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“Contratos ampliados”, igual a privatización
Daniel Salazar

  • Reformar la ley reglamentaria es la treta que usaron para privatizar la energía eléctrica
  • Si el petróleo es nuestro, tendremos paz y desarrollo económico
  • Ante el intento de privatización, el de la organización y la protesta

Los proyectos para hundir la industria petrolera de México mantienen su curso gracias al gobierno usurpador de la república. El paquete de reformas presentado en cinco propuestas: Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión del Petróleo, Reformas a las leyes Reglamentarias del Artículo 27 Constitucional, Ley de la Comisión Reguladora de Energía y Orgánica de la Administración Pública Federal, están diseñadas para limpiar de obstáculos el camino de la privatización total de la industria, pues patrocinan la incursión del capital privado en labores de refinación, extracción y transporte de crudo, incluidos los oleoductos, reemplazando de esta manera la atribución constitucional exclusiva de Pemex.
La reciente propuesta de reformas presentada por Calderón, engañosamente planea “dotar a la paraestatal de autonomía administrativa e impedir que siga siendo saqueada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Sólo que su rescate comienza formulando que la empresa debe quedar en manos de un consejo de administración con 15 integrantes de los cuales, 10 serían nombrados desde Los Pinos, uno más sería el Secretario de Energía y los otros cuatro restantes serían designados por el sindicato petrolero.
Esta falsa “autonomía administrativa” le permitiría entonces a Pemex contratar deuda, ampliar el margen de discrecionalidad para efectuar contratos por asignación directa, o bien por lo que llaman “invitaciones restringidas”, que no son otra cosa que contrataciones sin licitación. Se contemplan además nuevas modalidades de contratación para permitir que empresas extranjeras participen en todas las áreas de Petróleos Mexicanos --incluida la explotación conjunta de los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México--, donde se establece la posibilidad de las llamadas “licitaciones confidenciales”, esto es, transacciones con información reservada sobre los términos en los que habrán de adjudicarse obras y servicios y sin que para ello medie ningún organismo de fiscalización que las sancione. Incluyen además “contratos del buen desempeño”, que permiten compartir la renta petrolera con las empresas extranjeras, toda vez que no se les establece una remuneración fija, sino un pago al final, determinado por las ganancias obtenidas.
En realidad estas modalidades de reforma se inspiraron en el sexenio foxista, cuando se privatizó entonces la explotación de gas por medio de los llamados contratos de servicios múltiples (CSM), sólo que ahora tienen otro nombre (contratos ampliados) y están encaminados principalmente a trabajos en aguas profundas. Es de pensarse que si efectivamente se estuviera buscando fortalecer a Pemex como divulga el espot de Calderón, habría bastado y hasta sobrado, localizar los excedentes de la factura petrolera, incluidos los significativos aumentos del crudo, que no fueron presupuestados en el sexenio anterior y que desaparecieron sin dejar rastro durante la administración pasada, de la cual el espurio es heredero.
Reformar la ley reglamentaria del 27 constitucional fue precisamente el camino que se siguió para abrir el sector eléctrico a empresas extranjeras, sobre todo a empresas españolas que ya dominan 35 por ciento del mercado de la energía eléctrica nacional. Desde el 2003, durante el gobierno foxista, el propio Calderón, siendo secretario de Energía, otorgó el primer contrato de servicios múltiples a la empresa favorita del régimen (Repsol) para la explotación del gas en la cuenca de Burgos. Pensará el espurio que los mexicanos nos olvidamos de todo y que somos ignorantes; por eso nos comparte su idea de que “abrir Pemex al capital privado no es privatizarlo” y que Petróleos Mexicanos se fortalecerá al permitir el crecimiento de sus competidores a costa de nuestra riqueza petrolera, dejándolos utilizar la infraestructura y consentir su expansión en el suelo mexicano.
Para su mejor marcha, las reformas también están planteando aprovechar la experiencia institucional de la Comisión Reguladora de Energía, otorgándole a ésta más y nuevas responsabilidades. De esta forma, la CRE se encargaría de promover la eficiencia de los “permisionarios” dedicados a transportar, almacenar y distribuir todos los hidrocarburos, tal como ya lo ha venido haciendo con el negocio del gas natural y, por lo tanto, de igual manera, traerán enormes aumentos en los precios de estos fluidos.
Como se ve, las reformas intentan demoler uno de los cimientos centrales del México contemporáneo: EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE QUE LA PROPIEDAD DE LOS RECURSOS NATURALES CORRESPONDE A LA NACIÓN Y QUE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA EN GENERAL, Y LA PETROLERA EN PARTICULAR, DEBEN SER MONOPOLIOS PÚBLICOS. Lejos de eso y con total cinismo, Calderón pretende dejar la maniobra negociadora de la privatización en manos del actual Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien, como se sabe, está marcado por el conflicto de intereses en el que incurrió siendo representante popular y funcionario público del sector energético, al mismo tiempo que contratista privado de Pemex.
Una mafia pretende dejar abiertas las puertas de Petróleos Mexicanos al capital privado a través de los llamados contratos ampliados, figura que permite a empresas extranjeras participar en la exploración, explotación, refinación de petróleo y de petroquímicos básicos. Para todos ellos “los que habrán de invertir en Pemex”, se busca con urgencia certeza jurídica para sus operaciones donde, además, se compromete a la industria a que, ante cualquier controversia, pueda ser sometida a la jurisdicción de tribunales internacionales, aun y cuando es bien conocido que el peor escenario para las empresas públicas son, precisamente, las cortes internacionales donde siempre pierden los casos frente a las compañías trasnacionales.

