La mensalão y sus enseñanzas
Ernesto Hernández Norzagaray
Mazatlán.- Recientemente la Corte Superior de Justicia de Brasil, ha sentenciado a decenas de políticos que están involucrados en una trama de corrupción política. Esta viene desde altas esferas del gobierno de Inacio Lula da Silva y es conocida como “mensalão”, una expresión que viene de mensualidad, específicamente sería una suerte de iguala que agentes del gobierno pagaban a un segmento de parlamentarios opositores a cambio de apoyos legislativos. Es decir, de acuerdo a la información existente, intercambiaban dinero por votos legislativos.
El proceso judicial significó una de esos temas que ganan ocho columnas y editoriales durante meses y años. Quizá por eso el desenlace tiene resonancias internacionales y es materia de análisis en sociedades como la nuestra, donde este tipo de prácticas son vistas como necesarias para garantizar mayorías parlamentarias y la gobernabilidad del sistema político. Aun cuando su dinámica no corresponde con las llamadas reglas del juego político democrático, donde están representados los votos emitidos y por ende no pueden estar sujetos a otro tipo de intercambios que no sean los que cada partido ofreció a sus electores.
En América Latina sabemos con frecuencia de actos de corrupción política, pero pocas veces de que los responsables vayan a parar a la cárcel. Al contrario, es frecuente que quien o quienes lo cometen luego lo veamos encumbrado en los cargos de gobierno disfrutando de las mieles del poder. Que así suceda puede ser producto de la connivencia entre el poder judicial y el poder político. Sea porque el primero es resultado de las decisiones del segundo, o sea que ambos se necesiten mutuamente, generando una mezcla negativa para la sociedad.
Esta conexión que habla de una baja separación de poderes, sin embargo, tiene momentos en que ambos se confrontan y derivan en pronunciamientos políticos severos contra el poder judicial, o en investigaciones que llegan a altos cargos partidarios. Conforme a la lógica del politólogo norteamericano David Easton, esto sucede cuando estamos ante lo que él llama la “persistencia del sistema político”, es decir, que ante situaciones adversas y tensas el sistema en tanto cuerpo vivo llega a deteriorarse de manera que sus actores están obligados a la autoregulación y saneamiento para que permanezca y siga funcionando con mínimos de eficacia y prestando mejores servicios a los ciudadanos.
Financiamiento ilegal
En México hace unos años sucedió un caso escandaloso, donde sin ser propiamente el poder judicial el querellante, sino el Consejo General del IFE, se encontró que en las elecciones de 2000 hubo dos casos de financiamiento ilegal que comprometían a dos partidos grandes y uno pequeño. Nos referimos a los “Amigos de Fox” y el “Pemexgate”, que involucró al PAN y al PRI con el PVEM, y concluyó con sanciones de cientos de millones de pesos para uno y otro partido, pero en ningún caso hubo consecuencias penales para los artífices de estas estrategias de financiamiento ilegal. Los señalados como culpables, entre los que se encontraba un político sinaloense que vive hoy en el anonimato, nunca pisaron un juzgado y mucho menos llegaron a la cárcel y todo terminó como un asunto mediático que sólo molesto a franjas de la opinión pública.
Los grandes medios de comunicación hicieron su agosto con el tema y los principales partidos afilaron los cuchillos para que aquello no volviera a suceder. Lo primero fue que cuando se tuvo que renovar el Consejo General del IFE ninguno de los consejeros generales de la gestión “excelente” de Woldenberg, repitió en un cargo aun cuando la ley prevé este tipo de promoción, además de lo indispensable que es la experiencia en este tipo de instituciones.
Luego en 2007 se reformó la ley y se introdujeron modificaciones de manera que los consejeros no volverían a intervenir directamente en la revisión de los informes financieros de los partidos, sino que crearon una Contraloría General de fiscalización, que si bien obliga a seguir presentando sus informes al Consejo General para su dictamen los consejeros no pueden intervenir en su proceso de elaboración. Es decir, en este proceso de reforma institucional no ganó más autonomía el IFE, sino el sistema de partidos, o más específicamente los partidos más influyentes. Incluso, por si no fuera poco, los consejeros fueron elevados a sujetos de juicio político, figura que hasta ese año no los alcanzaba. Entonces, con estas medidas correctivas se le mello el filo a una institución que debe vigilar el buen uso del dinero público.
