ESTADO DE LOS ESTADOS
Despojo patrimonial rural y urbano
Lilia Arellano
Cancún.- Dos fuertes movimientos empiezan a encender los focos amarillos del semáforo desde el cual se monitorea hasta dónde puede llegar el “mal humor social”. En ambos casos se lastima fuertemente a quienes han logrado a base de trabajo, ahorros, esfuerzos y de formarse en las “colas” en donde los privilegiados tienen “mano”, un modesto patrimonio.
Por las calles de la capital del país y ante la indiferencia y menosprecio de los diarios que ahí circulan, desfilan tanto campesinos como taxistas. Unos a bordo de vehículos, los otros llevados en camiones y transportándose, marchando, desfilando a pie; algunos comentan carecen de burro porque ya se lo comieron.
En el tiempo en el cual se presentan los presupuestos, los campesinos se hacen presentes para demandar se destinen apoyos reales al campo, se protejan los recursos nacionales del país y sean canceladas las concesiones mineras. Estas demandas de fondo van contra las políticas aplicadas por las últimas administraciones federales enfocadas en el despojo de los recursos patrimoniales de México, los cuales son entregados a empresas e intereses trasnacionales. Sin duda, estamos ante una etapa histórica y decisiva para el futuro del país y de sus resultados también se derivará el rumbo a seguir y el futuro de las próximas generaciones.
Como se recordará, a los hombres del campo les han sido retirados los subsidios en franco cumplimiento de la orden recibida de los EU, como si en aquel país tales acciones no tuvieran lugar, llevándolas a cabo con cifras muchos mayores a las dádivas entregadas erróneamente a líderes afiliados a corrientes partidistas, con lo cual solamente se pretende el control electoral y no la producción alimentaria. Desde el inicio de la administración del mexiquense la orden fue tajante y un solo producto, base de la alimentación de los mexicanos es el ejemplo: maíz. Decidieron detrás del escritorio y sacando cuentas alegres, no debe ser sembrado en México, resulta muy caro, lo barato es importarlo y… así lo han hecho. Han permitido la dependencia de un producto base, ícono inclusive para hacer referencia a nuestro suelo, a los hombres de maíz.
Sabedores del consumo de tortillas y otros productos, los subsidios en bloque y por miles de millones no se distribuyen en el agro sino los entregan a empresas como Gruma o Maseca, a las harineras. Se dejó de subsidiar al campo, de permitir se continuara por lo menos con el auto consumo de las cosechas en las clases más humildes, de las ubicadas en medio de la pobreza pero no de la miseria actual, para dar paso a las grandes fortunas de quienes tienen acceso a estos apoyos gubernamentales. A manera de disfraz los gobiernos federales panistas abrieron líneas de crédito y al ser cuestionados por la falta de producción del agro se limitaron a informar no se entregó la cifra destinada a los préstamos porque los campesinos no llenaron la papelería correspondientes, no cubrieron los requisitos, no contaban con una institución bancaria local para poder hacer uso controlado del dinero.
Con registros en el pasado de levantamiento de cosechas en cantidades suficientes para satisfacer el mercado interno y exportar, los campesinos exigen hoy se fije la atención gubernamental en lograr producción suficiente tanto agrícola como ganadera, porcina, bovina, avícola, etcétera a fin de evitar, además, las importaciones, el gasto en adquisiciones pagadas en dólares con una fluctuación cambiaria dañina para una economía debilitada como la del presente. Retirar las concesiones de minas es otra referencia con argumentos sólidos para llevar a cabo tal solicitud.
Es así que miles de integrantes del movimiento de El Campo es de Todos, conformado por la CIOAC, Unimoss, CNPA, Ficam, Unorca, CCC, Conaprocafe, entre otras, partieron del Auditorio Nacional y marcharon por Paseo de la Reforma hacia el Monumento a la Revolución, donde realizaron un mitin. También miembros del Movimiento Nacional por la Esperanza protestaron prácticamente al mismo tiempo y partieron del Ángel de la Independencia para manifestarse en contra de los recortes al gasto social en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Otros grupos de campesinos se movilizaron desde la avenida México-Coyoacán al cruce de Popocatépetl, y los carriles laterales del Circuito Interior, a la altura de Centenario.
Desde el miércoles, diversos contingentes arribaron en caravana a la Ciudad de México y efectuaron marchas hacia distintas instancias de gobierno, realizaron plantones en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Comisión Federal de Competencia Económica y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La movilización está conformada por las columnas Pancho Villa, Benito Juárez, Lucio Blanco, Generalísimo Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Emiliano Zapata, las cuales partieron desde diversos puntos de la geografía nacional para llegar a la sede de los poderes federales y plantear sus demandas, entre las cuales destacan un nuevo trato para el campo, mayor presupuesto para el sector el próximo año, la ley de derecho a la alimentación, una política de desarrollo rural integral y la reforma al campo.
