‘Feuderalismo’ yucateco

José Luis Sierra V.

Una de las consecuencias más notables y graves del agotamiento del modelo presidencialista en México ha sido el empoderamiento de los gobernadores en sus respectivas entidades, una suerte de “balcanización del poder”, que en nuestro país se empieza a conocer como feuderalismo. Difícilmente se podría encontrar mejor descripción de esta condición que la atribuida al gobernador veracruzano, Fidel Herrera Beltrán, en una conversación telefónica “pinchada”: “traigo todo el pinche gobierno en mis manos, estoy en la cúspide del poder”.

Rasgo frecuente y compartido por los mandatarios estatales y que forma parte del ejercicio meta-constitucional del poder es la tendencia a perpetuarse (y a cubrirse las espaldas) mediante la selección e imposición de su sucesor. Paso culminante de un régimen que impone una serie de tareas a cumplir por el gobernante antes del finiquito de su administración. Tareas que van desde la “construcción” del posible candidato hasta el aseguramiento de su triunfo en las urnas, despejando antes su camino a la candidatura, propiciando a lo largo de la campaña la suscripción de los compromisos con grupos y protagonistas que habrán de facilitarle su acceso a la gubernatura y de impedirle el libre desempeño de ésta. Recurro nuevamente al gobernador de Veracruz en su célebre alocución telefónica: “tú haz lo que tengas que hacer, después nos encargamos de limpiar el tiradero”.

Pese a lo anteriormente establecido y a la reducida experiencia que en materia de competencia electoral tiene la sociedad mexicana –menos aun si consideramos los contrastes y rezagos estatales-, la ciudadanía ha podido desarrollar formas de resistencia a los cacicazgos, sea contra su conformación o, donde los hay, contra su perpetuación o fortalecimiento.

Las dos experiencias electorales más recientes ocurridas en México nos dejan importantes enseñanzas, puntos luminosos que pudieran convertirse en amanecer democrático. En las elecciones federales de julio del 2009, los gobernadores pudieron dar rienda suelta a sus afanes hegemónicos y a sus métodos caciquiles: Oaxaca, Puebla, Coahuila, Tabasco, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo, estados todos que no conocen la alternancia partidista, fueron arrasados por la “ola roja”, llevándose la mayoría, si no es que todas las diputaciones en disputa.

Apenas un año después, el pasado 4 de julio, de los12 estados que tuvieron elecciones de gobernador, en 9 de ellos (Sinaloa, Oaxaca, Puebla, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Durango y Quintana Roo) los gobernadores en funciones impusieron al candidato de sus preferencias. Sólo en Chihuahua, Aguascalientes y Tlaxcala, por razones diversas, los gobernadores dejaron correr libremente el proceso de selección de candidatos y, en cierta medida, la plena realización del proceso electoral.

De las 9 candidaturas impuestas, solamente dos (Tamaulipas y Quintana Roo) lograron sacar un resultado holgado en las urnas (aunque en Tamaulipas triunfó el hermano del candidato asesinado y en Quintana Roo, el PRI sólo ganó 3 de los 9 municipios en las urnas y “arrebató” el de Tulum). De las 7 restantes, los delfines de los gobernadores perdieron abrumadoramente en 4 estados y ganaron de manera apretada y sumamente cuestionada en 3.

Los saldos de la jornada electoral del 4 de julio fueron tan gravosos para el PRI que su presidenta, Beatriz Paredes, tuvo que reconocer la necesidad de establecer métodos de selección de candidatos más eficaces y equitativos. No lo dijo Sor Beatriz, pero al PRI le urge quitar a los gobernadores la potestad para elegir e imponer a su sucesor “haiga sido como haiga sido”. Tuvo que ser el Secretario del PRI, el senador Murillo Karam, el que compareciera ante los medios para reconocer abiertamente que en varios estados se había escogido a malos candidatos. No alcanzó a decirlo pero, además de los malos candidatos, sus “padrinos” eran pésimos y sus métodos “de convencimiento” terminaron por rebasar los topes de paciencia y la sumisión del electorado.

Angélica Araujo, hechura de Ibom, a su imagen y semejanza

Me sentí obligado de hacer este prolongado rodeo electoral para explicar con bases suficientes las dificultades que puede enfrentar Ibom Ortega al tratar de imponer a Angélica Araujo, actual alcaldesa de Mérida, como candidata del PRI al gobierno de Yucatán. La señora Araujo no tiene mayor trayectoria política ni ha demostrado cumplir los requisitos mínimos indispensables para desempeñar con certidumbre el encargo gubernamental (la alcaldía que ahora ocupa durará sólo 26 meses y, en caso de ser postulada, debería pedir licencia con seis u ocho meses de antelación, ¿será que en 18 meses pueda rendir resultados suficientes para convencer a los escépticos?).

