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5 Noviembre 2010
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ANÁLISIS A FONDO
Del desempleo a la criminalidad
Francisco Gómez Maza

Un miembro de banda de secuestradores se lleva hasta 1,250 dls por caso
A cambio de “un poco de violencia” y tortura,  de dinero para subsistir

mA Jesús Alejandro Avilés Hernández (jovenzuelo de 23 años de edad), escribe la reportera Gardenia Mendoza Aguilar, del diario hispano La Opinión de Los Ángeles, le apodan “El Soma” (palabra que podría derivar, sólo especulando, de somardón, o sea una persona solapada, que con apariencia de torpe, sin hablar u ocultando sus pensamientos e intenciones, hace lo que le conviene).

Pues el tal "Soma"  trabaja de secuestrador porque no tiene empleo formal, al servicio de una banda que graba en videos los momentos cuando torturan a sus víctimas y que, en el reparto del botín que se llevaba la banda, se ganaba la módica cantidad de 1,250 dólares (obviamente, en pesos) por cada plagio en el que participaba. Desempleado, sólo con nivel de secundaria, Jesús Alejandro se daba por bien pagado: "un poco" de violencia a cambio de dinero contante y sonante: con cinco secuestros lograba el equivalente en moneda mexicana de 6,250 dólares. "Compraba ropa y comida", dijo el martes durante su presentación ante los medios de comunicación.

“El Soma" era encargado de interceptar a las víctimas y llevarlas a una casa de seguridad, donde las víctimas eran torturadas, mientras las “videogrababan” para enviar el video a sus familiares y agilizar el pago por el rescate. La táctica resultó: nueve de los 10 secuestros duraron menos de un mes. El fiscal antisecuestros del Distrito Federal, Fernando Montes de Oca, aseguró que el muchacho inculpado no participó en más eventos porque el líder de la banda, Argeo Barón, alias "El Chino", rotaba el “personal” que lo apoyaba en sus fechorías. "En ocasiones el líder usaba a una célula y si necesitaba más gente, le hablaba a su segunda célula".

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reconoce 61 secuestros en lo que va de 2010, lo que representa una disminución del 30 por ciento con relación al año anterior; sin embargo, organismos no gubernamentales señalan que por cada plagio denunciado hay siete no denunciados. En todo el país se cometen cerca de tres secuestros por día (1,181 el año pasado, un 40 por ciento más que en 2008 y casi el doble que en 2006). Las estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalan que sólo uno de cada cuatro secuestros se denuncia. Los delincuentes trabajan con ventaja: las estadísticas muestran que sólo hay una posibilidad entre nueve de que sean capturados. Su actividad no se entiende sin la colaboración policial (cuyas instituciones son percibidas a menudo como infestadas de corrupción). La banda puede tener un infiltrado en alguna fiscalía que les avise de si se denuncia el secuestro o no, y de por dónde avanza la investigación, para eludir la acción de la ley. En otros casos, son los propios policías quienes participan en la privación de libertad de la víctima, en su custodia o en la gestión del pago del rescate. En las policías judiciales trabajan "gestores del secuestro": algunos, en complicidad con alguna banda, les indican potenciales víctimas o permiten a los criminales operar impunemente. En cualquier momento, no obstante, pueden decidir dejar de "ordeñar la bolsa" y detienen a los criminales como muestra de su efectividad. Ese fue el caso de uno de los secuestradores más conocidos de la historia reciente de México, Daniel Arizmendi, "el Mochaorejas", apodado así por cortarles esa parte del cuerpo a sus víctimas.

"El Mochaorejas", que operó en los años noventa y cumple hoy una condena de 398 años de cárcel, encabezaba una banda que contaba con una red de protección en la que se involucró a un fiscal estatal, un comandante de la Policía Judicial y otro de un Grupo Antisecuestros. Su historia sirvió al director hollywoodiense Tony Scott para realizar la película "Hombre en llamas", protagonizada por Denzel Washington y ambientada en el Distrito Federal. Los secuestradores se llamaron Daniel, como "el Mochaorejas" y Aurelio, como su compinche. La lucrativa cadena no termina aquí. Después viene el turno de las autoridades penitenciarias que ganan permitiendo que las bandas operen desde las cárceles. La frustrada regulación sobre registro de teléfonos deriva, de hecho, de ello. Hay en este “negocio” muchos “funcionarios públicos” beneficiados "de manera legal e ilegal", especialmente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que ha visto aumentado en gran manera su presupuesto. Genaro García Luna -muy cuestionado por los medios- director de la SSP, pareciera estar más preocupado en el impacto mediático que en la efectividad. Fue asimismo responsable parcial de encumbrar a uno de los colaboradores clave de "el Mochaorejas" en el bando de la ley, Alberto Pliego Fuentes, "el Superpolicía", acusado asimismo de proteger al Cártel de Juárez, y quien murió de cáncer en prisión.

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