Impuestos a los más ricos, o deuda para todos
Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- En este verano pareciera que en algunos países las ideas económicas salen de la ortodoxia neoliberal para buscar salidas a los problemas del déficit fiscal. La encrucijada de este déficit común a todas las economías puede sintetizarse en una pregunta: ¿cómo lograr mayores recursos para atender las necesidades crecientes y apremiantes de los ciudadanos, y en última instancia, de las mayorías electorales? Esa es la pregunta que quita hoy el sueño al demócrata Barack Obama y al socialista José Luis Zapatero. Ambos tienen en puerta procesos electorales que pondrán en juego la reelección de sus partidos, pero ambos tienen una economía débil y desempleados aumentando en forma exponencial. Pero, estos personajes, ¿dónde se encuentra las novedades para atender el problema de las finanzas públicas?

Los demócratas estadounidenses proponen recaudar miles de millones de dólares por medio de mayores impuestos a las grandes fortunas, y de esta forma financiar su programa de empleo que vendría a paliar la demanda de millones de personas que la crisis puso fuera del mercado laboral.

Los socialistas españoles, en cambio, plantean recuperar una ley que estuvo vigente hasta 2008, y tuvo como objetivo recaudar en los siguientes dos años, cientos de miles de millones de euros vía el “impuesto al patrimonio”.

Hay dos preguntas que asaltarían a cualquier observador de estas iniciativas recaudatorias que están suscitando intensos debates parlamentarios y mediáticos: ¿en qué consisten estas medidas destinadas a cobrarles más a quienes más tienen?, y por qué en México, con problemas estructurales seguramente más graves y una elección presidencial en puerta, ¿por qué hasta ahora al grupo gobernante no se les ocurre tomar prestada esta idea y por esta vía drenar al gobierno capital económico y político? Más, cuando nuestro país es uno de los que recaudan menos y se sostiene principalmente por el ingreso de divisas provenientes del petróleo y remesas internacionales.

Ley de impuesto al patrimonio
Este impuesto que se aplica en varios países, entre ellos Colombia y Uruguay, estuvo vigente en España desde 2001 hasta el 2008. Fue una iniciativa del conservador José María Aznar, como Presidente del Gobierno entre 1996 y 2004. Sin embargo, luego del mal manejo de los acontecimientos terroristas del 11 de marzo de 2004, el Partido Popular pierde las elecciones y llega a la Moncloa el socialista José Luis Zapatero. Este no toca el impuesto hasta 2008, cuando observan que pegaba a la clase media el orgullo del socialismo español.

Como lo dicen hoy algunos analistas, nadie en aquel momento imaginaba que luego la economía entraría en una etapa recesiva y a vuelta de dos años la situación se tornaría insostenible. Cinco millones de desempleados y un gobierno incapaz de cubrir sus salarios se volvió una bola de nieve que estalló con las manifestaciones en las principales plazas españolas. Ante todo en la madrileña Plaza del Sol, donde decenas de miles de jóvenes llegaron y se instalaron para protestar por la conducción económica del gobierno socialista. Y no para.

El problema social se transformó en político. Así, en las pasadas elecciones autonómicas y municipales la gente se volcó en contra de los candidatos socialistas más que a favor de los populares, aunque estos fueron los grandes ganadores. Ahora, a menos de dos meses de las elecciones parlamentarias de donde saldrá el próximo Presidente del Gobierno, los socialistas toman la iniciativa y recuperan el llamado impuesto al patrimonio. Que a decir por la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos  pretende gravar los patrimonios superiores a los 700 mil euros –a tipo de cambio actual es algo así como 12 millones de pesos.

Según la iniciativa pretende “reforzar el equilibrio de las finanzas públicas distribuyendo la contribución a este objetivo de forma más solidaria y equitativa". Además, dice la Comisión “el motivo principal de esta medida es poder superar la crisis económica presente para así poder cumplir con los objetivos de estabilidad asumidos por España” frente a la Unión Europea.

¿Será?, o estamos ante un acto desesperado, para recuperar lo más que se pueda del electorado de izquierdas. Ya veremos.

Ley Buffet
Esta ley que lleva el nombre del multimillonario Warren Buffet, oráculo del presidente Obama, busca que todos aquellos estadounidenses que tienen al año ingresos superiores a un millón de dólares –algo así como 12.5 millones de pesos- paguen el mismo porcentaje en tributos que el estadounidense medio.

