Peras al olmo
José Luis Sierra

Que la gobernadora enmiende su desempeño
El rechazo reiterado a rendir cuentas por parte de la gobernadora; el cinismo con que gobierno y funcionarios avasallan normas institucionales; la manera ofensiva, vergonzosa, como se utiliza a los poderes Judicial y Legislativo, ante el silencio servil de sus integrantes y el azoro de los ciudadanos; todos estos factores sumados y combinados nos dejan saber que en Yucatán de nada sirven los llamados a cumplir la ley, como tampoco tiene sentido apelar a las instituciones encargadas de hacerlo, toda vez que la titular del Ejecutivo las mantiene bajo su justam.

El IPEPAC, la CODHEY, el INAIP, todos los órganos que debieran hacer valer el interés de los ciudadanos y actuar como valladares contra los excesos gubernamentales, todos esos órganos en Yucatán se encuentran aherrojados por los dictados de la gobernadora, subordinados sus integrantes al interés y al dinero de la titular del Ejecutivo.

La plantilla de funcionarios gubernamentales y el grupo político que rodea a Ivonne Ortega tienen un único objetivo: la proyección política de su abanderada. Pero como el estilo de hacer política adoptado por la gobernadora requiere de mucho, de muchísimo dinero, entonces funcionarios, parientes y correligionarios, están dedicados en cuerpo y alma al saqueo de recursos públicos, sin importar el servicio u objetivo al que estén destinados.

¿Preocuparnos por el futuro de Yucatán? No, lo que están sacrificando estos oportunistas es el presente de los yucatecos: la salud está en el suelo porque no hay dinero ni para pagar el papel sanitario de los hospitales; la educación se ha vuelto un botín, con cuatro facciones sindicales disputando privilegios y cochupos. El campo, literalmente abandonado y como consecuencia, paralizado. No hay promoción industrial ni generación de empleos de calidad. Diez mil egresados de los centros de educación superior engrosan cada año la economía informal, la única que crece en Yucatán y ofrece alguna posibilidad de ingreso a los jóvenes.

Dos bombas administrativas están por estallar en las semanas por venir: la primera, la falta de fondos para cubrir el pago de aguinaldos de los empleados públicos estatales y por primera vez en muchos años, también en el municipio de Mérida; la segunda, el desvío de los fondos de pensiones del ISSTEY para financiar los huecos contables de la administración estatal. A esos asuntos agréguele usted la deuda acumulada a contratistas y proveedores; el conflicto agrario por las tierras de Ucú; el inminente estallido del fraude del Flamingo’s Lakes, con tierras de la familia real de Dzemul; y como cereza del pastel, la maquinación financiero-turística que se ha construido en torno a las tierras de Chichen-Itza y que la mera autorización del complejo turístico -que nada tiene de cultural-, supone la complicidad del INAH y por ende, del gobierno de Felipe Calderón. En todas estas operaciones fraudulentas, en todas, se pueden detectar las huellas dactilares de la gobernadora y aunque su operación involucra a las cabezas de la procuraduría, de CULTUR, del catastro o de turismo, el control lo mantiene el trío de fuereños que la ñora del Justam sembró en Yucatán con el objetivo central de formar y nutrir su “taikú” electoral.

Y mientras el desorden administrativo que reina en todas las oficinas de gobierno sacude a la sociedad yucateca, la gobernadora se mantiene en la fiesta, en el derroche, en la autocomplacencia. Pagando con dinero del erario la complicidad y los elogios de los medios de comunicación; utilizando al ministerio público para perseguir a sus críticos y opositores; envuelta en un asistencialismo degradante para el necesitado que se presta, degradante para el político que lo utiliza para su promoción personal.

¿Qué se puede esperar de este gobierno, cuando el encargado del despacho, que es en realidad encargado del gobierno, desconoce un compromiso con un grupo de productores, un compromiso que se le presenta escrito y firmado, diciendo que “es letra muerta”? ¿Qué cambio de actitud o comportamiento se le puede pedir a una gobernadora que asiste a cuanto informe de gobierno se rinde en el país pero que no comparece ante el Congreso cuando es ella la que tiene que informar?

¿Qué nos queda hacer entonces como sociedad, qué podemos hacer como ciudadanos ante el mal gobierno?

Cuando las instituciones fallan, cuando la ley no se aplica porque los encargados de hacerlo son los primeros en violarla, lo que queda a la sociedad, a los ciudadanos es apelar al poder del pueblo, al sustento primario de la democracia que es la ciudadanía.

Nos queda mucho por hacer: convertir en fuerza política el enorme descontento ciudadano que, para desgracia de Yucatán y para fortuna de esta causa, crece día con día alimentado por los excesos de la gobernadora y de sus colaboradores.

Entonces, ¿no tiene caso denunciar las ilegalidades que se detecten? Sí, desde luego que hay que denunciarlas, pero no ante los tribunales o ante las instituciones gubernamentales. Al menos no hay que hacerlo con la idea de que las denuncias serán investigadas y castigadas. Hay que informar a los ciudadanos de cuanto trafique, abuso y robo se puedan detectar y demostrar; hay que denunciarlos ante la sociedad, para que se conozca en detalle la catadura moral de la partida de bandoleros que forman parte del gobierno de Yucatán.

Hay que hacer las denuncias debidamente sustentadas, para que la sociedad conozca los nombres de todos los involucrados en el saqueo que se viene realizando en Yucatán con los puestos y las nóminas del gobierno, con los recursos públicos desviados, con la apropiación ilegítima de tierras ejidales. La sociedad yucateca debe conocer el modus operandi de los saqueadores y la identidad de todos y cada uno de ellos; debe tener información veraz y precisa de los intereses que unen a los saqueadores y de los objetivos concretos que persiguen en cada operación.

Debemos cobrar conciencia de que somos muchos ya los que conocemos y repudiamos a los malos gobernantes que tenemos, empezando por Ivonne Ortega y por su camarilla. Y cada día son más y serán todavía más, conforme los recursos públicos se agoten o, aunque sigan fluyendo resulten insuficientes para cumplir lo prometido, para pagar lo acordado o para satisfacer las expectativas creadas.

Apelemos, pues, a la fuerza del pueblo para sancionar al mal gobierno. Ante el abuso reiterado del poder, ante la violación sistemática de la ley, recurramos a la armadura moral de la ciudadanía para construir una fuerza política paralela, que reste legitimidad al gobierno corrupto y abusivo, que enfrente al poder que el ejercicio gubernamental confiere a la nueva mayoría con la fuerza de la ciudadanía organizada, dispuesta a demostrar, a hacerle saber a los trepadores, a los especuladores, a los oportunistas de la política cuál es la “piedra de toque” del ejercicio democrático del poder, cuál es el principio básico del juego democrático: la soberanía popular; servir en todo y con todo a la sociedad, rendirse a los ciudadanos.

joseluisierra@gmail.com

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