Su brevísima y artificial trayectoria se limita a los tres años que dura el gobierno de su amiguita: pasó de ser socia y compañera de fiestas de la gobernadora a desempeñarse como directora del Instituto de Vivienda (organismo en el que trabajó, años antes, como dibujante “por horas”). Fue candidata y resultó electa Diputada Federal, cargo que desempeñó tres meses (subió dos veces a tribuna, presentó una iniciativa de ley que no prosperó, y asistió a seis sesiones de comisiones) antes de convertirse en candidata a la alcaldía. Pese a que todas las encuestas le daban una ventaja de 20 a 25 puntos porcentuales (lo que hubiera representado entre 40 y 50 mil votos de diferencia), ganó la alcaldía con 9 mil votos de diferencia (4%), a pesar del derroche económico y de los excesos electorales en que incurrió la mandataria estatal en su papel de comandante en jefe de la Ola Roja.

Las cifras mencionadas y las actitudes políticas que éstas suponen cobran su real importancia si consideramos el grado de postración en que se encontraba -y encuentra- el PAN en la entidad, el principal si no es que el único contrapeso que pudiera encontrar el PRivonnismo en Yucatán. Postración que corresponde al “viaje de vuelta” del péndulo ciudadano, tras el triunfo electoral en el 2001 y el desempeño frustrante de una gubernatura complaciente y aristocratizante.

Crece el rechazo al PRivonnismo

Si las percepciones del analista o del ciudadano observador no fueran suficientes para que se considerara el rechazo que despiertan ya la gobernadora y su desempeño como uno de los factores que incidirán en el proceso electoral del 2012, podríamos remitirnos a los resultados que arrojaron las elecciones de mayo pasado para destacar que el PRI no pudo alcanzar siquiera las cifras reportadas apenas un año atrás, una elección federal intermedia con baja participación del electorado. El abuso insultante de recursos, la impunidad brindada por órganos y funcionarios electorales “maiceados”, la inmunidad con que actuaron mapaches y operadores electorales, todos esos factores agregados no fueron suficientes para esconder el “no” de una sociedad que se muestra ya harta de los excesos.

Los resultados obtenidos en las pasadas elecciones locales, las intermedias en el gobierno de Ibom Ortega, dejan saber que el “bono de gracia” que el electorado concedió a la candidata, mujer joven y ocurrente, ya se agotó. Que la estrategia mediática en que se apoya la gobernadora Ortega Pacheco ya alcanzó su cima y se encuentra en fase de saturación. El voto “anti” que supo atraer Ibom Ortega como candidata, en 2007, pasó de la expectativa al desencanto y avanza a la indignación. El sentimiento “anti” ahora se dirige y refuerza en contra de la gobernadora y de sus excesos. Y pieza fundamental de sus excesos son la manera como se imponen los candidatos y se realizan las campañas del PRivonnismo.

Con este panorama enfrente, la dirigencia nacional del PRI y el equipo de su candidato a la Presidencia habrán de decidir si le “entregan” los destinos electorales de Yucatán a su arrebatada gobernadora, con todos los riesgos que eso entrañaría o si deciden hacer lo que no se hizo el año que corre en Oaxaca, en Durango, en Hidalgo, en Sinaloa o en Puebla: ponerle límites a los excesos del gobernante en turno y optar por un candidato (o candidata) aceptable para la sociedad y para el propio PRI, que tanto lo necesitará de cara a la contienda presidencial.

Inminente formación de un Frente Electoral Ciudadano

A las disputas internas, con riesgo de volverse fracturas, y a las presiones de carácter nacional que enfrentará el PRivonnismo, habría que sumar la posibilidad de que se conformara en Yucatán un frente electoral anti-autoritario, un frente ciudadano contrario al PRivonnismo. Posibilidad que meses atrás parecía remota pero que, después de las elecciones de mayo último y de los sorprendentes resultados obtenidos en los procesos estatales del 4 de julio, ha cobrado visos de realidad en la política yucateca.

Las alianzas alcanzadas por los partidos que integral el DIA (PRD, PT y Convergencia) con el PAN, a nivel local, han permitido constatar a partidos y dirigentes el enorme respaldo que pueden encontrar cuando son las expectativas de la propia ciudadanía las que definen al candidato y determinan las prioridades sociales que habrán de convertirse en compromisos de gobierno.

Esa posibilidad no sólo se contempla en Yucatán, avanza y se acerca día con día, crece la posibilidad de concretarse con cada evento de corrupción que trasciende, con cada nueva mentira que se propala, con cada nueva campaña mediática que se despliega con los recursos del pueblo, se reafirma y amplía con la reiterada e indignante sumisión que guardan en el Congreso, en el Ayuntamiento y en el Cabildo meridano, en el PRI, a los caprichos reiterados y a los excesos insospechados de Ibom Ortega. Al tiempo…

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