13 Diciembre 2010
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ANÁLISIS A FONDO Francisco Gómez Maza ¡Duelen, y de qué manera!
Del caso Salvácar, las familias aún esperan la ayuda prometida por las autoridades. El gobierno mexicano sólo apoyó a medias, durante los dos meses siguientes. La plana mayor del gobierno, encabezada por el primer mandatario y funcionarios de todas las secretarías, intentaron corregir el error del presidente Felipe Calderón de llamar "delincuentes" a las víctimas en un improvisado comentario. Crearon el programa Todos somos Juárez; se compadecieron de la situación que vive la población juarense, ofrecieron becas, terapias, casas, despensas, vigilancia y hasta algunos apoyos para visas de víctimas en riesgo. Las familias de las víctimas requieren de ayuda psicológica, pero sólo la recibieron durante dos meses. Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía de Atención a Víctimas del Delito estatal, niega el retiro de apoyos a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes, pero la verdad es que los apoyos han sido a medias. Bertha Camacho recibió una nueva vivienda (en la colonia Terranova Sur), despensas por parte del DIF y un apoyo económico para su hijo lisiado, por alrededor de 100 dólares, pago de luz por unos 80 dólares y gas por 30 dólares. Pero eso se dio una sola vez. Arcelia Medrano, de 45 años, madre de Juan Carlos Medrano, de 17, quien cayó muerto cuando intentaba huir de los asesinos, fue reubicada de vivienda desde Villas de Salvácar, supuestamente por seguridad, aunque su nuevo hogar es más pequeño y aún se siente vulnerable. Pero lo peor de su situación es el duelo inconcluso y a la psicóloga estatal no la ve desde abril. La situación más benévola es la de Brisa Atzini, de 15 años, otra de las sobrevivientes. Si bien su dedo pulgar quedó inmovilizado por una bala y se le dificulta escribir, ahora tiene una casa propia de 50 metros cuadrados (antes vivía con la abuela), cedida por el gobierno a Ivonne Delgado, de 45 años, su madre soltera. Javier González, subsecretario de Educación en la entidad, describe mejor la incertidumbre como una cadena burocrática interminable donde todos esperan que otros den la solución: "No hay recursos porque no los canaliza el gobierno". La autoridad estatal espera la respuesta federal y ambas dependen de que los respectivos congresos recuerden que hacen falta fondos para unas víctimas casi en el olvido, por debajo de cientos de prioridades en las agendas políticas y otras víctimas del narcotráfico que se suman a la pena familiar del país. Lo profundo de la sentencia de la CIDH es resolver la injusticia: que se investigue, detenga y castigue a los culpables y a quienes los han protegido. Dónde están los responsables. Qué hace el gobierno en el campo de las investigaciones, pues la mayoría de los casos siguen impunes. El obispo de Saltillo, don Raúl Vera López, está convencido de que, con la excusa del combate al narcotráfico, las autoridades hacen contrainsurgencia; están reprimiendo la protesta social, y yendo contra los defensores de los derechos humanos. Qué está pasando en Ciudad Juárez, se pregunta el también presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Y se responde: “Aquí se pueden ya estar haciendo experimentos, de eliminación de personas, como si se hiciera una limpieza social”. El Estado mexicano (bueno, la verdad es que el Estado no existe; es un ente imaginario del que nadie se hace responsable) ha reiterado su “plena voluntad” de cumplir con todas y cada una de sus obligaciones jurídicas internacionales, particularmente las que se refieren al cumplimiento cabal de la sentencia que emitió la CIDH sobre la muerte de las tres mujeres. Sólo faltaría el “Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad”, que ha prometido que lo realizará el 8 de marzo del 2011. Pero, ¿y las investigaciones de los asesinos? http://analisisafondo.blogspot.com/
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Dos hechos que agraviaron salvajemente a la sociedad mexicana pesan en la conciencia colectiva; no sé si en la de las autoridades políticas: la matanza por un comando de sicarios, la noche del 31 de enero pasado, en Salvácar, Ciudad Juárez, de 13 muchachos de entre 15 y 20 años y un adulto, cuando celebraban la victoria del equipo local de futbol americano Jaguares, y la muerte, en Campo Algodonero, también en Juárez, de ocho mujeres entre cuyos cadáveres fueron identificados los de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, descubiertas en noviembre de 2001. 
