Defensa de los derechos universitarios
Víctor Orozco
Chihuahua.- La Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios, (REDDU) se constituyó por seis miembros en 2005. Desde entonces ha venido desplegando sus esfuerzos en el campo de los derechos humanos y la lucha por la construcción de una cultura de la legalidad en los centros de estudio. Hace dos años, fui electo presidente de esta agrupación en mi carácter de Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El pasado 14 de octubre rendí mi último informe en la VIII Sesión Ordinaria, inaugurada por el rector de la UNAM, en la cual se eligió al nuevo presidente para el siguiente bienio. Por considerar el tema de interés general, incluyo a continuación la parte sustantiva del informe mencionado.
Llegamos a esta sesión con nuevos ánimos y cada vez más persuadidos de que estos instrumentos de protección de los derechos de quienes estudian o laboramos en las instituciones de educación superior, han devenido en sólidas entidades que han llegado para quedarse.
Hace dos años se encontraban afiliados a la REDDU quince organismos de defensa de los derechos universitarios en instituciones de enseñanza superior en México y diez y siete defensorías de universidades extranjeras. En la actualidad son diez y nueve defensorías mexicanas y veintidós de universidades de fuera del país. En México suman hoy un millón 750 mil estudiantes y 450 mil académicos los sujetos protegidos por las entidades afiliadas a la REDDU
A lo largo de este tiempo, han mostrado su bondad y su utilidad para evitar que se consumen afectaciones a legítimos intereses de académicos, profesores o trabajadores administrativos. O bien, para reparar los daños causados cuando éstos no hayan sido irreversibles. A través del dictado de medidas precautorias ha sido posible en múltiples ocasiones, prevenir estas afectaciones imposibles de resarcir y abrir un espacio para la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables o bien para que éstas examinen con mayor detenimiento el acto reclamado y vean sobre su pertinencia o conveniencia.
Por otra parte, la presencia de las defensorías en los centros de enseñanza e investigación, está contribuyendo poderosamente a establecer un sano equilibrio entre las diversas instancias y órganos de gobierno que componen la estructura de las instituciones educativas. Como se sabe desde siempre, el ejercicio del poder, así no venga acompañado con el uso de fuerzas físicas, tiende a extralimitarse y arrollar obstáculos legales
La actuación de un organismo comprometido con la legalidad ante todo, sin relaciones de subordinación con las máximas autoridades administrativas y sujeto sólo al mandato de los Consejos Universitarios, es una incuestionable ayuda para mantener el orden jurídico en el interior de las casas de estudio y a sus autoridades circunscritas al área de su competencia.
La participación de las defensorías en eventos en los cuales se promueve la defensa o protección de los derechos humanos y en especial de aquellos de los cuales son titulares los integrantes de las comunidades universitarias y tecnológicas, la información y difusión de estos derechos a los interesados así como de las vías y medios que tienen para salvaguardarlos, de igual manera es un recurso que ha enriquecido e impactado positivamente en la vida de las instituciones y a través de la influencia de éstas en la vida de la sociedad entera.
Según encuestas y sondeos de opinión realizados en México y en otros países, las universidades y centros de educación superior, están en la cúspide de aquellas instituciones que gozan de mayor credibilidad entre la población. Fuerza es destacar la relevancia y significado de este hecho, en medio de la crisis de confianza que aqueja a partidos políticos, organismos legislativos, cuerpos policiacos, autoridades ejecutivas. La integración de las defensorías a las universidades, dota a éstas de una mayor capacidad para mantener y agrandar su calidad moral entre todas las colectividades.
En el mismo sentido, se han constituido en un fuerte impulsor de una cultura de la ciudadanía en contraposición a los viejos hábitos de la sumisión y del vasallaje, propios de las instituciones ganadas por el patrimonialismo. Los estudiantes, académicos y trabajadores administrativos, saben, cuando acuden a las defensorías, que su situación y su defensa no dependen del amiguismo, de las influencias o de la buena voluntad de algún funcionario, sino que sus derechos están salvaguardados en la ley.
Esta circunstancia no es poca cosa, si reflexionamos sobre la imparable impunidad que campea en el país, en la corrupción que se extiende por el esqueleto del aparato estatal. Quizá a las universidades les esté reservada ahora la suerte de ser uno de los principales instrumentos de salvación de la nación. Y por ello, deben de ser ejemplo de transparencia en el uso de los recursos públicos y de respeto a la ley. No hacerlo, sumaría un agravio y una desesperanza más al agobiado pueblo mexicano.
En el cumplimiento de sus cometidos, las defensorías han de contar sobre todo con la respetabilidad, la independencia de criterio, la capacidad de convocatoria y la sensatez de sus titulares y colaboradores. Puesto que carecen de un poder coercitivo, deben suplir esta ausencia con su prestigio, de manera tal que una recomendación emitida lleve la garantía de haber sido antecedida por la reflexión y el análisis profundo de los hechos y sea de esta manera incontrastable.
La universidad moderna y en general todas las instituciones de enseñanza superior no deben concebirse ya sin un órgano interno de defensa de los derechos de sus miembros. La existencia de esta entidad, debe ser en el futuro uno de los criterios para evaluar el desempeño de los centros de estudio, como lo son ahora los organismo de transparencia, la cantidad de programas acreditados, el número de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores o en otros rangos previstos por el gobierno federal, los proyectos de investigación financiados desde afuera, etcétera.
No obstante que en México surgió desde 1985 la primera de las defensorías en la Universidad Nacional, hoy en la mayoría de las IES no existe. Se hace necesario impulsar reformas a los ordenamientos jurídicos pertinentes, a fin de establecer como un deber de las IES el establecimiento de una defensoría u organismo similar.
Por ello me permito plantear a esta asamblea que a su vez proponga a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, así como a la Unión de Universidades de América Latina, que hagan suya la iniciativa para promover los cambios constitucionales y legales, así como en las operaciones de financiamiento de las instituciones de educación superior, con el propósito de establecer las obligatoriedad de crear en el seno de cada una de ellas la Defensoría de los Derechos Universitarios. Con ello alentaremos decididamente el desarrollo de estos organismos y se les dotará de seguridad y permanencia en la estructura de las universidades o IES.
Quisiera para concluir, presentar a ustedes el número 2 del volumen uno de la revista Defensores Universitarios. Contiene varios artículos y documentos de gran interés para el desempeño de nuestras tareas. Uno de nuestra compañera la doctora Patricia Begné, Procuradora de los Derechos Académicos de la Universidad de Guanajuato, sobre la figura y la función del defensor universitario. Otro de la profesora Cristina Ayoub Riche, Investigadora del Núcleo de Estudios de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que plantea la evolución de los derechos humanos y la relevancia de la institución del Defensor del Pueblo en la República Federativa del Brasil. Otro texto, de la autoría de la maestra Belinda Aguilar, Defensora Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, borda sobre la Defensoría universitaria en México, su desarrollo y retos actuales. Roberto Sáenz, abogado adjunto de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UACJ, discurre sobre un tema de crucial importancia en nuestra labor, que es el de los derechos laborales de los trabajadores académicos y del papel de las defensorías en su protección. Dos últimos artículos corresponden a Luis Enrique Mercado y Manuel Tapia Follen, de la Universidad Autónoma de Sonora, sobre diversos aspectos de las defensorías universitarias. Incluimos además un documento de gran relevancia en la vida de la REDDU, que es la Declaración de Yucatán sobre los derechos de las personas con discapacidad en las universidades; y por ultimo, un útil directorio de los miembros de nuestra agrupación.
