Memorias de la justicia perdida

Alejandro Heredia

La realidad jurídica en México vive una crisis severa, tan severa como sus cuestionadas bases científicas. La práctica se encuentra distanciada de la letra expresa de la ley, la interpretación y argumentación es un terreno fangoso, donde en ocasiones pasa un elefante, y en otras, es más delgada que un pelo de rana calva. No es de extrañar que el cinismo ilustrado se haya apoderado de un instrumento de estabilización social tan importante como la justicia; impartición y procuración de la misma, son tareas tan delicadas en el engranaje social, deslindan las responsabilidades de los ciudadanos, y yendo aún más lejos, puede afirmarse que crean una ciudadanía, echan las bases de la certidumbre que se espera de la autoridad.

En alguna ocasión, Luigi Ferrajoli comentaba que el test más adecuado que puede practicársele a un sistema jurídico sobre su cientificidad o no, es analizando el derecho penal del sistema en cuestión. A pesar de que el derecho penal mexicano a nivel teórico es una pieza intelectual valiosa, día con día se acumulan más los agravios y las inconsistencias tanto de los agentes del ministerio público federales y locales, así como de los juzgados penales.

Tomando en cuenta lo dicho por Ferrajoli, el derecho mexicano no es científico sino que su búsqueda pasa por el control político y el beneficio de unos cuántos. A poco todo esto no se actualiza con la patética y reveladora situación del asesinato de Paulette, con la renuncia de una investigación de oficio (en aras de la tranquilidad de la familia Fernández de Cevallos), o el sonoro caso de dos mujeres indígenas, quienes en la imaginación hollywoodense de las autoridades jurisdiccionales, plagiaron a varios fortachones policías federales.

La gravedad del problema no solamente podemos justificarla en que la sociedad es un conglomerado de corrupción, escasa civilidad, nula ciudadanía, disfuncionalidad intelectual y déficit democrático. Es algo que está sistémicamente implantado en la filosofía jurídica mexicana, que se imparte en las escuelas de derecho, que se respira hasta en los tribunales de menor competencia.

El sistema jurídico mexicano beneficia la legitimación in jure de violaciones sistemáticas de la ley, ejemplo, la militarización de las labores de persecución del delito, so pretexto de jurisprudencias y de la ley federal de armas de fuego. ¿Quién ha salido raspado de tal situación? Después de 22,000 muertes, han pensado en la rehabilitación de la fundamentación legal, pero, el solo hecho de contrariar la constitución, ¿No debiera ser motivo de algún extrañamiento o reprimenda?

El corpus legal mexicano es una serie de leyes-adorno, destinadas a ser utilizadas para el beneficio del poder, el caos como sistema, pero sin reglas, sin método para su efectivo ordenamiento. Cuando hay voluntad de impartir justicia, los jueces tropiezan con la economía procesal impuesta como método de trabajo, dado el gran número de expedientes que requieren solución.

Felipe Calderón, confiesa la ley de la selva jurídica en la que se vive, se habla de que la principal causa es la corrupción en las procuradurías, la ley del más fuerte es parte del derecho positivo mexicano, sigue afirmando Calderón. Sin embargo, solamente ataca lo superficial, como muchos otros presidentes de México han atajado el problema nada más en el diagnóstico, y eso sí, un diagnóstico superficial, kitsch, para quedar bien con los comensales influyentes que le susurran al oído lo mal integradas que están las averiguaciones previas.

El gran problema del derecho mexicano comienza desde su enseñanza en las facultades, desde la misma concepción de reputar científica una actividad que pocas veces se articula con otras disciplinas en un discurso integral de la razón práctica; desde el momento en que la gran mayoría del alumnado escoge la carrera porque no llevarán matemáticas, lo que viene a ser como extirparse una parte del cerebro por pereza intelectual.

Cuando la legalidad es la bandera de un gobierno, el famoso hacer respetar el estado de derecho, se cae en una estrechez de miras que se podría calificar como el neopositivismo del derecho en México. No se habla de justicia, para no caer en grados superlativos de cinismo; se afirma, golpeando el atril, en hacer respetar la ley y la autoridad.

Nada halagüeño se vislumbra desde la academia, la inercia indica una mayor descomposición de las instituciones de impartición y procuración de “legalidad”, el discurso práctico del derecho en México es la ley del más fuerte en lo económico y en lo político; lo que se dice en la ley es una declaración de buena voluntad, sujeta a la interpretación ditirámbica del juez en turno. Es más terrible que el proceso kafkiano.

Para compartir, enviar o imprimir este texto,pulse alguno de los siguientes iconos:

¿Desea dar su opinión?