670 17 Noviembre 2010 |
ANÁLISIS A FONDO Una realidad, imposible de ser ocultada El 29 de octubre pasado se realizó una videoconferencia internacional, en la cual participaron unas 150 personas de México, Bogotá y Cali, que opinaron de la situación de vulneración de derechos de los y las jóvenes en Colombia y México. Expertos y representantes de procesos juveniles presentaron propuestas alternativas de paz, y dieron una conferencia de prensa en ciudad de México sobre el escalamiento de asesinatos de jóvenes en Ciudad Juárez. “Nosotros aquí vivimos una guerra contra la sociedad civil; contra los y las jóvenes, las mujeres y niños y niñas”, denunció Clara Gabriela Meyra, del Centro de Derechos Humanos Francisco Vitoria, de México. En México, durante el 2010, han sido asesinadas más de 3,000 personas, de las cuales los y las jóvenes han sido los más afectados. Esta ola de violencia, criminalización y asesinatos se enmarca en una supuesta lucha contra el narcotráfico. En Colombia, por otro lado, la situación es igual de preocupante. “Nosotros vivimos en un país, con un potencial en recursos naturales y con una posición geoestratégica sin igual. Estamos sumergidos en un conflicto armado interno por más de 50 años”, terció el líder juvenil, Darío Ángulo, de la ciudad colombiana de Buenaventura. “Tenemos más de 50 mil víctimas de la violencia política, con una cifra de desplazados forzados que supera los 4 millones en los últimos 20 años, con más de 7 millones de hectáreas de tierras fértiles despojadas a sus legítimos dueños, en el marco de la violación sistemática de los derechos humanos, y la mayoría de los casos se encuentran en la impunidad”. Los Consejos Comunitarios colombianos también han estado expuestos a la violencia que genera el conflicto; la ley 70 y otros mecanismos son utilizados para afrontar esta situación, de acuerdo con Anyerson Díaz, líder del Proceso Juvenil Cajambre. La Comunidad Civil de Vida y Paz "CIVIPAZ", se encuentra ubicada en la región del Alto Ariari, municipio El Castillo, departamento del Meta. De acuerdo a lo expresado por la representante de los jóvenes de CIVIPAZ, los grandes intereses existentes por el control de este territorio y el pretexto de perseguir a la guerrilla de las FARC-EP ha ocasionado una represión permanente hacia los campesinos por parte del Estado, que se concretó en el desplazamiento forzado de la mayoría de las familias del Alto Ariari en el 2002 y el asesinato por parte de los paramilitares de más de 150 personas en la región. A partir del desplazamiento forzado en la región, las familias perdieron todo lo que tenían y les tocó adaptarse a condiciones muy precarias en la ciudad. Después de un tiempo algunas de las personas que habían sido desplazadas comenzaron a juntarse con el objetivo de regresar a la región, a recuperar sus tierras y su vida campesina y así fue que durante cuatro años se organizó el regreso a la región desde la ciudad de Villavicencio. Así como el grupo juvenil La Voz del Pueblo de CIVIPAZ, en Colombia, existen varias organizaciones juveniles que han venido trabajando en pro de la defensa de los derechos de los y las jóvenes, en Colombia. El 28 de octubre, lideres juveniles del pacifico colombiano se reunieron en Cali para analizar y presentar ante México un panorama actualizado de la vulneración de derechos de la que están siendo víctimas los jóvenes en Colombia. De esa reunión, salieron algunas de las estrategias a través de las cuales desde sus organizaciones están defendiendo sus derechos en Colombia: La formación, afirmación y exigibilidad de nuestros derechos integrales como población juvenil en lo urbano y lo rural. La visibilización y denuncia de las violaciones a nuestros derechos humanos. El acompañamiento y las alianzas a nivel nacional e internacional. Las propuestas de comunicación propia: emisora comunitaria, periódicos comunitarios. Mecanismos de protección del territorio: los “retornos”, la permanencia en el territorio desde el fortalecimiento de lo ancestral, el proyecto de vida propio, la exigibilidad jurídica desde nuestras leyes (ley 70, ley 21: 169, OIT). La implementación de parcelas agroforestales e iniciativas agroecológicas. Mecanismos de protección de la vida y el territorio en medio del conflicto armado interno: como las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los lugares de refugio, los resguardos humanitarios, las zonas humanitarias como lugares exclusivos de la población civil que resiste en medio del conflicto armado amparados en el derecho internacional humanitario y en el principio de distinción. Exigibilidad y afirmación de derechos frente a la impunidad: desde conmemoraciones, encuentros y sensibilización comunitaria, dignificando la memoria y el proyecto de vida de nuestras víctimas. El observatorio de violencias por orientación sexual e identidad de género, como espacio de visibilización y denuncia. La formación en derechos, políticas públicas, sustancias psicoactivas y infecciones de trasmisión sexual, que se adelantan por parte de la población en contexto de diversidad sexual y géneros. En México, en contrapartida, son varias las iniciativas que se ponen en práctica, entre ellas la formación y el fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Juventud. Según Raymundo Alba, líder mexicano, "se busca crear una visión diferente hacia las y los jóvenes, generada desde la misma juventud, para que seamos reconocidas y reconocidos como sujetos plenos de derechos en todos los sectores sociales y, finalmente, dar seguimiento al contexto internacional en materia de juventud para impulsar espacios que visibilicen la participación juvenil y sus derechos". La Plataforma se conformó como resultado del Encuentro Nacional de Juventudes, realizado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, del 22 al 26 de octubre del 2009, con la participación de más de 34 organizaciones, colectivos, redes y personas jóvenes activistas representando diversas entidades federativas. De la videoconferencia obviamente salieron conclusiones, entre las que destacan: “Los jóvenes debemos dejar de ser fichas para convertirnos en jugadores activos en la defensa integral de nuestra de nuestro territorio y nuestra vida. Concretar propuestas de paz que se puedan convertir en política pública. Fortalecer los procesos a nivel local y de articulación con otros procesos juveniles y sociales. Que en la agenda se incluya la población en contexto de diversidad sexual y géneros, categoría, donde influyen las variables de sexo, género, etnia, estatus económico, político, académico, de discapacidad, que a su vez inciden en la posibilidad o restricción de acceso a derechos y configura el significado de nuestros territorios; por otro lado esta noción amplia las consecuencias del conflicto armado de nuestro país, reconoce a las víctimas e identifica factores que incurren en el desplazamiento forzado, además insta al Estado a repararlas y a diseñar políticas diferenciales que respondan a esta realidad. Establecer alianzas entre ambos países para visibilizar la situación de derechos de los y las jóvenes; crear articulaciones y luchar en conjunto contra la exclusión y la vulneración de derechos.” http://analisisafondo.blogspot.com/ ¿Desea dar su opinión?
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