Candil de la calle

Juan Reyes del Campillo

Resulta que el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó en Washington que él cree que a partir de junio disminuirá la violencia en México. Extraño porque el número de fallecidos aumenta constantemente y el combate al crimen organizado se generaliza por todo el país. Extraño también porque cada vez que liquidan o capturan a un mafioso importante se recrudece la violencia en su zona de influencia, en donde el problema no se reduciría a los capos sino tendría que ver con las enormes y poderosas organizaciones que estos han construido.

Tal vez sea una declaración para apaciguar a los políticos norteamericanos y para que se sostengan las inversiones y la credibilidad en el país. Pero los dichos no bastan y se requieren hechos que lo demuestren. En qué basa sus afirmaciones, quién sabe, a menos que al igual que con el empleo, de tanto caer, un pequeño repunte a ellos les parece un avance de grandes dimensiones. Así, después de tanta violencia, si hubiese menos crímenes, entonces habría que exagerar o cacarear su disminución.

En realidad los ciudadanos no queremos que los políticos vaticinen lo que están muy lejos de cumplir. Si lo logran, qué bueno, pero que no generen falsas expectativas. Acaso creen que los mexicanos no tenemos memoria, que si fracasan se les habrá de echar en cara o simplemente van a quedar en ridículo. Lo peor de todo es que su dicho se sostiene en una simple creencia, pero como bien se dice, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.

Por qué habríamos de creerle, si el representante del ejército pretende vendernos la idea de que los niños muertos en Tamaulipas fueron causados por el fuego de los narcos o cuando el vocero de la PGR erráticamente nos informa que los jóvenes del Tecnológico de Monterrey murieron por las balas de los malhechores, nadie, absolutamente nadie, le cree a las autoridades.

El pasado 27 de abril una caravana, que se dirigía en Oaxaca a apoyar al municipio autónomo de San Juan Copala, fue agredida por grupos paramilitares. En este acto cayeron abatidos por las balas la luchadora social Bety Cariño y Jyri Jaakkola, un joven finlandés activista de derechos humanos. Muchos otros activistas, así como periodistas fueron víctimas de la agresión y tuvieron que permanecer escondidos varios días de las garras de los paramilitares. ¿Tiene alguna respuesta el inquilino del palacio de Cobián?

Tal vez habría que preguntarle a las autoridades, civiles y militares, si estos grupos armados debieran considerarse o no crimen organizado. Acaso tienen licencia para matar. Quién los subvenciona, quién les da las armas y quién la hace de tapadera. El problema es que el gobierno federal, con tal de no hacerle ruido al nefasto gobernador, se hace ojo de hormiga. No obstante, al no haber consecuencias, únicamente se hace ver que estos crímenes pueden repetirse una y otra vez.

Lo cierto es que para muchos mexicanos, como el caso de Teresa y Alberta, en realidad su delito es ser pobres. Para que se les otorgue justicia tiene que hacerse un esfuerzo colectivo enorme, que implica protestas y movilizaciones constantes. A la sociedad difícilmente se le escucha si no está organizada y se extiende la sensación de que en la impartición de justicia lo que cuenta es el dinero que llega hasta los jueces.

La exclusión social está fuertemente vinculada con una especie de secundarización ciudadana, en la que habría ciudadanía de primera y de segunda. Ser marginado implica en México también estar excluido de muchos derechos que muestran que la justicia no se imparte de igual manera para todos.

Acaso le interesa esto al Secretario de Gobernación o prefiere atender únicamente los asuntos que le permitan brillar ante los reflectores. La seguridad interior del país no se reduce a la lucha contra el narcotráfico, también tiene que ver con la paz pública, el respeto a los derechos humanos y la tolerancia a la diversidad de manifestaciones políticas y sociales. Por eso no puede ser meramente candil de la calle, sino que tiene que preocuparse y ocuparse de la violencia política en el país.

Si la guerra contra el narco resulta una guerra fallida, y esto en realidad porque parece muy difícil encontrarle fin, el gobierno no debe olvidarse de poner atención en la complicada problemática socio política. Cada vez estamos viendo cómo los problemas sociales se convierten en políticos, de cuya respuesta la autoridad se desentiende al tener muy poca imaginación para resolverlos. Pero tanto va el cántaro al agua que termina por romperse.

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