En otros países de la región latinoamericana, las cosas parecen ser al revés del nuestro, ahí el Poder Judicial -los organismos electorales reclamarían un análisis más minucioso por la diversidad de diseños institucionales-, tiene autonomía plena para juzgar y sentenciar a los infractores políticos de la ley.
La causa 470 inició cuando se hicieron las primeras denuncias configurando lo que mediáticamente es conocido como el “juicio del siglo”, y hoy la Corte Suprema Brasileña ha sentenciado a decenas de políticos entre ellos importantes dirigentes del PT, como es el otrora poderosísimo José Dirceu, exjefe de gabinete del primer gobierno de Lula y líder histórico del PT, quien fue sentenciado a 10 años y 10 meses de cárcel por su responsabilidad en una red que desvió dineros públicos para comprar votos en el Congreso; además fueron sentenciados el ex presidente del PT, José Genoino (6 años y 11 meses de prisión) y el ex tesorero Delubio Soares (8 años y 11 meses).
Sergio Fausto, Director Ejecutivo del Instituto Fernando Henrique Cardozo, en un artículo que recientemente publicó en el diario O Estado de Sao Paulo (15-10-12) señala que “la compra del apoyo político de pequeños partidos fue la manera encontrada por la cúpula del gobierno Lula, al inicio de su primer mandato, para lograr tres objetivos simultáneos: i) formar una mayoría parlamentaria que la alianza electoral ganadora no aseguraba; ii) formarla sin un efectivo reparto del poder político con el PMDB, el mayor partido en el Congreso; iii) preservar, para el PT, el mayor espacio posible en la ocupación del aparato del Estado”.
Ante el argumento de que el “mensalão” forma parte de la lógica política del presidencialismo de coalición en Brasil, el analista sostiene que “el funcionamiento ‘normal’ de éste supone que el presidente construya y mantenga su mayoría parlamentaria valiéndose de la nominación de representantes de los partidos aliados para cargos en el gobierno, así como de la liberación preferente de la enmiendas parlamentarias de los miembros de la base aliada”. Esto es cierto con sus asegunes, sin embargo, lo que no es válido en democracia, es que el partido en el gobierno haga uso del dinero público para obtener los votos que necesita y hacer mayoría en el Congreso. Eso no sólo va contra el prestigio bien ganado por Lula da Silva en sus dos mandatos, sino también contra el de su sucesora Dilma Rousseff, pero sobre todo contra la ética política que debe gobernar las acciones de los gobiernos de izquierda.
Bien lo dice Fausto, una estrategia de este tipo “secuestra el mandato recibido por el parlamento y viola el principio de que éste representa los intereses de sus electores [porque] los únicos intereses representados son los de los partícipes del intercambio político-comercial”.
En definitiva, “al degradar la representación parlamentaria, el ‘mensalão’ refleja una cierta concepción sobre el sistema de representación”. Según esta concepción, la “voluntad popular” sólo encuentra su expresión verdadera y genuina en el Presidente de la República. Tal idea tiene una larga tradición doctrinaria, dentro y fuera de Brasil, en la izquierda y en la derecha. Esto encuentra eco en la célebre declaración hecha por Lula, en 1993, de que el Congreso estaría compuesto de una mayoría de “300 picaretas”, (pícaros). Decir que el “mensalão” tiene raíz doctrinaria sería ridículo. Es cierto, en tanto, que revela el desprecio de sus actores por la institución de la representación parlamentaria, como si fuese una parte menor del régimen democrático.
Las enseñanzas del “mensalão” carioca son ostensibles para países como el nuestro, donde al menos existe la percepción de que el Poder Judicial está contaminado por la política, de manera que en su ya larga historia, los ciudadanos pese a que ven correr en los medios distintas expresiones de corrupción política –entre ellas por supuesto las que doblegan al Poder legislativo- las instancias judiciales solo excepcionalmente intervienen en asuntos políticos. Creo, que el último de ellos, y con un fracaso estruendoso, fue el juicio que se le inició a López Obrador cuando era Jefe de Gobierno del DF.
Entonces, no es que estemos mejor que Brasil, sino que en México el poder judicial cuando de políticos se trata evade sus responsabilidades. Y entonces corre la corrupción política.
