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| 641 7 octubre 2010 |
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ANÁLISIS A FONDO Ciudad Juárez, en el ojo del huracán; Tapachula, en el limbo
Tapachula, al suroriente, limítrofe con Guatemala, se ha mantenido suspendida en el tiempo y el espacio, en una especie de petrificación, por no decir en decadencia sostenida. La cabecera municipal, Tapachula, la Perla del Soconusco, refleja sincrónicamente esta situación. Las actividades no formales: contrabando, prostitución, trata de personas y otras actividades ilícitas, se colocan como las actividades más lucrativas; es decir, con tasas de ganancia que los sectores formales ni por asomo alcanzan, ya por sus muy bajos índices de inversión, ya por su baja demanda de empleo. Y es que la tercerización de las actividades en la ciudad se caracteriza por su bajo perfil de calificación de la fuerza de trabajo que requiere. No es casual, pues, que “de manera específica, el PND (Plan Nacional de Desarrollo) señaló que es necesario controlar el creciente tráfico ilegal de enervantes, personas y armas en la frontera sur de México. Por su parte, en 2006 la Secretaría de Gobernación señaló a la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18, como las principales bandas delictivas que afectan la seguridad pública de la zona fronteriza, situación que debe ser atendida por las autoridades locales, estatales y federales”. Tijuana: La zona metropolitana de Tijuana se caracteriza por el incremento de la desconfianza de los ciudadanos por impunidad y corrupción de los cuerpos policíacos y el sistema de justicia. En Tijuana la cultura de la ilegalidad encuentra su mayor expresión en la impunidad y corrupción que caracterizan a los funcionarios del sistema de justicia y a las policías de los tres órdenes de gobierno. Al igual que en otras ciudades del país, en Tijuana los ciudadanos no confían en los cuerpos de seguridad, ni en el sistema de justicia, lo cual ha tenido como consecuencia una baja tasa de denuncia del delito. Además, por ineficiencia, corrupción y falta de recursos, los ministerios públicos no integran en forma adecuada las averiguaciones previas y dejan sin castigo a un alto porcentaje de delitos; en tanto que el sistema carcelario está absolutamente rebasado y no logra readaptar a los reclusos. Existe también descoordinación interinstitucional, dificultades en la organización del aparato de seguridad, y fallas de tipo administrativo que dan cuenta de la falta de profesionalización de la policía y los servidores púbicos, a lo que se suma la carencia de recursos y los deficientes ingresos que reciben los cuerpos de policía. Guadalajara: La violencia generada por el crimen organizado es relativamente esporádica en esta metrópoli, comparada con la que se da en Ciudad Juárez o aún en Monterrey o con aquella que lleva al cabo el crimen organizado en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Baja California Norte o Durango. Paradójicamente, la Zona Metropolitana de Guadalajara es un espacio en el que se han acentuado y diversificado distintas formas de violencia socialdurante, al menos, las dos últimas décadas. Aguascalientes ha mantenido una tradición delictiva relativamente baja; sin embargo, estos niveles han escalado de manera muy abrupta en los últimos cuatro años; por otro lado, se han cometido un mayor número de delitos de alto impacto. El total de asesinatos ha aumentado poco más de tres veces en dos años y algunos de esos asesinatos han sido ejecuciones. Mérida: De manera general, más allá de la percepción social de que Mérida es una ciudad pacífica, o menos violenta en el contexto nacional, en realidad existe violencia estructural que afecta el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grandes segmentos de su población, así como prácticas cotidianas de discriminación, racismo, violencia de género y otras relacionadas con el crimen organizado. Por qué menciono estas ciudades. Porque la Comisión Nacional para Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (de México) acaba de dar a conocer los resultados del "Diagnostico sobre la Realidad Social, Económica y Cultural de los Ambientes Locales, para el Diseño de Intervenciones en Materia de Prevención y Erradicación de la Violencia". El estudio, realizado a lo largo de 2009, comprende estas seis ciudades mexicanas de las regiones norte, sur y centro. Aunque cada publicación posee sus especificidades, de un modo general, el diagnóstico tuvo el objetivo de observar las cuestiones relacionadas con la violencia social y de género. Para la elaboración de la pesquisa, los investigadores, conforme destacó el documento a la ciudad del estado de Jalisco, parten del reconocimiento de que en México hay una "violencia estructural" que se revela principalmente en "desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación e injusticia". Para los investigadores, los seis documentos de Diagnostico mostraron la "urgencia de actuar en los diversas frentes económicos, sociales e inclusive políticos, para revertir el grave deterioro en la convivencia, desarrollar una institucionalidad democrática y, por medio de ella, poder restaurar la confianza en el futuro del país". Las violencias están relacionadas con factores sociales, culturales y económicos, los cuales crean ambientes y condiciones favorables a agresiones y acciones que violan la integridad, la vida y la dignidad de las personas. El lector que se interese en conocer a detalle el estudio referido puede visitar la página: http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Diagnosticos http://analisisafondo.blogspot.com/
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Ciudad Juárez se debate en una guerra civil que ha tomado a la ciudad como escenario, dejando tras de sí una estela de muerte y de destrucción. La violencia no sólo no cede, sino que se incrementa cada vez más. El número de muertos sigue creciendo cada mes, al igual que la ola de secuestros. Ante la impotencia total de los federales, la ciudad vive uno de sus peores momentos en cuanto a la extorsión o “cobro de piso”, que parece haberse generalizado aun más, de modo que en estos momentos la mayoría de los negocios de la ciudad está pagando cuota y, en algunos casos se refiere incluso de nuevas y más graves modalidades de extorsión. Cada vez son mayores y más las acusaciones políticas y públicas de uno y de otro grupo y, sin embargo, no se vislumbra una salida al conflicto. Si no ha podido hacerlo en poco más de dos años, no se ve claro que el Gobierno Federal pueda controlar la situación. A menos que algo sucediese y trajera la cordura hacia los actores beligerantes, es probable que nos esperen por lo menos tres o cuatro años en verdad muy difíciles. Ni la esperanza, ni el estado de ánimo vienen fáciles en este momento.