Durante los meses que precedieron a estas reformas, alertamos sobre las iniciativas en cuestión porque como se sabe forman parte de la agenda de los organismos financieros internacionales y porque ya de tiempo atrás se viene hablando de las llamadas reformas estructurales. Como evidentes ejemplos están la reforma impuesta a la Ley del ISSSTE, la reforma a la seguridad social, la llamada reforma fiscal, que también ya impusieron, y sólo les faltaba la reforma energética. Se trata entonces de una agenda dictada desde el extranjero que el gobierno sumiso y espurio cumple como el mejor empleado del año, sin respeto alguno para los mexicanos y concientes de que están en juego sus propios intereses.

Andrés Manuel López Obrador, El Presidente Legítimo de México, ha dicho, y nosotros con él, que nunca vamos aceptar que desde el extranjero nos dicten lo que se tiene que hacer en nuestro país, porque los mexicanos queremos vivir en una nación libre y soberana, porque a nosotros nos corresponde decidir nuestro destino. Por eso es que estamos en contra de la privatización de la riqueza petrolera. Por eso nos oponemos resueltamente a la iniciativa de Calderón que transfiere la renta petrolera a compañías privadas, sea éstas nacionales o extranjeras, dejando que Pemex sea sólo el que aporte la materia prima del negocio y “abastecedor de primera mano”.

Para nosotros el hecho de que empresas privadas se estén adueñando paulatinamente de la renta petrolera de la nación, es equivalente a privatizar la industria del petróleo. Lamentablemente esto ya está sucediendo: se conoce que Pemex ya cedió contratos para aguas profundas a una empresa noruega que está en quiebra. Se presagian duras batallas en la nación mexicana. La reforma petrolera, las demás reformas ya instaladas y el comportamiento en general del régimen, nos indican que el ilegítimo poder público intenta sostenerse mediante la supeditación a un protectorado transnacional. La usurpación en México busca afianzarse en el poder mediante acuerdos denigrantes con potencias extranjeras.

Este escenario no nos deja otro camino que el de la organización y la protesta. Por eso hemos iniciado en todo el país La Resistencia Civil Pacífica, buscando revertir la privatización de la industria del petróleo. Tenemos tomada la tribuna parlamentaria a pesar de todos los ataques mediáticos y estamos construyendo brigadas en defensa del petróleo en todos los estados. Acudimos al pueblo porque aquí está la fuerza para detener la amenaza. El petróleo, que se nacionalizó con su movilización y su demanda en 1938, le pertenece y sólo será el pueblo quien exitosamente podrá defenderlo. No queremos ni buscamos la violencia. Estamos protegiendo lo que es nuestro porque queremos vivir en armonía, y porque, precisamente, el petróleo en manos de la nación ha significado hasta hoy la paz social para México.

Si las compañías petroleras extranjeras llegaran a controlar los yacimientos en nuestros mares, litorales o en nuestra tierra, la situación se complicaría enormemente. Muy pronto y de manera alarmante tendríamos en México a la inteligencia militar norteamericana “vigilando sus intereses”. Si las empresas trasnacionales se convierten en copropietarias de nuestra riqueza petrolera, tal como quieren Acción Nacional, el PRI y el gobierno usurpador, Estados Unidos y otras potencias, en acuerdo con su doctrina internacional, pasarían a considerar tal fuente de recursos como reserva estratégica propias y, por lo mismo, como asunto de seguridad nacional para sus gobiernos. Ni la duda cabe, basta con mirar lo que hacen en naciones tan lejanas como las del Medio Oriente, para imaginar lo que podrían hacer con un vecino de patio trasero.

Por eso, al igual que López Obrador, sostenemos que si el petróleo sigue estando en manos de la Nación Mexicana, hay futuro y paz para nuestro país, desarrollo económico, empleos, industrialización, disminución en los precios del gas, la gasolina y la luz y la posibilidad de convertirnos en una potencia energética mundial. En cambio, si se nos despoja del petróleo, prácticamente se estaría cancelando el futuro a millones de mexicanos. ¡Por eso, todos nosotros habremos de oponemos a la privatización del petróleo mexicano!



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