Protestan por la falta de apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto al sector, la concesión de la cuarta parte del territorio nacional a las compañías mineras y de generación de energía, privilegiando el interés de las empresas por encima de la producción de alimentos. Las organizaciones campesinas en defensa de sus derechos peregrinaron por todo el país: la columna Pancho Villa salió de Zacatecas; la columna Generalísimo Morelos, partió de Guadalajara; la columna Lucio Blanco, inició su recorrido en Tampico; la columna general Emiliano Zapata, salió de Acapulco; la columna Felipe Carrillo Puerto, partió de Villahermosa; la columna Benito Juárez inició en Tuxtla Gutiérrez. Todas recorrieron el territorio nacional y tuvieron como destino la capital de la República para protestar y presentar sus demandas ante el Congreso de la Unión y la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. También para exigir el cese a la represión política en contra de sus dirigentes.
En su recorrido por Paseo de la Reforma, los hombres del campo corearon: “¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!” y “Si no hay solución, habrá revolución!”. “El recorte presupuestal nos afecta en varios rubros, entonces tenemos que hoy el campo va a sufrir una gran desolación”, señalaron campesinos de Hidalgo, quienes añadieron: “estamos esperando la gran reforma que prometió Peña Nieto y que hasta hoy no ha cumplido, para favorecer a los pequeños productores, no a los grandes productores, es para sensibilizar al gobierno y para que nos escuche”.
Una comisión del movimiento marchó a la residencia oficial de Los Pinos para entregar un documento a Enrique Peña Nieto, en el cual se retoman dos temas esenciales: el presidente se comprometió en enero de 2013 a buscar un pacto nacional por el campo, “y hasta el momento no se ha cumplido”, destacó el líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), José Dolores López. Y buscan reestructurar el campo, ”sobre todo reorientar los programas y presupuestos para la gente que realmente los ocupa”.
Las demandas al titular del Ejecutivo Federal incluyen puntos solicitados el miércoles a las Cámaras de Diputados y Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde piden la aprobación de una Ley de Agua y de Consulta a los Pueblos Indígenas, un presupuesto al campo con los mismos recursos que los proporcionados en 2016, y sanción por los despojos de tierras.
CONFLICTO SOBRE RUEDAS
La otra caravana desfiló sobre ruedas. La inconformidad sobre la entrada de la aplicación denominada UBER ha ido creciendo, se extiende por todo el país ante las afectaciones causadas por la puesta en marcha de servicios de transporte en unidades particulares, sin control por parte de las autoridades pero también sin reunir el requisito marcado en las leyes expedidas en la materia y en las cuales está perfectamente claro la transportación pública requiere de una concesión otorgada por los gobiernos estatales y, en el caso del carretero con licencia federal.
UBER no cumple con los requisitos marcados por la ley pero además llega para convertir en cero el patrimonio obtenido a través de las concesiones. Cientos de miles de familias dependen de los operadores del volante y durante décadas son quienes han prestado un servicio al que hoy se le endilgan todos los defectos ante el solo nombrar un grupo extranjero al cual, tal vez sin el razonamiento de rigor, se está procurando con ganancias multimillonarias no obtenidas, incluso, por los taxistas.
Quienes saben del comercio, de la administración de empresas, de pérdidas y ganancias, refieren sobre el 25 por ciento de comisión sobre el pago por cada servicio entregado a UBER, es totalmente cuestionable en la medida en la cual se calcula del ingreso neto, sin considerar un solo gasto: ni gasolina y sus constantes aumentos al precio, ni el desgaste de llantas, la depreciación del vehículo, los gastos de mantenimiento, la base salarial del conductor, etcétera. A ello se agrega no realizan ninguna inversión, es el propietario de auto quien ha pagado todos los impuestos, la tenencia, placas y hasta el seguro exigido para poder operar, el cual tampoco es el correcto en virtud de ser del conocimiento de las aseguradoras no está tasado para la prestación de ningún servicio sino para uso particular.
Las tarifas no están reguladas o marcadas por ninguna autoridad. UBER es la del registro, la receptora del pago del servicio y, con esto último, queda totalmente invalidado el argumento con el cual pretenden presentarse dentro de la legalidad. Al respecto, señalan, sólo se trata de una aplicación puesta a disposición de dos particulares quienes se ponen de acuerdo para llevar a cabo una acción. Eso, puntualizan, no hay ley que lo prohíba y UBER no lleva a cabo ninguna contratación. Sólo que son precisamente los de esta “inocente y legal” aplicación quienes cobran, quienes retienen a través de tarjetas de crédito dinero y, por lo tanto. no se trata de una operación entre dos, sino entre tres para dar un servicio cuya legalidad incluye la concesión.
