José Luis Soberanes Fernández se lanzó fuerte. Decidió, por insospechados motivos, hacerlo en el tramo final de su responsabilidad como Presidente de la CNDH por casi diez años -los cumplirá en Octubre próximo -, ya sin posibilidad de reelegirse como lo hizo hace cuatro años, siendo el único ombudsman en conseguirlo.
Escogió a La Jornada para lanzar un duro cuestionamiento sobre la actitud de los dos gobiernos del PAN en la Presidencia de la República frente al tema de los derechos humanos. Dijo a Víctor Ballinas que, “al Presidente Felipe Calderón Hinojosa no le preocupa el tema de los derechos humanos. No son su prioridad”.
Sustenta su descalificación en que los problemas políticos y los cuestionamientos “impidieron que el Ejecutivo pudiera entrar con el empuje que normalmente llegan los gobernantes de este país. Ello motivó que no hubiera un planteamiento presidencial para avanzar en el rumbo”; “desde el comienzo del gobierno de Calderón se ha visto enfrascado en los temas de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Está metido en otros problemas y no le preocupa el de los derechos humanos”.
Hay quienes se sorprenden por estas declaraciones. Desconfían sobre los propósitos justicieros con que decide sus pronunciamientos y declaraciones. No pocos le niegan ya, o ponen por lo menos en tela de juicio la calidad moral con que el Dr. Soberanes critica. Y una maledicencia - lo que abiertamente no se sostiene con pruebas, lo es - dice que por él habla el resentimiento de su exclusión como candidato en las propuestas que el Presidente de la República hace para substituir a ministros que se han jubilado en la Corte y los que están por jubilarse.
Y en efecto, se podría desconfiar del ánimo con que salta a la palestra pública, y diferir del enfoque con que pretende minimizar el combate a l crimen organizado, pero en la puya esencial Soberanes saca sangrita, porque tiene razón. Hay omisiones indefendibles.
No han sido los gobiernos del PAN represores de los derechos humanos, ni los presidentes colocados bajo las sospechas de magnicidios, ni se les puede acusar de la desaparición de personas como normalmente hacían los presidentes de este país, pero sí ha faltado sensibilidad para ahondar en una agenda de cambios que en el marco de la Reforma del Estado y por virtud de la esperanza que abrió la alternancia, debieron por lo menos haberse propuesto al Congreso, para garantizar una democracia de calidad.
De ahí por ejemplo que en ocho años las dos administraciones de Acción Nacional sean omisas en la garantía plena del derecho a la información. Esto lo sabe Soberanes perfectamente, pues le han tocado los dos sexenios, sabe que muy pocos en el gobierno federal podrían salir a la opinión pública a contrariarlo y darle un pasmo en las narices; ojalá que así fuera. Pero tiene claro que ni los responsables de este tema en la Procuraduría General de la República podrían refutarlo, pues ni más ni menos ahí, a una activista social, Aleida Calleja, se le declaró enemiga del Estado porque contradijo al Subprocurador del ramo.
Eso da cuenta del desdén, sobre todo porque el mismo Presidente de la República fue informado de ello, sin que hasta la fecha hubiera una rectificación, con todo y que la exigieron organismos internacionales de derechos humanos, y varias asociaciones nacionales.
Donde el Ombudsman pierde la perspectiva del conjunto de los derechos humanos y de su indiscutible liga con los derechos sociales es cuando dice que Calderón se ha enfrascado en la lucha contra el narcotráfico.
En ese tema no se enfrascó, tomó el toro por los cuernos como no lo había hecho Presidente alguno, y lo hizo desde el punto de vista de la seguridad pública como misión esencial del Estado para proteger vida y patrimonio de las personas. ¿Qué delito más traumático y aberrante de la vida y la libertad que el del secuestro?, por ejemplo.
Sin embargo con todo y ese desliz, más allá de sus humores de turno, coloca un tema ineludible en la reflexión y análisis que Acción Nacional debe realizar en relación con una de sus banderas históricas: la promoción en el país y en el ámbito internacional de los derechos humanos. Sobre todo ahora que estamos a punto de entrar a una campaña electoral compleja, que se ve difícil, y en la que estamos obligados a presentar una plataforma legislativa que retome la agenda de cambio de nuestras demandas históricas.
Una mínima dosis de autocrítica y de evaluación sincera le daría una fuerza a la palabra que empeñen los próximos candidatos.

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