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La declaración fue hecha cuando una corte federal mantuvo el dictamen a favor de Luis Echeverría Álvarez, expresidente, que establecía que no había suficiente evidencia en su contra para continuar con su proceso por genocidio con relación a la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, Cd. de México, en 1968.
El fracaso de este último caso es un síntoma de la incapacidad de sucesivos gobiernos y legislaturas mexicanas, así como de las cortes y procuradores, de mantener y cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Los graves crímenes del pasado no sólo se evaporan con la incapacidad del Estado de procesarlos, sino que dejan un legado de impunidad e injusticia que florece en el actual clima de violencia e inseguridad. México no podrá avanzar si no resuelve su pasado. El gobierno del presidente Calderón no ha reconocido ni tratado el legado de violaciones a los derechos humanos. Es tiempo de que esto cambie y haya un esfuerzo concertado por parte de los poderes del Estado para garantizar la verdad, la justicia y las reparaciones a las víctimas y sus familias.
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Con su incapacidad de llevar ante la justicia por prácticamente cualquiera de los cientos de desapariciones, asesinatos y casos de tortura cometidos durante la guerra sucia en las décadas de los 60, 70 y 80, las autoridades mexicanas están condonando de hecho estos abusos, dijo hoy Amnistía Internacional. 
“Los graves abusos a los derechos humanos cometidos en el pasado reciente en México continúan ensombreciendo el presente,” dijo Kerrie Howard, Subdirectora para las Américas de Amnistía Internacional. “La negación de justicia, verdad y reparaciones a las víctimas se repite diariamente al tiempo que la impunidad por estas violaciones sigue siendo el principal obstáculo para el establecimiento de instituciones de justicia confiables y capaces de mantenerlos estándares de derechos humanos y de proteger a los ciudadanos.” 