En algunas entidades ya han expulsado a este grupo, han prohibido el servicio. Sin embargo, los taxistas reclaman se bloquee tal aplicación y de la cerrazón gubernamental se originan las marchas, mismas reproducidas en prácticamente todo el país. Según se refiere es en la capital de la República en donde UBER ha hecho la mayor inversión, representada ésta en decenas de millones para lograr la vista ciega y el respaldo de las autoridades. Sus representantes giran en las televisoras para hacer importantes repartos y no precisamente de argumentos sino de los efectivos.
Un levantamiento sobre la opinión de quienes han solicitado el servicio y los han dejado plantados, han sido receptores de malos tratos y groserías y sus tarjetas registran cobros indebidos, deja al descubierto la inexistencia de alabanzas por una supuesta y perfecta transportación. Los descuentos ofrecidos son también parte de su “inversión”, así como lo es la oferta de traslado gratuito, todo esto cuenta con una debida reposición al incrementar las tarifas en las horas “pico” o cuando las autoridades dictan doble no circula.
Lástima no sea abordado el asunto del transporte por los medios de comunicación circulantes en una ciudad como la de México desde donde surgen imitaciones. Aunque no puede exigirse mucho en vista de su negativa a lanzarse sobre todas las afectaciones al campo, a una producción desde la cual surgen las bases más primitivas de la soberanía.
“NO HAY PLEITO CON EL GOBIERNO”
Tras la emboscada a militares en Culiacán, Sinaloa, en donde perdieron la vida cinco y diez más resultaron heridos, a lo cual el gobierno federal respondió con una contraofensiva militar, los hijos de El Chapo Guzmán, Iván y Alfredo Guzmán Salazar, se deslindaron de los hechos, en una carta dirigida a la opinión pública: “nunca hemos peleado contra el gobierno ni queremos hacerlo. Eso sería prácticamente cavar nuestra propia tumba”.
En una misiva fechada el pasado 2 de octubre, señalan: “sabemos en carne propia la aplicación del alto nivel de inteligencia que puede ser ejercido por el Estado Mexicano, a través de las fuerzas armadas, ya que sin el uso de esa inteligencia no hubiera sido posible la detención de nuestro padre… Por ello exhortamos a las autoridades el que se haga uso de los mismos medios para dar con el paradero de los verdaderos responsables, procurando justicia a favor de los afectados, es decir, mediante una investigación científica, en que se determine la realidad y no se actúe por simple “creencia” o “simple sospecha” sin base alguna en nuestra contra como se ha dado a conocer”.
Los hijos de Guzmán Loera subrayaron: “nos deslindamos de la masacre ocurrida hacia personal militar el 30 de septiembre de este año en Culiacán, Sinaloa, y rechazamos tajantemente el haber participado o haber ordenado el ataque, con la aparente finalidad de rescatar a personas que ni conocemos, ni nos une lazo de sangre (en su momento, no lo hicimos por nuestro padre menos arriesgaríamos nuestra integridad y tranquilidad por una tercera persona) desconociendo el por qué Autoridades Militares nos involucran proporcionando información errónea a los Medios de Comunicación en la cual hacen señalamiento directo en nuestra contra, esto a pesar de contar con información privilegiada, así como acceso a equipos de espionaje valuados en millones de dólares que de haberlos utilizado, tendrían plena seguridad de nuestra inocencia en estos hechos en particular”.
El abogado de El Chapo Guzmán, José Refugio Rodríguez, confirmó: las firmas al calce de la misiva sí corresponden a las de Iván y Alfredo Guzmán. También informó la SEIDO no quiso incluir la carta en la investigación que lleva a cabo por el ataque a los militares, debido a que el documento no es original. El lunes pasado el abogado acudió a la SEIDO, en calidad de testigo, por esta indagatoria.
Cuidadoso en todo momento y con expresiones con las cuales evitó “dictar sentencia”, quien coordina a un grupo compuesto por 14 abogados defensores del sinaloense lamentó fuese Renato Sales quien mostrara públicamente la forma en la cual viola los derechos humanos aplicados a quienes están privados de su libertad y afirmara la extradición de su representado “se llevará a cabo en enero del próximo año”, cuando faltan muchas instancias a las cuales recurrir. Intentó ser claro al advertir: “si en las decisiones no interviene la política, sino todo se ajusta a la ley, “el señor” no debe ser extraditado”.
