Persecución y hostigamiento

Luis Miguel Rionda

León, Guanajuato.- El ayuntamiento del municipio de Guanajuato se ha enredado en un breñal impresionante de confusión, contradicción y desatino. La falta de oficio político de sus principales ediles mantiene la comunicación con la sociedad local y sus organizaciones en un permanente litigio público, primero en los medios de comunicación, y de ahí a los tribunales. Los tres abogados que conducen el cabildo se asumen en barandilla permanente, y toman la crítica como ataque personal, estallan en cólera y pierden los estribos. Han olvidado que son, antes que funcionarios, servidores públicos que se deben a los ciudadanos electores que los pusieron en esos cargos.

El cuidado de los bienes e intereses públicos no puede estar a cargo únicamente de los gobernantes. La democracia moderna se basa en el principio de representación, que indica que la ciudadanía delega funciones de administración y cuidado del interés público en los titulares del poder social, pero no renuncia a su soberanía original y a su derecho de vigilar la actuación de las autoridades electas. No hay “carta blanca” alguna en el hecho de que los gobernantes reciban la encomienda de tomar decisiones que busquen el bien común. Y para ello se les dota de facultades y recursos, que de ninguna manera son omnímodos.

La nueva cultura política que ha surgido en el país desde 1988 con el mega fraude electoral de ese año, ha forjado una nueva clase ciudadana, participativa y en expansión. Los mexicanos de la segunda década del tercer milenio no nos parecemos ya a los “mexicanos de los noventa” que retrató el libro de Ulises Beltrán y otros (UNAM, 1996). Mucho menos nos parecemos a los mexicanos de los sesenta, que vivían atrapados en la cultura política del súbdito, que retrataron Almod y Verba (The Civic Culture, 1963) en su revisión clásica en cinco países.

Los mexicanos de hoy, sobre todo de clase media, rechazamos el autoritarismo de la posrevolución. De igual manera rechazamos los nuevos autoritarismos de izquierda y derecha, que se han agazapado en los partidos políticos. Es bien sabido que los autoritarismos más cerriles se gestaban –y se gestan- a nivel municipal, que ha padecido caciquismos tipo don Perpetuo del Rosal. De ello eran conscientes incluso los presidentes más autoritarios, como Calles, que los combatieron.

Resulta que el secretario del ayuntamiento –el padre‑, el síndico –el hijo‑ y el propio alcalde -¿el espíritu santo?- de San Guanajuato, Cuc, amenazaron y cumplieron con presentar una demanda contra el joven empresario Alejandro Navarro, a quien el primero calificó en entrevista como “muchachito estúpido”, ofendiendo la dignidad del presidente de la asociación civil “Guanajuato Somos Todos”, organización que es resultado directo del movimiento social que le propinó tamaña zurra a la autoridad en el plebiscito del 5 de diciembre.

Se confirma que este ayuntamiento es incapaz de dialogar y de asumir con prudencia las críticas inevitables en cualquier función pública. Se han aficionado a la judicialización de sus diferencias con la sociedad, pues hay que recordar que hace un año demandaron penalmente a los líderes del Frente Cívico Guanajuatense, Eduardo Lachica y Miguel Ángel Chacón. También ha habido amenazas contra otros personajes, como el empresario Guillermo Smith, el constructor Salvador Flores, el abogado y consejero del SIMAPAG Ramón Izaguirre, y otros más –yo mismo, como lo denuncié públicamente en una nota periodística del 14 de diciembre pasado- que hemos debido soportar la altanería de personajes que se supone nos sirven.

El síndico presentó una denuncia contra Alejandro Navarro acusándolo de “difamación y calumnia” por haber afirmado que la eventual concesión del contrato para surtir de agua al SIMAPAG por parte de cierta empresa, era un “pago de favores”. Seguramente la demanda se basa en el arcaico artículo 188 de nuestro Código Penal estatal, que reza: “A quien comunique dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral de un hecho cierto o falso que le cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, se le aplicará de un mes a un año de prisión y de diez a cincuenta días multa.”

El estatuto es increíblemente vago. Tanto que cualquier miembro de nuestra sociedad cae cotidianamente en el supuesto combatido. Desde las señoras chismosas del mercado, hasta nuestros más encumbrados políticos hacen asertos que pueden estar causando alguna “deshonra” a alguien. Ya ni digamos la prensa y los medios. No por nada en el código federal se derogó desde el 2007 el delito de calumnia, con lo que se protegió la libertad de expresión y el oficio del periodismo y la opinión. Pero en Guanajuato arrastramos anacronismos como este, anticonstitucionales, que en el ámbito internacional han sido superados hace mucho tiempo.

Estoy seguro de que Alejandro saldrá airoso de este nuevo arrebato de la autoridad. También espero que él y Ramón Izaguirre presenten sus quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque en sus personas se busca cebar el odio acumulado por una autoridad incompetente y rijosa. Guanajuato Somos Todos está con ustedes.

Antropólogo social. Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus León.
luis@rionda.net – www.luis.rionda.net - rionda.blogspot.com

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