Los días 27, 28 y 29 de Marzo del 2009 en la Casa de la Iglesia, de la Ciudad de Oaxaca, se realizó la XXXVII Asamblea de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, donde se compartió información sobre las diferentes situaciones que se viven en los estados de la república mexicana en cuanto a la vigencia de los Derechos Humanos.
De acuerdo con la información que recibieron de lo que sucede en Oaxaca y en el marco de su campaña “Protestar es un derecho, reprimir es un delito", señalan que en Oaxaca y otros estados se sigue aplicando la política de criminalizar la protesta social y que se utiliza la ley para castigar y acallar las voces de personas y organizaciones que reclaman investigación y justicia respecto a graves violaciones a derechos humanos, y también se niega la atención a las diversas demandas sociales, lo que origina la movilización.
Por ello las 65 organizaciones de derechos humanos que integran la Red Nacional Todos los derechos para todas y todos, hicieron el siguiente pronunciamiento:

• Que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca realice una investigación, seria, objetiva e imparcial con respecto de la desaparición y tortura sufrida por Marcelino Coache Verano así como las amenazas en contra de su hijo Edgar Coache Rivera.

• Que esa investigación realizada dé lugar a la identificación, detención, juzgamiento y castigo de los responsables, todo esto con estricto apego a Derecho.

• Que también se garantice efectivamente el estado de salud física, mental y psicológica de la familia Coache Rivera.

• Exigimos al Congreso Local del Estado de Oaxaca que, antes de aprobar una ley que regule las marchas y movilizaciones, apruebe una ley que castigue penalmente la política de oídos sordos de los funcionarios que desatienden la solución auténtica de las demandas sociales, y que con esa actitud criminal provocan que toda la sociedad padezca las protestas de quienes no son atendidos.

• Ante la cercanía de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de las investigaciones por las violaciones cometidas en el 2006 en el Estado de Oaxaca, exigimos a los Ministros y Ministras que dictaminarán, que sean sensibles y abiertos para atender los reclamos de justicia que la sociedad anhela, y que asuman que su actuación puede contribuir a crear confianza en nuestras instituciones sólo en la medida en que pongan un alto a la impunidad y hagan posible que la justicia en Oaxaca, sirva para proteger a los ciudadanos y para castigar a quienes abusan del poder. Esperamos que, más grande que las presiones económicas y políticas que reciben, sea su convicción y opción por la justicia.

Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos

Marzo, 2009. Oaxaca

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