NO ASPIRO, AÚN: OSORIO CHONG
Tras los señalamientos de una campaña política a través de redes sociales, los cuales lo ubicaron como un autodestape para la candidatura presidencial del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, expuso ante diputados federales no se encuentra en su agenda como funcionario la aspiración a contender por la candidatura presidencial del PRI. Habrá de recordarse se tienen expresiones para “darlos por muertos” en esa carrera con todo y lo publicitado de sus giras, acarreos, exposiciones y hasta entregas de diversa índole para atraer oyentes y puede ser verdad el titular de la SEGOB no tiene ese deseo agendado pero el hidalguense, sí y es de priístas imitar a quienes como Brozo, el payaso mañanero, se dice desligado de Víctor Trujillo cuando de demandar la renuncia de EPN se trató.
Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del IV Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña nieto, el hidalguense señaló: “no estoy en ese proceso, tengo una alta responsabilidad, estoy alejado de una aspiración que pueda ser legítima, que tampoco se encuentra en la agenda de ningún otro funcionario del gobierno de la República. Estoy tratando de ir a todas las entidades y atender todas las obligaciones de mi responsabilidad para que las cosas caminen mejor”. Y, ¿sabrá que no caminan en ese sentido sino totalmente en contrario o requiere de otra gira para hacer comprobaciones?
El coordinador del Partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, cuestionó a Osorio Chong sobre las posturas de organismos internacionales las cuales colocan a México como un país con alta tasa de desapariciones forzadas. A lo cual respondió: ante expresiones señalando la desaparición forzada como un problema generalizado, “no estamos de acuerdo”, y aseguró podrán ser resueltas con los nuevos protocolos incluidos en la iniciativa presidencial para combatir este flagelo, la cual se encuentra en proceso de dictaminación en el Senado de la República.
También se refirió a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, reconoció ha habido deficiencias desde su inicio en junio pasado, y destacó Chile tardó 12 años para consolidar el sistema de justicia. México no debe esperar tanto, dijo al demandar la colaboración de los gobiernos estatales, sobre todo en la mejora de los servicios periciales y de investigación científica. Desde 2008, refirió, se han destinado 21,000 millones de pesos para implementar la reforma de justicia penal, y se han capacitado a 240 mil policías. Antes, dijo, se requerían 185 días para un proceso penal, y ahora sólo 30 días. Anteriormente, añadió, un proceso costaba 30,000 y ahora sólo 1,500 pesos.
Por otro lado, diputados del Partido Acción Nacional apoyaron la solicitud de la iniciativa privada para quitarle a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad del combate a la inseguridad y crear una nueva Secretaría. La alta burocracia de la Segob, así como su ineficiencia para depurar los cuerpos policíacos, han generado resultados desastrosos, señaló Jorge López Martín, vocero de la bancada panista. El miércoles, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, reconoció fue un error haber apoyado hace cuatro años que Gobernación tuviera en sus manos el combate a la inseguridad, pues se provocó una vulnerabilidad de la paz social. “El enorme aparato burocrático de la Segob no ha permitido que haya una coordinación eficiente con Estados y municipios, y tampoco se ha combatido la corrupción al interior de las policías, y esto es una asignatura de alta responsabilidad”, subrayó…
DE LOS PASILLOS
Las disputas entre Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico, recrudecieron la violencia en Veracruz. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en esa entidad se cometieron 179 homicidios dolosos durante septiembre, la cifra mensual más alta de los últimos 15 años. Este año, los homicidios suman 716 y los secuestros 85. Además, la región es la más peligrosa para ejercer el periodismo, con 19 comunicadores asesinados durante el sexenio de Javier Duarte… El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, anunció la próxima semana hará un recorrido por los municipios veracruzanos donde se registran más delitos, como parte del plan para intervenir en el estado, para sacarlo “del hoyo”…
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene tomadas casetas de peaje sobre la Autopista Siglo XXI. Un grupo de docentes llegaron hasta la caseta Zirahuén, donde “liberaron” del pago de cuotas a los automovilistas para dejarlos pasar con la cooperación que gusten dar. La acción se replica en otras casetas de cobro como la de Panindícuaro… Los maestros protestan también por la propuesta de ley para regular marchas y plantones que los legisladores locales mantienen en discusión en el Congreso estatal… Por otro lado, estudiantes normalistas mantiene acciones de protesta por la falta de pago del gobierno estatal a sus becas… Se han retenido unidades de transporte de pasajeros y de empresas sobre la carretera que conduce a la comunidad Carapan, en el municipio de Chilchota.
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