HABÍA UNA VEZ
¿Calderón encubrió a Zedillo?
Everardo Hernández Medrano

Matamoros, Tamaulipas.- Ayer comentábamos el escabroso asunto de la demanda judicial en contra del ex presidente Ernesto Zedillo y su entonces secretario particular, Liébano Sáenz, por el encubrimiento de la matanza de Acteal, Chiapas.

Bueno, pues nos quedamos cortos, porque analizando la demanda presentada en una corte federal en el estado de Connecticut, Estados Unidos, donde labora el ex presidente, resulta que hay muchos involucrados y rebota lanzando basura por todos lados con daños colaterales y toda la cosa.

Según la versión de algunos sobrevivientes, los disparos comenzaron aproximadamente a las 10:30 de la mañana de aquel fatídico lunes 22 de diciembre de 1997; las detonaciones duraron un promedio de seis horas, y fue hasta las 17:00 horas que elementos de Seguridad Publica (SP) arribaron al lugar donde se registró el derramamiento de sangre.

Mientras los paramilitares disparaban contra las mujeres y los bebes indígenas, el presidente Zedillo se reunió de las 13:08 a las 14: 23 con el entonces presidente nacional del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, con quien supuestamente acordó  apoyo político para evitar que la matanza afectara a los empresarios y a la economía del país.

Después de reunirse con Calderón el presidente Zedillo se fue a comer muy tranquilo y luego de las 18:10 a las 19:10 horas, recibió a la dirigente nacional de la CNOP, la maestra chiapaneca Elba Esther Gordillo, quien le ofreció total apoyo sobre el asunto de Acteal.

De las 19:15 a las 20:18 recibió al político panista Carlos Castillo Peraza, a quien presuntamente le comentó el incidente y le pidió apoyo para que los viejos panistas no politizaran el asunto y luego le habría entregado un sobre con dinero como regalo de navidad.

Después de merendar, de las 20:22 a las 21:40 horas, se reunió con el dirigente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, con quien también discutió el asunto de Acteal y con  esa audiencia culmina la agenda presidencial de ese fatídico día y Zedillo se fue a pernoctar muy tranquilo.

Además, la Corte federal de Connecticut recibió pruebas de que Zedillo presuntamente conspiró con Jorge Madrazo Cuéllar, entonces titular de la Procuraduría General de la República, para ocultar su intervención, antes y durante la masacre de Acteal.

Como parte de ese “encubrimiento”, alrededor de 128 personas fueron detenidas y arrestadas cerca de Acteal.

En octubre de 2007, 34 fueron declarados culpables de crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y muchos fueron condenados a 26 años de prisión.

En agosto de 2009, sin embargo, la SCJN revocó condenas a 20 de ellos, debido a la mala conducta del fiscal, incluidas las pruebas de fabricación y violaciones de la ley penal y constitucional, y ordenó que los prisioneros fueran  liberados después de 11 años.

La demanda, cuyos documentos  exponen: “El encubrimiento continuó por años y después de que Zedillo dejó el poder en 2000.

Por ejemplo, un fiscal especial designado en 2007 para investigar la masacre de Acteal fue impedido por el ministro de Justicia de Chiapas para  no tomar el testimonio personal de Zedillo y del jefe de su staff, Liébano Sáenz.

No fue sino hasta agosto de 2009 que la SCJN reveló estos hechos críticos cuando finalmente se conoció la verdad de este encubrimiento”.

“Los Ministros de la Primera Sala de la SCJN votaron por una abrumadora mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra por la liberación de los presos.

En su resolución, los Ministros pusieron en evidencia la conducta indebida del Gobierno Federal encabezado por el Presidente de la República, así como de la
Procuraduría General de la República, la cual atrajo el caso al fuero Federal poco después de los hechos.

De acuerdo a la resolución de los Ministros, la PGR violó gravemente las garantías del debido proceso de los acusados pues podría haber fabricado pruebas, y otras las habría obtenido de manera ilegal en testimonios fabricados y cometió así un cúmulo de irregularidades. Con la resolución de la Corte, los presos fueron puestos en libertad de inmediato”

En el sexenio de Vicente Fox(2000-2006) siguió el encubrimiento en señal de gratitud por la ayuda que Zedillo y Liébano prestaron a la causa del PAN y los reclamos de los indígenas chiapanecos fueron ignorados repetidamente.

A pesar de que la resolución de la SCJN se dio en agosto del 2009,  Felipe Calderón se negó a procesar a Ernesto Zedillo, argumentando que fue de gran ayuda al PAN en el 2000.

Familiares de los indígenas asesinados acusaron a militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de las comunidades de: Los Chorros, Puebla, Pechiquil y Quextic de ser los ejecutores de la masacre.

El consejo autónomo de Polhó aseguró que fueron por lo menos 50 hombres fuertemente armados, con los rostros cubiertos, a bordo de camiones de tres toneladas, quienes accionaron armas AK-47 y AR-15, en contra de los reunidos en la ermita.

Según versiones, la información de los grupos de inteligencia del gobierno revela que después de haber sido asesinadas las mujeres, fueron desvestidas y les mutilaron los senos.

A una le metieron un palo en medio de las piernas y a las embarazadas les abrieron a machetazos y les sacaron sus hijos como fue el caso de Catarina Luna Pérez, con cinco meses de embarazo, quien recibió cinco machetazos.

Juana Pérez Pérez, muerta con las vísceras expuestas, con un balazo en el tórax y 28 semanas de embarazo, y Guadalupe Gómez, una bebé de 11 meses, a quien le machacaron el cráneo, todos ellos se encontraban orando por la paz cuando les llegó la muerte. 45 víctimas en total.

Les comentaba al principio que en este juicio sale excremento para todos lados, por ejemplo en primer lugar sale afectado el PRI y su pre candidato Peña Nieto, pero hay más, mucho más.

En segundo lugar, el ex presidente del PAN Vicente Fox y el actual presidente de la república, Felipe Calderón, por encubrir a los anteriores. ¡Oh my God!

Como pillos menores, pero no menos culpables de encubrir el genocidio, anote al ex secretario de gobernación, Emilio Chuayfet Chemor, del grupo de Peña Nieto; el ex procurador, Jorge Madrazo Cuéllar, y el ex gobernador de Chiapas, César Ruiz Ferro, Elba Esther Gordillo, Carlos Castillo Peraza y Mariano Palacios Alcocer.

Aparte de una posible venganza de CSG, ¿quien sale ganando con este juicio? Pues para empezar, el inefable Andrés Manuel López Obrador y su carnal  Marcelo Ebrard, ni más ni menos, pero nadie ha dicho ni pío.

Lo más penoso es que estos indígenas afectados hayan tenido que ir a otro país en busca de justicia porque en México se las negaron de manera reiterada priistas y panistas.

Ahora cuando el presidente Calderón se queje de la impunidad del pasado, recuérdenle su participación en el encubrimiento del caso Acteal.

ehernandezm03@hotmail.com

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