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SON, SE HACEN, O NOS CREEN…
Claudio Tapia
Son tantas las incongruencias y mentiras con las que se intenta justificar la decisión de permitir que en el bosque del Parque La Pastora se construya el estadio de futbol del club Rayados propiedad de Femsa, que resulta difícil saber si quienes la promueven son, se hacen, o nos creen tontos, para decirlo suavemente.
Los empresarios y servidores públicos promotores del proyecto, quieren hacernos creer que lo que se está discutiendo es la construcción de un estadio digno de los campeones Rayados, su afición y la ciudad de Monterrey. El equipo, nos dicen, es de todos los que aquí vivimos, confundiendo fanáticos con propietarios.
Falso, lo que está a discusión no es la construcción de un estadio de futbol, lo que se quiere someter a escrutinio público es lo que los representantes populares están a punto de decidir, porque producirá un grave daño ecológico a la zona donde se quiere instalar el negocio; porque cederán inmoral e ilegítimamente bienes públicos para negocios privados; y porque la reducción de espacios públicos incrementa la delincuencia y la violencia acelerando la espiral de inseguridad. Tampoco es verdad que el equipo de los Rayados sea de los regiomontanos. No es nuestro equipo, aunque seamos sus fans.
Siguiendo una estrategia que permite justificar la privatización de bienes de dominio público, las autoridades responsables de la conservación y administración del bosque permitieron y alentaron su degradación, para poder decir que lo que entregan a los mercaderes no vale la pena y que hacerlo, permitirá su rescate y uso adecuado. Quieren bienes públicos, gratuitos pero degradados: o privados, rescatados y onerosos, no hay de otra. Entiendan.
Para darle la tarascada al apetitoso espacio, vuelven a engañar repitiendo los desgastados argumentos que en su oportunidad esgrimieron para justificar el despojo en el Parque Fundidora, la apropiación privada del lecho del río Santa Catarina, el ecocidio con el túnel en el cerro de la Silla, y el saqueo en el Cañón de Ballesteros con Valle de Reyes. ¿Creerán que no tenemos memoria?
Los diputados Héctor Morales del PRI y Hernán Salinas del PAN, quienes acompañaron a José González Ornelas, vice presidente de Femsa, y a Tonatiuh Mejía, director del proyecto, al programa Cambios de la televisión local el pasado domingo, en el colmo de la irracionalidad argumentativa, afirmaron que las más de 25 hectáreas del bosque que les entregarán en comodato por 60 años, no saldrán del patrimonio del Estado y que, cuando regresen (sic) tendrán mejoras importantes. Sí, leyeron bien: esas hectáreas del bosque, regresarán aunque no hayan salido. Según dicen, cederles un bien público por largo tiempo no equivale a privatizarlo. ¿Creerán que convencieron?
Sin medirse, ofendiendo la inteligencia de cualquiera que sea capaz de distinguir entre un ecosistema con su zona de amortiguamiento y la jardinería o la arquitectura de paisaje. Los empresarios mencionados prometieron construir el estadio para 50 mil aficionados, sin tocar un sólo árbol ni los mantos acuíferos, y ofrecieron habilitar un estacionamiento jardín para 5 mil automóviles, con pasto, plantitas y demás ornamentos. ¿Creerán que una cadena de vida simbiótica puede fraccionarse y maquillarse sin causar su destrucción? ¿Será posible construir en el bosque un oasis permanente de negocios, utilizarlo 17 días al año, sin dañarlo de por vida?
En el citado programa de televisión al que además asistió la alcaldesa de Guadalupe, convertida en promotora del proyecto, los directivos de la empresa manifestaron que después de analizar las propuestas de varios alcaldes del área metropolitana, optaron por construir el estadio en La Pastora, porque con base a los estudios que todavía no presentan y que sólo ellos conocen, es lo que más conviene a la comunidad.
Es lo mejor para la ciudad y sus habitantes, insistieron, intentando callar las informadas intervenciones del ecologista y del urbanista que los cuestionó y exhibió en el programa. Prepotentes, dejaron claro que el bien común, el interés público y el consecuente destino de un bien público, en nuestro estado, lo deciden los empresarios poderosos.
Sergio Elías Gutiérrez, en su columna de El Norte, nos recuerda que la ley española del Patrimonio de las Administraciones Públicas señala que los bienes públicos son aquellos de los que dispone la administración para el cumplimiento de sus fines de interés general; pero, al margen de que no tenemos una ley semejante, ¿quien define o decide cuando algo es de interés general? ¿Mediante qué procedimiento?
El titular del ejecutivo no puede decidir, con base a su sano juicio, ocurrencias, caprichos o verdades reveladas, lo que es el interés público. Menos aún un empresario ajeno a la administración, por poderoso que sea. Los diputados, en lo individual, tampoco pueden hacerlo. Sólo la constitución puede otorgar esa facultad a determinados gobernantes, bajo ciertas circunstancias. Sólo las leyes pueden declarar cuándo los actos de gobierno son de interés público.
Y como no existe dicha ley, pues se tiene que recurrir a la expresión de la voluntad general, para decidir el bien común y acordar lo que es bueno para la comunidad. Es oyendo las voces plurales de la ciudadanía (no hay una sola voz, ni nadie la posee en exclusiva), abriendo el público debate con los interesados e informados, como una democracia puede alcanzar sus fines de interés general. Es por eso que, en este asunto, el congreso está obligado a escuchar a los ciudadanos.
No existen iluminados capaces definir lo que es bueno para todos, ni lo que es el público interés. Gobernantes y empresarios carecen de facultades para decidirlo, en el más amplio de los sentidos.
Demostrado que no somos tontos, quedan las otras opciones.
claudiotapia@prodigy.net.mx
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