UN POCO DE CORDURA*
Guillermo Almeyra

Si un esquimal desembarcase en México, creería que el centro de la vida nacional y de la preocupación popular son las elecciones, pero éstas son, simplemente, la densa polvareda que oculta lo que está sucediendo en el país y enceguece a sus habitantes.
Por supuesto, sé que el control por el gobierno clerical reaccionario de las cámaras le permitiría cubrir, con la ficción de un manto legal, cualquier atropello a la Constitución y todas sus violaciones de los derechos ciudadanos y humanos en general. Por tanto, si usted conoce a un candidato honesto y que tenga claro qué debe impedir y qué defender, vótelo; o si alguien cree, con razón, que todos los partidos son defensores del sistema, que es precisamente lo que hay que tirar al basurero de la historia, y quiere ayudar a que las urnas se llenen de votos nulos, programáticos o simplemente “de bronca” y repudio, anule su papeleta pero, por favor, en uno o en otro caso evite caer en el fetichismo y creer que un pedazo de papel va a impedir por sí solo los planes de delincuentes cotidianos y encallecidos, entronizados por un fraude electoral gigantesco, que se mantienen y afirman en el poder mediante la violencia y la ilegalidad.
Lo que hay que cambiar es la relación de fuerzas entre los explotadores nacionales y extranjeros y sus víctimas, entre los trabajadores y los pobres, y el gobierno del gran capital. Los votos contra la dictadura de los que legislan para ellos mismos y violan todas las leyes que protegen los intereses de la mayoría y de la nación en su conjunto, en el mejor de los casos tienen un valor propagandístico y moral. Pero lo único que puede frenar la política del grupo clerical reaccionario que gobierna al servicio del capital es la resistencia, la movilización, la organización independiente de sus víctimas y la lucha por objetivos democráticos, nacionales, que sirvan para combatir al capital.
En plenas elecciones, el gobierno ha hecho pasar una ley inconstitucional más, calcada de la de Bush, que Obama dejó sin efecto. Permitió que por simple decisión policial o militar se intercepten los teléfonos o se cateen domicilios, sin orden judicial previa. Esta medida, violentamente inconstitucional, que quebranta las más elementales libertades ciudadanas, no va dirigida contra los sospechosos de ser delincuentes sino contra todos los ciudadanos, que quedan en libertad vigilada, con sus derechos suspendidos y amenazados constantemente de ser víctimas de un secuestrador informado por los que controlan su teléfono, de un asalto o un asesinato organizado desde las llamadas fuerzas de seguridad o de medidas policiales so pretexto de combatir a los narcos decididas por sus adversarios políticos.
Este atentado a la Constitución y a los derechos ciudadanos, aunque por sí mismo anula la legalidad de la campaña electoral, no levantó alguna protesta importante de ningún partido. Sin embargo, el gobierno hace política con la policía, deteniendo funcionarios en las regiones opositoras y hasta allanando las casas de gobierno, utiliza al Ejército, degradando sus funciones a las de policía, avala una justicia de clase y corrupta en sus fallos aberrantes que cubren a los mandantes y los ejecutores de las violaciones masivas de jóvenes y señoras, los asesinatos, la más cruel represión a los campesinos, como los de Atenco.
Sin embargo, mientras el gobernador asesino de Oaxaca está libre y los lazos de los Salinas de Gortari con el narcotráfico son ventilados públicamente por un ex presidente sin que nadie en el gobierno investigue nada, los agentes del capital en el poder condenan a 113 años de cárcel o a 63 años a los que califican de “líderes” de Atenco, para disuadir y aterrorizar a todos los que piensan resistir su política de hambre y de despojo.
No es posible cultivar la ilusión de que un gobierno nacido del fraude, que usa la violencia como política, sea democrático y permita elecciones libres en 2012. ¡Hay que cambiar la relación de fuerzas sociales mediante un amplio frente de todas las organizaciones por la libertad de los presos políticos y sociales; la defensa de los derechos ciudadanos, hoy pisoteados e ignorados; una política de creación de empleos; un aumento inmediato de los ingresos de los jubilados y los más pobres; leyes de emergencia que impidan suspender o despedir de sus empleos a los trabajadores, y por un plan de apoyo a los campesinos y de defensa de los recursos energéticos y naturales!
En las regiones más afectadas por la caída de las remesas, en las que los campesinos más pobres reciben un nuevo golpe, es posible organizar comités amplios que organicen autónomamente el territorio y los recursos, aseguren solidaridad a los afectados por la crisis provocada por el capitalismo y unir entre sí estos comités para el desarrollo local (si después respaldan sus acciones de modo electoral debe ser algo totalmente secundario).
El gobierno y las cámaras son fruto del fraude y, por consiguiente, están deslegitimados. La legitimidad está en manos de quienes hacen vivir este país a pesar del gobierno clerical reaccionario y de los capitalistas, pero la legitimidad sin fuerza social que la haga valer no basta. Si una empresa cierra o suspende al personal, puede ser ocupada y trabajar bajo administración de sus trabajadores, como sucede ahora mismo en Argentina. Si el gobierno decidiese desalojarlos, la ayuda de la población a los trabajadores le haría pagar caro ese intento. Decenas de Atencos impulsarían la liberación de los presos de Atenco que son rehenes del régimen. Si en todo el país millones comienzan a tomar en sus manos la solución de sus propios problemas y a organizarse y federarse, la sociedad será más fuerte y se creará poder popular. En ese caso, hasta las futuras elecciones –si se hiciesen– serán muy diferentes.
* La Jornada, 7 de junio de 2009

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