¿De quién es la guerra? 

Víctor Orozco

Es una fatalidad que nos debamos ocupar una y otra vez sobre el tema de la violencia. Hay una lista interminable de cosas acerca de las cuales podríamos dialogar con mayor beneficio y placer para todos. Sin embargo, ¿cómo sustraernos? ¿Cómo esquivar el asunto cuando parece que caminamos sobre un campo minado? Entre las innumerables preguntas que todos los días se formulan hay una compartida aún por las posiciones más divergentes: ¿de quién es la guerra?, o dicho de otra manera, ¿qué pito tocamos los ciudadanos en esta orquesta?

Después del coche-bomba estallado hace días en Ciudad Juárez, proliferaron los análisis y las opiniones en los medios nacionales. Unos de ellos fueron los de Héctor Aguilar Camín, quien ha sido tesonero en su propuesta: la guerra es de todos, no sólo del gobierno federal, pero la sociedad no se ha dado cuenta de este hecho. Según él, llegamos ya al final del guión, cuando el crimen organizado ataca por igual y comienzan los bombazos, etcétera. Así sucedió en Colombia, donde finalmente la sociedad se percató del carácter de la guerra y reaccionó para enfrentar a la delincuencia junto con el gobierno.  Hasta hoy, dice, esto no ha sucedido en México, pues el peso de la contienda se ha dejado al ejecutivo; ni la ciudadanía ni los gobiernos estatales y municipales han hecho casi nada para coadyuvar.

 En una línea similar, otros –generalmente voceros oficiales- culpan a la descomposición social, al desinterés, negligencia y a la inactividad cómplice con el narcotráfico por parte de los vecinos. La semana anterior, escuché a una funcionaria de la Sedena decir que en el pasado de alguna manera todos fuimos beneficiarios del narcotráfico y que nadie denunciaba a los narcotraficantes a pesar de conocerlos. Eso también dijo el defenestrado ex secretario de Gobernación. 

Empecemos por dilucidar la primera parte: la guerra es de todos sólo porque a todos afecta, pero la gigantesca mayoría de la población no puede tomar parte en ella, físicamente está impedida para hacerlo. En otras guerras se divide, cada quien apoya al bando que considera más cercano a sus ideas o a sus intereses, pero en ésta, ¿hay alguien que esté de acuerdo con los delincuentes? ¿Qué les preste auxilio, los cobije, les proporcione información, como sucedía en el pasado con los alzamientos campesinos o aun con los “bandidos generosos”? Que se sepa, hasta hoy, nadie se ha enterado de algo parecido. Fuera de respetar la ley y demandar que todos los demás, empezando por el gobierno, también lo hagan, ¿al buen ciudadano le queda otra cosa por hacer? ¿Tiene acaso a su disposición el arsenal que usan los sicarios y extorsionadores?

Afirmar que la sociedad no ha contribuido o ha sido complaciente con el crimen deviene en una búsqueda de chivos expiatorios. Desde hace mucho tiempo grupos ciudadanos y otras organizaciones informaron al gobierno de las frecuentes acciones de presuntos narcotraficantes, cuando apenas eran incipientes. En el municipio de Guerrero, Chihuahua, narra mi amigo Guillermo González cómo se alarmaron los vecinos por la aparición de individuos con camionetas nuevas, prepotentes y abusones. Se organizaron, denunciaron atropellos y nada sucedió. Ello ocurría en 1985. Casi la prehistoria, si pensamos en la escalada ocurrida durante los últimos tres años.

En todas las ciudades, organizaciones civiles de diversa índole e instituciones académicas, han convocado a reuniones, protestas, marchas, foros, promovido o realizado múltiples análisis, aportado datos, estadísticas. Los trabajadores de los medios de comunicación han construido un gigantesco cúmulo de informes, crónicas, reportajes, fotografías y videos, labor que a varios de ellos les ha costado la vida. Otras asociaciones han invitado a expertos brasileños, colombianos, norteamericanos para que ilustren con sus experiencias o conocimientos. Varios de los dirigentes de organizaciones han sido asesinados, extorsionados o amenazados.

Hoy mismo, en la ciudad de Chihuahua, Luis K. Fong, fogueado luchador social, emprende cada jueves una caminata contra la muerte no obstante padecer de una secuela de poliomelitis en sus piernas. Comenzó la marcha de manera solitaria, ahora se le ve acompañado por un pequeño grupo. En resumen, han existido y se desarrollan esfuerzos de todo tipo en acciones pacíficas, de connotación moral o significado político. Y son las únicas que puede realizar una sociedad que carece de fusiles. Así que atribuir pasividad o desidia a la ciudadanía es por lo menos un embuste.

A su vez, la aseveración de que el gobierno federal ha estado sólo en la contienda también es falsa. Consideremos el caso del municipio de Juárez, donde se han alcanzado los niveles mayores de violencia en el país. Su presupuesto total es del orden de 3,290 millones de pesos, de los cuales en principio dedica casi el 30% para seguridad pública. Y digo en principio, porque el año pasado se hizo un reajuste y se suspendieron varias obras públicas para dedicar más recursos a la policía. ¿Qué policía es ésta?

Aguilar Camín dice que no han aumentado el número de los municipales, pero debería tener en cuenta que tan sólo en los primeros 19 meses de la operación conjunta Chihuahua, dirigida por los mandos federales, las finanzas del cabildo aportaron para su ejecución 640 millones de pesos ¿Se hubiera invertido mejor esta cantidad si en lugar de pagar alojamientos, trasporte y otros gastos del personal del ejército y de la policía federal se hubiesen contratado más policías municipales?. A juzgar por el incremento de los crímenes ello es probable, pero no deja de ser una pura especulación. Básicamente porque la solución no ha estado en llenar las calles de militares, vestidos de verde o de azul o con el logotipo del ayuntamiento.

De hecho, la administración calderonista ha impuesto una estrategia de guerra a todos los niveles del gobierno y ha sacrificado al financiamiento de la misma aun aquellas partidas presupuestales básicas. Debe agregarse que esto ha sucedido con poca o nula resistencia de los presidentes municipales y los gobernadores, gritones a veces, pero en general sumisos y obsequiosos. Todo se daría por bien pagado, si a cambio de ello hubiesen disminuido la inseguridad y el crimen en todas sus expresiones. Pero no, tal estrategia ha sido un fracaso, probablemente desde su misma concepción.

El presidente de la república lo ha dicho: “no hay una fuerza superior a la del Estado en número, destreza, valor, disciplina, además de inteligencia y conocimiento”. Es por eso que la responsabilidad de combatir al crimen y garantizar la seguridad pública recae en quienes comandan esa fuerza en apariencia incontrastable y disponen de ella.

Y también de terminar esta guerra, que no es de los ciudadanos de la calle, ni de sus hijos, por más que sean quienes mayormente la sufren. En esta orquesta, ningún pito toca el pueblo.

Para compartir, enviar o imprimir este texto,pulse alguno de los siguientes iconos:

¿Desea dar su opinión?

Para suscripción gratuita: