Impacto de la reforma laboral en Guanajuato, I
Luis Miguel Rionda

Porque al obrero a quien Satanás le dice "ruge, levántate, incendia, asesina
y tuyo será el reino de la tierra" es preciso oponer al obrero a quien Jesús dice:
"trabaja, obedece, practica la virtud [...] y tuyo será el reino de los cielos".
Trinidad Sánchez S., "La revolución social y el trabajo cristiano", 1902.

Guanajuato.- La reforma laboral que hoy se cocina en el Senado de la República pretende actualizar una normatividad que había permanecido intocada, la Ley Federal del Trabajo, desde 1970.

Sin duda las condiciones en las que hoy se desarrolla el trabajo en nuestro país han cambiado mucho. El Estado posrevolucionario se había sustentado en el control corporativo de los grandes conjuntos y fuerzas productivas del país. Los obreros, los campesinos, las clases medias y los propios empresarios fueron impelidos a organizarse en grandes conglomerados de alcance nacional: los sindicatos y sus confederaciones; las ligas de comunidades agrarias y sus agrupaciones campesinas; las organizaciones populares urbanas, e incluso los sindicatos empresariales.

Todos los factores de la producción debían agruparse bajo corporaciones sombrilla, bajo la égida del partido de Estado que les garantizaba tanto su representación en los espacios del poder, como la atención a sus demandas más básicas, que garantizaba la legitimidad de sus liderazgos.

La capacidad del Estado benefactor-autoritario de la posrevolución de atender razonablemente los planteamientos de esos agentes de la producción le proveyó durante décadas de una peculiar legitimidad, que le permitió consolidar su dominio sobre la mayor parte de los actores políticos, y al resto se les marginó en los estrechos espacios de la oposición testimonial.

La legislación laboral mexicana tiene origen en ese gran contrato informal que acordó el Estado posrevolucionario con las agrupaciones principales de trabajadores, desde que Carranza, Obregón y Calles, cada uno en su tiempo, promovieron normatividades que protegían a los obreros y a sus corporaciones, en pago por el apoyo otorgado a la fracción constitucionalista de la Revolución.

La protección al trabajo se definió desde la propia Constitución General de la República y su artículo 123. Pero fue mediante las diferentes versiones de la Ley Federal del Trabajo (1931, 1960, 1970) que se regularon los detalles de la relación entre el capital y el trabajo, con condiciones de protección favorables a este último, pero con el costo de renunciar a la democracia en la representación obrera, así como a la capacidad de formar sindicatos y definir liderazgos sin la autorización del gobierno.

La actual reforma no busca cambiar las actuales relaciones entre el capital y el trabajo; en realidad lo que se pretende es reconocer una situación ya existente, donde menos de la mitad de la fuerza laboral de este país (42.9 millones) cuenta con la protección de las leyes, por formar parte del sector formal, pero apenas 14.8 millones de ellos están sindicalizados. Actualmente más de la mitad de la Población Económicamente Activa, en particular las mujeres y los jóvenes, se desarrollan laboralmente en el sector de la informalidad, o bien en condiciones de abierta violación a los derechos que supuestamente amparan nuestras leyes laborales.

Es el caso de la fuerza laboral en Guanajuato, donde privan las relaciones informales entre el capital y el trabajo, sin prácticamente representación sindical o contratos colectivos; vaya, ni siquiera contratos individuales que establezcan con claridad las condiciones de la relación laboral. Bien conocida es nuestra historia local de sindicatos blancos impulsados por los patrones, como la célebre Asociación de Trabajadores Guadalupanos, que tenía orígenes en las congregaciones de corte religioso de León.

En los años ochenta, investigadores del Colegio del Bajío calculaban que no más del 5% de la PEA leonesa estaba sindicalizado. Con excepción de los grandes sindicatos nacionales estatales y de industria, la clase trabajadora en Guanajuato no está organizada, así de sencillo.

Desde hace décadas priva una informalidad creciente en las relaciones laborales en sectores como el cuero y calzado, la industria textil, la metal-mecánica, la manufacturera, la agrícola y la de servicios. Ya ni mencionar el trabajo doméstico, que es campo abierto para el abuso, el acoso y la expoliación de mujeres humildes.

Pero por ahora quiero concentrarme sólo en un sector que me impacta, por vivir en Guanajuato capital, una localidad que nació como resultado de la actividad minera. El trabajo en las minas ha sido históricamente uno de los más riesgosos; hay una larga historia de abusos y explotación sobre trabajadores que arriesgan sus vidas y su integridad física cada vez que descienden a las profundas galerías de las minas de plata de Guanajuato, llenas no sólo de mineral, sino de peligros ante los cuales toda precaución puede resultar inútil.

Los mineros de Guanajuato tuvieron que pagar con sangre para poder ser reconocidos en sus derechos laborales y humanos. Una masacre perpetrada contra media docena de ellos el 23 de abril de 1937 dio pie a una nacionalización que permitió el origen de la Cooperativa Minera Santa Fe de Guanajuato, una empresa social que durante décadas no sólo garantizó a los mineros el respeto a sus derechos y a su seguridad, sino también la participación en las ganancias de la sustracción del mineral.

Desgraciadamente en los años noventa el Estado mexicano cambió su actitud ante las empresas colectivas, como las cooperativas, y no sólo dejó de apoyarlas, sino francamente a boicotear su existencia, promoviendo su privatización, que finalmente debió darse en 2006, luego de muchos esfuerzos infructuosos por preservar la cooperativa por parte de los trabajadores. Los cooperativistas vendieron barato su empresa quebrada y muchos fueron contratados por la empresa extranjera adquiriente de sus bienes, la canadiente Great Panther Silver LTD, que junto con las también canadienses Gammon Gold Inc. y la Endeavour Silver Corp. hoy explotan los fundos mineros de Guanajuato.

Aunque existe la sección 142 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, el mismo que lidera Napoleón Gómez Urrutia, su participación en la defensa de los derechos de los trabajadores de las minas ha sido prácticamente nula, incluso contraria, como ha sucedido con los trabajadores que no tienen representación alguna, como los de las empresas outsorcing. Recientemente la empresa “fantasma” Strata Outsourcing, sin mediar aviso ni liquidación alguna, dejó abandonados a 200 trabajadores que laborarían en las minas Peregrina y Las Torres. No son trabajadores sindicalizados, por lo que el sindicato no va a intervenir, y las autoridades federales del trabajo no han recibido demanda alguna. Y es que los mineros desempleados esperan ser recontratados por otra empresa outsourcing, ya que lo que quieren es trabajar, aunque sea sin derechos laborales.

(Continuamos la próxima semana…)

Antropólogo social. Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – www.luis.rionda.net - rionda.blogspot.com – Twitter: @riondal