Fuerza moral del EZLN
Jaime Martínez Veloz
Tijuana.- El próximo primero de enero, se cumplirán 19 años del levantamiento armado protagonizado por el EZLN. Un país que se encontraba en umbral del ingreso a la modernidad, se sorprendía que miles de insurgentes, mayoritariamente indígenas, hubieran tomado las armas, como último recurso, para luchar por una mejor vida, para los pueblos indígenas y para el país.
La movilización de miles de mexicanos, obligó al Estado Mexicano a negociar con los insurgentes una solución digna y justa. Después de más de dos años de intensas negociaciones, se logró, concretar el primer acuerdo entre el Gobierno Federal y el EZLN, en materia de derechos y cultura indígena, firmado el 16 de Febrero de 1996, en el Municipio de San Andrés Larrainzar, del Estado de Chiapas.
Cuando dicho acuerdo, intentó ser trasladado a al marco normativo mexicano, mediante una Iniciativa de Ley, elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), la reacción del Gobierno Mexicano, fue brutal, cínica y descarnada. La iniciativa contenía, los postulados textuales más importantes, del acuerdo firmado por el Gobierno Federal y el EZLN, no había un solo concepto, que no hubiera sido convenido por las partes.
La reacción del EZLN frente a la iniciativa elaborada por la COCOPA, fue de aceptación y la del Gobierno Federal, fue de escándalo e hipocresía. El Presidente de la República y los grupos de poder económico en el país, no tuvieron reparos, para acusar a la COCOPA y al EZLN, de querer balcanizar, dividir y fragmentar al país. Quienes hicieron estas acusaciones son los mismos que concesionaron 25 millones de hectáreas a las compañías mineras extranjeras y nacionales, las cuales entre el año 2005 y 2010, extrajeron recursos minerales por un valor de 552 mil millones de pesos y solo pagaron 6 mil 500 millones de pesos por derechos, es decir el 1.18%.
En el 2002, después de una exitosa Marcha Zapatista por diferentes partes del país, el Presidente Vicente Fox, turno la iniciativa de ley al Congreso de la Unión, vía el Senado de la República, donde fue desmantelada y en su lugar aprobaron un bodrio legislativo, cuya premisa principal, planteaba que sería la ruta para sacar del atraso y la marginación a los pueblos indígenas mexicanos. Se planteaba que el tema del atraso y la marginación en materia indígena era un asunto de programas y apoyos oficiales y no un asunto del ejercicio pleno de los derechos constitucionales, negándose así a cumplir lo pactado en San Andrés Larrainzar.
A más de 10 años de que las instituciones mexicanas prometieron a los indígenas mexicanos el ingreso al paraíso, a cambio de negarse a cumplir lo acordado entre el EZLN y el Gobierno Federal, la realidad le da la razón a los zapatistas y evidencia el mayor de los fracasos del Estado Mexicano.
Entre el año 2002 y 2012, el gasto federal anual hacia los pueblos indígenas, pasó de 16 mil 663, a 39 mil 054 millones de pesos, sin embargo los datos de pobreza y marginalidad de las propias dependencias oficiales, no expresan ningún impacto en la reducción de la pobreza indígena, por el contrario, esta se incrementa y cada vez más en forma más ofensiva, para una nación donde desde 1917, todos los gobiernos han reconocido declarativamente de diferentes formas “la deuda de México con sus indios y preocupados por acabar con la injusticia que padecen”.
De acuerdo a los datos del CONEVAL y la encuesta de Ingreso Gasto del 2010, mientras el promedio nacional de pobreza extrema y moderada es de 46.2%, en las comunidades y pueblos indígenas es de 79.3%, es decir casi el doble. 8 de cada 10 indígenas, no han tenido acceso a la “tierra prometida” que el Estado Mexicano les ofreció a cambio, de no cumplir lo pactado en San Andrés Larrainzar.
Con datos del CONEVAL, el 80.3% de los indígenas están por debajo de la línea de bienestar, 83.5%, sufren de carencia de Seguridad Social, 50.6% carecen de servicios básicos en su vivienda, 40.5% tienen carencia en materia alimentaria. Por ello decimos que en materia indígena no fracasó una política pública, fracaso el liderazgo del Estado, la política hacia los indígenas ha sido de paliativos, porque carece de una visión articulada y vínculos con cambios estructurales, tal y como se contempla en los Acuerdos de San Andrés Larrainzar.
Después del incumplimiento gubernamental, el EZLN, decidió una estrategia de resistencia, fortaleciendo su organización mediante creación de las Juntas de Buen Gobierno, el trabajo colectivo y la solidaridad comunitaria. En silencio, alejados de la propaganda, han caminado durante los últimos años. Algunas personas despistadas o aquellos que han apostado a que el conflicto desaparezca o se olvide, difunden rumores o tratan de confundir, argumentando que el EZLN ya no es problema, dado que desde su óptica, si los zapatistas ya no son noticia, por lo tanto no existen.
Los datos aquí expresados, que muestran el fracaso gubernamental en materia indígena, deberían hacer entender a las élites mexicanas, que hasta el silencio es una forma de lucha y que nada tiene que ver con una supuesta debilidad en este caso del EZLN. Por el contrario, mientras el dispendio y el fracaso han sido sinónimos de las políticas públicas, la organización, el trabajo y la disciplina, es lo que ha distinguido al zapatismo en esta etapa.
Los zapatistas viven, se organizan y trabajan en una realidad de grandes carencias materiales, que suplen con creatividad y dedicación. Tienen objetivos claros que trascienden generaciones, sus argumentos han sido irrefutables, la vitalidad y consistencia de sus convicciones, han sido una escuela de vida para miles de mexicanos. Un abrazo con cariño para todos los zapatistas que allá adentro de sus comunidades, luchan todos los días, por construir un mejor futuro, para nuestro país. Como dicen por ahí, ¡no están solos!
