultura nacional, por una que permita la autosuficiencia en materia alimentaria, además de impulsar el desarrollo de los pequeños productores. El gobierno debe dejar de pensar que es más fácil comprar alimentos que producirlos, y considerar que, aunque no hay una fecha fija para solucionar el problema de la alimentación de los mexicanos, cada vez se va cerrando esa posibilidad, como lo hizo notar recientemente Sergio Barrales, director del Centro de Estudios de para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados. La Confederación Nacional Campesina, de filiación priísta, recientemente estimó que la sequía y las heladas dañaron más de 700 mil hectáreas de cultivos de maíz, frijol y café, hecho que obliga al gobierno federal a indemnizar a los productores; además, la afectación genera aumento de precios en alimentos básicos. La Unión Nacional de Productores de Frijol evaluó que las bajas temperaturas no dañaron su producción, pero en previsión de afectaciones climáticas para los siguientes ciclos productivos demandan la operación de un seguro agrícola, de costo accesible para los beneficiarios.
Es vital, con todo, cambiar a una política que busque la perdida soberanía alimentaria, una reserva estratégica de alimentos y mecanismos de administración de las exportaciones e importaciones de esos productos, para garantizar en todo momento la producción de comida que requieren los 110 millones de habitantes de México, estabilidad de precios y evitar la especulación y prácticas anticompetitivas.
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