ANÁLISIS A FONDO
Primero de dicembre en vilo
Francisco Gómez Maza
La izquierda no se compromete a nada
Que evaluará la resolución del Tribunal
Ciudad de México.- Aunque pareciera que las izquierdas están divididas frente a la resolución que tome el Tribunal Electoral en torno a la calificación de la elección presidencial, ni la bancada perredista en la nueva cámara de diputados, ni la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, ni el propio Andrés Manuel López Obrador hablan claro acerca de qué harán cuando los magistrados declaren presidente electo al priísta Enrique Peña Nieto como presidente de la república.
Los más radicales, que son las bases del Partido del Trabajo, de Alberto Anaya, muy cercanos al candidato López Obrador, particularmente el ex priísta y ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, jefe de campaña del tabasqueño, y que ha tomado como suya la batalla en contra de Peña Nieto, tampoco han aclarado qué harán en concreto en el caso de que la decisión del Tribunal no les favorezca.
El dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, ha dicho que, si el Tribunal no declara la invalidez de la elección presidencial, podría darse un estallido social, lo que en la víspera conmocionó a los altos jerarcas del Revolucionario Institucional y a observadores y analistas, porque entendieron lo que querían entender, que el ex guerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre había subordinado una resolución judicial adversa a las izquierdas a la organización de un desmadre como el de 2006, con marchas y plantones que desquiciaron la ciudad de México por muchos meses.
Debe quedar claro que las decisiones del Tribunal electoral son inatacables. O sea que lo que resuelvan los magistrados tiene que ser aceptado por todos los partidos contendientes en la elección del primero de julio. El Tribunal deberá dar a conocer el fallo a más tardar el 6 de septiembre.
La incertidumbre persiste hasta el momento. Silvino Aureoles, quien fue designado coordinador de la fracción perredista para la XLII Legislatura de la Cámara de Diputados, fue entrevistado ayer en San Lázaro, luego de que se registró como diputado, y no aclaró nada. Sólo dijo: “Apenas estamos viendo qué vamos a hacer el primero de septiembre. Ahora, qué vamos hacer el primero de diciembre, todavía faltan tres meses y va a pasar mucho por revisar. Pero una vez que resuelva el Tribunal habremos de fijar nuestra postura y cuál será la ruta que seguiremos el primero de diciembre.”
“No sé si el PRD tenga un plan B. Esperemos que nos lo notifique. Vamos a esperar el fallo del tribunal y veremos qué pasa. Venimos a la cámara a buscar que transiten nuestras iniciativas de ley y de reformas legales que son demandas populares. No venimos a ser un grupo contestatario. Esa es la encomienda que tenemos.”
Pero a insistencia de los reporteros, Aureoles reiteró lo afirmado por Zambrano: “Hay en realidad un riesgo de estallido social, como lo advirtió el presidente del PRD, Jesús Zambrano. Respaldamos al líder”. Y lo mismo: “una vez emitido el fallo del tribunal, lo vamos a valorar en todos sus términos.”
Por supuesto que aclaró: “No estamos llamando a ninguna rebeldía. Lo que dijo Zambrano es que hay el riesgo y ese riesgo no depende de nosotros. Eso es un asunto de la sociedad que se ha expresado en diversas formas, que ni siquiera tienen militancia en algún partido de la izquierda. No es un asunto que nosotros vayamos a controlar, o a inducir, porque es social, que claramente expresa una inconformidad profunda por lo expresado en la jornada electoral y antes del primero de julio.”
Algunos analistas aseguran que lo que están haciendo López Obrador, el PRD y el resto de los partidos de izquierda es una labor de contención social, e inclusive hay quienes dicen que toda esta estrategia es producto de acuerdos en lo oscurito con el PRI. Vaya usted a saber. El hecho es que usted y yo tendremos que esperar a que el Tribunal dé su veredicto, para saber si se da el famoso estallido social.
Pero vayamos a asuntos más importantes como la agenda legislativa del Partido de la Revolución Democrática para intentar concretarla en nuevas leyes o reformas a la Constitución política. Esta agenda incluye los siguientes puntos:
1.- La trasparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
2.- La política económica: generación de empleo, oportunidades, crecimiento económico, la ley de coordinación fiscal, la reforma hacendaria y la revisión de otros rubros que son muy importantes como el de los órganos de competencia y regulación.
3.- La justicia. Impartición y procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional.
4.- Las propuestas de la nueva bancada del PRI las reformas estructurales en materia laboral, fiscal, energética y de protección social, la transparencia sindical y la de medios de información.
Indudablemente hay coincidencias en la temática, aunque en el fondo habrá profundas discrepancias. De entrada, Aureoles aseguró que los perredistas ni siquiera abordarán reforma alguna para imponer el IVA a alimentos y medicamentos.
“Es un falso debate pensar que grabando alimentos y medicinas se va a resolver el problema del déficit fiscal, la falta de recursos para el gobierno. Sí le entraremos al debate de una reforma fiscal por el problema de quiebra en el que está casi el 85 por ciento de los municipios, el endeudamiento feroz de las entidades federativas y, por supuesto, al tema en materia de recaudación de los paraísos fiscales, los regímenes consolidados y la ampliación de la base de contribuyentes, así como las rendijas que permiten la evasión, la elusión y el cobro de cantidades millonarias por parte de grupos o empresarios poderosos.”
Pues así está el panorama a 10 días de que se inaugure la LXII Legislatura tanto en San Lázaro como en la esquina de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes.
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