El equilibrio en el IFE
Juan Reyes del Campillo

El Instituto Federal Electoral, como activo fundamental de nuestra transición, cumplió veinte años de ser un organismo en constante revisión y movimiento. Ha sido, desde luego, una vida de claroscuros que en momentos ha funcionado como un aceitado motor para impulsar la democracia y en otras como una institución que, nadando de muertito, se ha dejado llevar por la corriente. Pronto, hacia fin de mes, habrá el reemplazo de un tercio del Consejo General, su instancia máxima de dirección.

Con la renovación de 2003 y el fracaso de esa dirección para conducir la competida elección de 2006, en la última reforma electoral se tomó la decisión de ir cambiando a los consejeros por partes. De los integrantes que iniciaron hace siete años, cuando se marginó al PRD en la construcción del acuerdo para renovar el Consejo, ahora toca el turno de renovar a los tres últimos. Entonces entre el PRI y el PAN se repartieron las nueve posiciones del Consejo, lo cual fue en esencia lo que trastocó la credibilidad, la imparcialidad y la objetividad de sus decisiones.

Es importante recordar que la reforma de 1996 modificó de raíz la forma de tomar acuerdos en la institución, al transferirse de la estructura operativa a los cuerpos colegiados las decisiones más importantes. Pero cuando se eligió al Consejo General de entonces, se estableció un equilibrio en donde ninguno de los partidos propondría a una mayoría de sus integrantes, con lo cual se evitaría que una fuerza política tuviera por sí misma el control del instituto. Ello propició la negociación, la mesura y un amplio entendimiento por encima de la imposición, el radicalismo y la ruptura.

Entonces, ese equilibrio aumentó la credibilidad, la confianza y el reconocimiento de la institución. Se tomaron decisiones difíciles, pero siempre en el ánimo de blindar al organismo electoral de las presiones políticas partidarias. Al no haber una mayoría prefigurada los acuerdos se conducen y se alcanzan por consenso, en el ánimo de poner la legislación siempre por encima de cualquier interés particular.

Pero ante la próxima renovación se vierte sobre el IFE el peligro, el nubarrón ante el intento de ponerlo en simetría con un partido político.

Hace unos días Miguel Ángel Granados Chapa, quien de esto algo sabe por haber sido integrante del Consejo General entre 1994 y 1996, señaló que dos de las tres propuestas serían del PRI y una del PAN, dejando fuera cualquier intento del PRD de proponer a algún consejero. No obstante, con ello se buscará romper con el equilibrio y se intentará someter a la institución.

Es válido preguntarse si los consejeros deben ser confiables para los partidos políticos o deben serlo para la democracia. Es cierto que los partidos proponen y eso no va a cambiar por más intentos o promesas de buena voluntad. Si la cámara de diputados es la que decide por mayoría calificada, entonces habrá que asumir que los principales partidos van a proponer y a resolver sobre los nuevos integrantes. Por ello, y ante la exigencia de un mayor equilibrio y una renovada confianza en la institución, es importante no ceder ante cualquier presión que pretenda suprimir la independencia y la imparcialidad del instituto.

Para la renovación de fin de mes se han inscrito 144 ciudadanos  que cumplen con los requisitos formales para poder incorporarse. La lista, por decir lo menos, es en principio débil, más por su número que por la calidad de sus integrantes. Hay varios prospectos que se inscriben por primera ocasión y otros que se han anotado más de una vez. Pero a diferencia de los dos procesos anteriores los candidatos son muchos menos y hay entonces poca tela de donde cortar. Hay que señalar que muchos terminan por hacer el caldo gordo a los pocos que se encuentran en condiciones reales de arribar al Consejo General, los cuales se caracterizan por tener vínculos muy sólidos con los partidos políticos.

La decisión de quienes terminen por proponer y definir a los consejeros del IFE es y será muy importante hacia la elección presidencial de 2012. Esta será, sin duda, difícil y  competida, con lo cual se requiere de una institución fuerte, unida y capaz de resistir a todo tipo de presiones. Por ello, la pluralidad en el origen de sus integrantes es la garantía de armonía, de los contrapesos que proporcionan fortalezas y de las decisiones que se caractericen por su ecuanimidad.

Nadie en su sano juicio puede desear o estar pensando en otros seis años de disputas por la legitimidad de la elección. Las elecciones de 2006, más allá de si hubo o no fraude, no fueron limpias. La intervención del presidente Vicente Fox o la participación ilegal de algunos empresarios, fueron posibles ante una institución débil.

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