ANÁLISIS A FONDO
¿Adiós reforma laboral?
Francisco Gómez
Obtuvo rechazo general en la consulta del Senado
Si el dictamen es enmendado, a la congeladora
Ciudad de México.- Cuál será el destino de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, cuyo dictamen aprobó, en calidad de “iniciativa preferente”, la Cámara de Diputados, y se cocina, aún sin hervir, en las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos del Senado de la República.
Si los senadores ratifican el dictamen tal cual lo aprobaron los diputados del PRI y del PAN, el dictamen pasará y será promulgado para entrar en vigencia un día después de su publicación en el diario oficial de la federación.
Pero si le introdujesen enmiendas y adiciones, seguramente el dictamen pasaría a mejor vida en lo que eufemísticamente se llama “la congeladora” de San Lázaro. El dictamen tendría entonces que seguir el curso normal de cualquier iniciativa de ley o de reformas constitucionales. Y podrían pasar periodos y periodos legislativos para ser retomado por los legisladores.
De acuerdo con la reforma al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados disponen de 30 días para dictaminar y aprobar o rechazar una iniciativa preferente. Lo mismo reza para la Cámara de Senadores. El olvido, el error de la LXI Legislatura, fenecida a finales de agosto pasado, fue no prever un siguiente paso dentro del tiempo de presentación, estudio, discusión y aprobación de la iniciativa preferente para que, en caso de que fuera modificada por la cámara revisora, la cámara de origen pudiese revisar, estudiar, discutir y ratificar las enmiendas de la revisora. (Este pecado ya lo está revisando la fracción parlamentaria del PRI para que no le ocurra lo mismo a Enrique Peña Nieto, cuando presente sus iniciativas preferentes en febrero próximo, cuando se inicie el segundo periodo ordinario de sesiones.)
El tiempo vuela. Ya van a cumplirse los 30 días de que dispone el Senado para culminar su trabajo y apenas mañana martes, las comisiones del Trabajo y Estudios Legislativos revisarán el dictamen que les envió la Cámara de Diputados.
Hay quienes calculan que el dictamen no subirá al pleno senatorial antes de diez días, pero con enmiendas y adiciones. La semana pasada, el Senado recibió en cuatro audiencias públicas a representantes de organizaciones académicas, empresariales y sindicales para consultarles su opinión sobre el contenido del dictamen laboral. Casi unánimemente, los expertos y representantes del empresariado y de los gremios de trabajadores le pusieron peros a la reforma. Se hizo público un descontento generalizado con lo que aprobaron los diputados.
Inclusive, los dos organismos representativos del sector obrero del PRI, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Congreso del Trabajo (CT), que se mantuvieron silenciosamente dóciles y no protestaron durante los 30 días en que la reforma estuvo en manos de la Cámara de Diputados, cambiaron su posición y afirmaron que no existen condiciones políticas para que el Senado apruebe el dictamen.
El senador Armando Neyra Chávez, líder cetemista muy cercano al presidente electo, declaró que el equipo de transición peñanietista debería informarse bien de las circunstancias políticas del momento. Neyra Chávez pidió a su coordinador parlamentario, Emilio Gamboa Patrón, que hable con Peña y lo convenza de que no es el mejor momento para aprobar esta reforma.
El jueves pasado, en la última sesión de consultas públicas abiertas en el Senado, Neyra pidió que se retirara de la discusión la minuta, porque no beneficia en nada a los trabajadores.
Además, como lo dijo este fin de semana la senadora perredista Alejandra Barrales, secretaria de la comisión que revisa el dictamen, "si el PAN se sostiene en apoyar el tema de transparencia y democracia sindicales, coincidiría con el PRD, y así tendríamos una minuta modificada, que garantice que los trabajadores puedan votar para elegir a sus dirigentes y que estos rindan cuentas sobre cuánto entra por cuotas, así como hacer obligatorio dar a conocer los contratos colectivos de trabajo, que para muchos es un misterio". Pero tan sólo esa modificación haría que, al regresar a la Cámara de Diputados, por los tiempos el dictamen perdiera su carácter de preferente. Y adiós.
Los más radicales opositores a la reforma laboral son los sindicatos de izquierda, la UNT y el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas),
La UNT convocó ya a una huelga nacional para el 20 de noviembre próximo, en repudio a la posible aprobación de la reforma laboral. Martín Esparza, secretario general del SME, secundó la posición del movimiento obrero organizado, de realizar un paro general si los senadores ratifican lo que aprobó la Cámara de Diputados.
El líder de los electricistas dijo que todos los obreros del país serán convocados a una Convención Nacional de Trabajadores para el próximo 31 de octubre, para estallar una huelga nacional el 20 de noviembre, 102 aniversario de la Revolución Mexicana.
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) rechazaron la reforma, entre otras razones, porque anula la estabilidad del empleo con el pretexto de incrementar la productividad y ganancia empresarial; afecta a todo tipo de trabajadores: de empresas privadas, empleados federales, estatales, municipales y del Gobierno del Distrito Federal; no crea empleos sino que los abarata; facilita la imposición de bajos salarios y prolongación de jornadas de trabajo a cambio de la permanencia en el empleo; condiciona la permanencia en el empleo a quien tenga mayor productividad; desaparece los contratos de planta, al anular la premisa de que “si existe materia de trabajo subsiste el contrato de trabajo”; anula el pago de indemnizaciones por despido al prever todo tipo de contratos temporales, a pesar de la existencia de la materia de trabajo; permite abusos en los contratos a prueba, de capacitación inicial y de labores discontinuas, al poder repetirse continuamente al cambiar el tipo de contrato o actividad; legaliza las renuncias en blanco al no prohibirlas, y pulveriza el salario, volviéndolo infinitesimal al prever los contratos por horas, que no generan el pago de prestaciones sociales, entre otras razones.
Así que, por las modificaciones y enmiendas senatoriales al dictamen enviado por los diputados, y por los tiempos, la iniciativa preferente de reformas a la Ley está a punto de enfriarse hasta que llegue otro loco que pretenda recalentarlas. Y ese loco seguramente no será Peña Nieto, ya como presidente de la república.
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