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| 534 10 de mayo de 2010 |
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ANÁLISIS A FONDO A fondo perdido Francisco Gómez Maza
Y la prensa tanto impresa como electrónica olvida. De repente olvida. Arma un escándalo con un caso patético. Le da seguimiento por días, por semanas, pero a las dos semanas el asunto desaparece de las páginas de los diarios, de las revistas, de los displays de los monitores de televisión, de las bocinas de los aparatos de radio. El más reciente asunto es el caso de la nena Paulette Gebara. Todo el mundo se mostró indignado con la desaparición y muerte misteriosas de la chiquilla. Fue involucrada la madre, las nanas, el padre, el amigo de la madre. Y nadie está acusado. Nadie está en la cárcel. El asunto fue olvidado por los medios de desinformación. ¿Lo archivaron también las autoridades ministeriales y judiciales del estado de México? El hecho es que a estas alturas de mayo, nadie, nadie habla de Paulette. ¿No deja ya dinero? ¿No vende ya periódicos impresos o espacios y tiempos en la radio y la televisión? Me habló por teléfono mi amigo político y me comentó: Paco. Cuánta razón tenías cuando me sugeriste que no respondiera a las infamias, que las dejara correr. Hoy, nadie las recuerda. Y yo tan campante. No sabes cuán agradecido estoy contigo. Nomás no me lo vayas a querer agradecer con un “chayote” (cochupo) porque te mando a la chingada, le respondí.
Por supuesto, ni de loco, mencionaré todos los casos patéticos olvidados, olvidados por la prensa, olvidados por las autoridades, o archivados, o no informados aunque presumiblemente continúen investigándose. Pero el caso más doloroso es el del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, en el estado noroccidental de Sonora, que costó la vida de 49 infantes, el cinco de junio del año pasado (2009). Se hizo alarde de publicidad con el caso. Se vendieron páginas y páginas de medios impresos y tiempos en la televisión y la radio. Los “ratings” subieron hasta las nubes. Se acusó, se señalaron responsables: que Eduardo Bours Castello, a la sazón gobernador de Sonora; que Juan Molinar Horcasitas, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene la maldita costumbre de subrogar muchos servicios, en este caso el de las guarderías infantiles, que no son por nada del mundo supervisadas en sus condiciones de seguridad; se acusó a los dueños de la guardería; estos huyeron; estuvo involucrada una presunta familiar de la Primera Dama de la Nomenclatura presidencialista. No pasó nada. Todo el mundo tan campante como si la vida de 49 niños no valiera nada. Ya estamos a menos de un mes de que se cumpla un año de la tragedia y los padres de los niños muertos insisten e insisten en que se haga justicia. Lo sabemos ya. No se hará justicia, porque en este país la justicia no existe. La justicia que se aplica se aplica sólo a los pobres, a los ciudadanos que no tienen para pagar un abogado, como las indígenas Alberta y Teresa y tantos cientos de indios encarcelados siendo inocentes sólo porque son indios, son pobres, no hablan castilla y a alguien hay que echarle la culpa y, como son indios, pues nadie mejor que ellos para descargar la violencia institucional sobre ellos, que al fin no valen nada.
Otro asunto grave, gravísimo, es el del asesinato y desaparición de periodistas que cubren lo que en el argot periodístico se denominan “las fuentes” policiacas y más concretamente que cubren las actividades delictivas del crimen organizado y los operativos policiaco militares en contra del crimen organizado y el narcotráfico. Ya van poco más de 60 periodistas asesinados y otros tantos desaparecidos. Y ni por ahí te pudras. La vida de los periodistas en este país no vale nada. Como la dramática canción del gran José Alfredo Jiménez – Camino de Guanajuato -, la vida no vale nada, no vale nada la vida. Otro sí: En lo que va de declarada la guerra al crimen organizado, suman ya alrededor de 10 mil huérfanos de los casi 24 mil asesinados en tres años y poco más de cuatro meses. Y qué se hace por tales huérfanos. Nada. Se suman ya cuatro mil niños muertos que ciertamente no son ni sicarios y capos del narcotráfico, sino que tuvieron el infortunio de estar en el lugar inadecuado, a la hora inadecuada, y cayeron atravesados por una bala, quién sabe disparada por quien, si por los presuntos criminales o por elementos de los operativos policiaco militares. Es el caso de los niños asesinados en Durango, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Torreón (estado de Coahuila). Mucho alarde de publicidad, mucho alarde periodístico, pero al final del día, nada. Es más, las autoridades militares se deslindan de cualquier responsabilidad.
Así está este panorama del México Profundo, que describiera el inmemorial Guillermo Bonfill Batalla. Y hay miedo, ese miedo que es fruto de las amenazas objetivas a que están sometidos la vida, el trabajo y la supervivencia colectiva del género humano, como bien lo dice el amigo Leonardo Boff.
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Hace años, un político muy renombrado me consultó: Paco, qué hago. Me están pegando en la prensa. Me pegan duro. Me acusan. Dicen mentiras. Le pregunté: Cuánto tiempo llevan haciéndolo. El respondió: hace dos días. Ah, le agregue. Espera dos semanas. No hagas nada. No respondas. No aclares. No debatas. Pero cómo, Paco. Si me están pegando. Eso afecta mi imagen, mi honor, mi… Tú espera. Espera dos semanas. En dos semanas, ningún periódico te seguirá tomando en cuenta. Se cansarán. Si les das un embute, un cochupo, seguirán pegándote, porque querrán que se los aumenten. En dos semanas se acaba todo. Y la Opinión Pública no tiene memoria. Pues el cuate aguantó dos semanas. Pero todos los días me telefoneaba. Paco. Siguen. Tú, aguanta, le respondía. Efectivamente, pasaron dos semanas de golpeteos, de notas infames, de opiniones críticas en contra de mi amigo. Y todo terminó. Nadie volvió a retomar el tema. Y ahí sigue mi amigo. En la política, más fortalecido que nunca. Y eso que han pasado los años. Así es este asunto de la prensa mercantilista, de la gran prensa empresarial, pro oficialista, pro consumo y desperdicio. A veces, muchas veces, se utiliza como un medio de extorsión que no se diferencia en mucho de los mecanismos de extorsión que practican presuntos delincuentes de la delincuencia organizada presos en las cárceles tanto de alta seguridad como de baja, no obstante que las autoridades digan que se controlan los medios telefónicos, sobre todo los móviles o celulares.