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Participación durante la comparecencia del Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca C. Procurador de Justicia en el Estado El apartado V denominado Justicia y Seguridad del supuesto quinto informe de gobierno del señor Ulises Ruiz Ortiz hasta hoy impune gobernador del Estado, es omiso en señalar las graves violaciones a derechos humanos que este gobierno comete en contra de la población, es totalmente cuestionable la discrecionalidad con la cual se manejan las partidas presupuestales que se destinan a la inoperante dependencia a su cargo en muchos casos, la cual constituye un verdadero obstáculo cuando el pueblo clama el castigo para los servidores públicos que protegidos desde el poder estatal cometen diversos delitos, solo por citar enumeraré algunos de los muchos casos que permanecen sin resolver: • La desaparición de VIRGINIA y DANIELA ORTIZ RAMÍREZ, desaparecidas el 5 de julio de 2007 cuando se trasladaban de una comunidad a otra en la región Triqui, la primera maestra bilingüe de 20 años, y su hermana Daniela, estudiante de secundaria, entonces con 14 años de edad. • Tortura y Homicidio del ciudadano ALFREDO ERRESTRE VAZQUEZ, baleado y muerto por elementos del ejército el día 13 de octubre del año en curso en el municipio de San Blas Atempa, distrito de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. • Tortura y ejecución extrajudicial de ROSALlNO DIAZ BARRERA, a manos de los gatilleros de Agustina Acevedo el día 30 de enero del presente año en San Blas Atempa en la región del Istmo, las supuestas investigaciones de la Procuraduría han sido el olvido y la indiferencia. • Lesiones y amenazas en perjuicio del Presidente Municipal de Zimatlán de Alvarez, FELIPE FLOREÁN MÉNDEZ, quien recibió varios golpes en el rostro y cuerpo, hechos encabezados por David Concha Suárez, funcionario del programa de unidades móviles, denunciado por el munícipe con anterioridad ante la PGJE por amenazas de muerte, sin que a la fecha se haya dado algún resultado. • Mención especial merecen los delicadísimos casos de pederastas en los colegios de SAN FELIPE, ETLA y OCOTLAN (colegio Guadalupe), cuáles son los avances a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en estos casos y señaló la negligencia de la Procuraduría en la investigación. Hace tres años el gobierno mexicano optó por una salida violenta al conflicto social que vivía Oaxaca desde el desalojo del magisterio del zócalo de la ciudad, el 14 de junio de ese año. La brutalidad de la actuación de la Policía Federal Preventiva (PFP) el 25 de noviembre, ha sido uno de los momentos de mayor violencia que el Estado ha desatado contra la población civil en nuestro país. Ese día 149 personas fueron detenidas con lujo de violencia, golpeadas, amenazadas, torturadas y remitidas a los penales de Tanivet Tlacolula y de Miahuatlán, y un día después 141 fueron trasladadas ilegalmente al CEFERESO de San José del Rincón en el estado de Nayarit, sin informarles a donde los llevaban, tampoco fueron informados sus familiares y abogados defensores. Gracias al trabajo de defensa legal que compañeros abogados y abogadas emprendieron desde el mismo día de la detención, así como al amplío apoyo y solidaridad del movimiento social, sindical, y de diversos sectores, poco a poco fueron liberados, pero siguieron sometidos a un proceso penal plagado de irregularidades. Finalmente, el Estado no pudo comprobar la culpabilidad de ninguno de ellos/as y obtuvieron su LIBERTAD ABSOLUTA a través de sentencias de Amparo en donde se reconoció su INOCENCIA. La impunidad, la fabricación de culpables y la indiscriminada liberación de órdenes de aprehensión y otros actos de hostigamiento contra líderes sociales y comunitarios, configuran en Oaxaca una política parapolicial y represiva de las garantías constitucionales, las garantías de derechos indígenas y derechos humanos que Usted dice defender. Para concluir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en su resolución del Caso Oaxaca, dada el pasado 14 de octubre, las graves violaciones a las garantías individuales que hemos estado denunciando conjuntamente. Y que hoy la Procuraduría a su cargo puede y debe hacer valer ante la autoridad judicial con la finalidad de exigir justicia y no permitir la impunidad, en este sentido le pregunto ¿Por que la Procuraduría del Estado no ha consignado a los responsables de la muerte de más de 26 Oaxaqueños asesinados en el conflicto social del año 2006? Considerando que los homicidios se persiguen de oficio, ¿Qué nos puede informar acerca del esclarecimiento de los siguientes casos? - En el asesinato del Prof. Leoncio Martínez Juárez, Sindico Municipal de San Pablo Coatlán. ¿Quiénes fueron los autores materiales e intelectuales? - La autoría intelectual del homicidio de Beatriz López Leyva, en el Municipio de San Pedro Jicayán, Jamiltepec, Oax. - Alejandro Barrita y Aristeo López Martínez, a pesar de las atrocidades que cometieron estos negros personajes contra activistas del movimiento del 2006, para conocer las motivaciones políticas de sus muertes ante las investigaciones de la SCJN. ¿Qué se ha hecho? - ¿Qué se ha hecho para poner orden en la UABJO, ante las reiteradas demandas del rector de poner un alto al porrismo que a cada rato agrede la Universidad? 9 de diciembre de 2009
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