Y es que como se argumenta, de acuerdo al trato fiscal diferenciado, "Buffet paga menos impuestos que su secretaria". La deducción para los primeros se sitúa en el 15%, mientras que para los segundos el pago de impuestos puede ir desde el 10 al 35%.

Según Buffet,  desde “1992 los 400 estadounidenses más ricos pasaron de pagar un 29,2% de impuestos al 21,5%, mientras sus ingresos totales crecían exponencialmente (de 16.900 millones de dólares a 90.090 millones) haciéndoles todavía más ricos”.

De aplicarse esta ley que tiene en contra a los congresistas republicanos que sostienen la máxima de “ningún impuesto más”, y recomiendan que si Obama quiere reducir el déficit fiscal –que, por cierto, mucho le debe a los gastos militares de George Bush- lo que tendría que hacer es “realizar recortes al gasto social”.

De aprobarse la ley Buffet, “afectaría al 0,3% de los contribuyentes, unas 450 mil personas y se le plantearía al "supercomité" del Congreso de los Estados Unidos que está obligado a presentar antes de finales de noviembre una fórmula para paliar el déficit y ahorrar un total de tres billones de dólares en los próximos diez años”.

La Casa Blanca ha calculado que podría recaudar 467.000 millones de dólares para financiar su plan de empleo. Pero no será fácil, los argumentos en contra de estas medida excepcionales, van desde aquellos que combaten la idea de que los más ricos “no sólo ganan dinero con sus inversiones, donde la tasa impositiva es más baja, sino también de sus salarios, y por tanto pagan el 35% de sus sueldos como el resto de los estadounidenses que tienen una buena posición”, hasta el señalamiento que el problema se creó con las desgravaciones “que han ayudado a cavar el déficit estadounidense a lo largo de los últimos 25 años y que han complicado singularmente el código fiscal”.

Finalmente están aquellos que sostienen “que los impuestos sólo representan ahora el 14% del PIB, el nivel más bajo desde 1948. Una vez incluidos los descuentos (por familia numerosa, para pagar los estudios, etcétera), ningún político se atreve a sacarlos. Por este concepto se calcula que las familias estadounidenses habrían recibido algo más de un billón de dólares en descuentos fiscales y pagaron esa misma cantidad, por lo que el gobierno estaba devolviendo prácticamente lo mismo que percibía”.

Obama no la tiene fácil, sobre todo cuando los republicanos saben que si le autorizan el bono para el endeudamiento las cosas irán mejor en las elecciones de 2012, y eso claro ellos no lo quieren.

Ley de Herodes
En México, la agenda gubernamental no parece tener como principal guía el problema del déficit –aun cuando lo es para millones de personas, que mal llevan la vida con salarios raquíticos y sin muchas esperanzas de mejorarlos-, sino el de la seguridad. A ese renglón se destinan cantidades fabulosas de los presupuestos federales y estatales, con resultados más que dudosos. Las ciudades siguen siendo inseguras y el riesgo de ser asalto en cualquier esquina, es muy alto. No obstante, seguramente el costo es mucho menor si se tuviera que gastar en satisfacer la demanda de empleo o por el pago del desempleo (el llamado “welfare state” estadounidense), por eso la presión sobre Felipe Calderón es mucho menor a la que están sujetos Obama y Zapatero.

De ahí que las medidas económicas nunca lleguen a ser drásticas y se sostengan por medios tradicionales, ya sea vía los contribuyentes cautivos o los empréstitos públicos. Para no ir muy lejos, véase cómo el gobernador de Sinaloa resuelve el problema de liquidez, agregando deuda por 2 mil 600 millones de pesos a los más de 45 mil millones del presupuesto de este año.

Allá en los Estados Unidos de América los congresistas republicanos se oponen a un mayor adeudo, y aun cuando es cuestionable moralmente su exigencia de recortar el gasto social, aquí el apoyo de todos fue decidido aun cuando comprometa el futuro financiero de cualquier partido que gobierne en las próximas décadas.

Los acotamientos legales del poder legislativo, hoy sabemos que no lo son. (Por ejemplo, la exigencia de que los ayuntamientos coparticipen en la inversión de obra pública, que se supone de acuerdo al decreto no deben poner dinero de sus finanzas.) No se diga el gasto suntuario de compra de un avión sin licitar y que costará a los contribuyentes 1 millón 800 mil  dólares.

Esta vía de combatir del déficit público, aun con los costos mediáticos, siempre será más barata que pensar cobrar más impuestos a los que proporcionalmente menos pagan a la hacienda pública.

Es la diferencia, entre gobernantes con y sin contrapesos legislativos y sociales.

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