MOVIMIENTOS UNIVERSITARIOS EN LA DÉCADA DE LOS SESENTA, VII y última
La sexta gran movilización (1969)
Carlos Ruiz Cabrera
onterrey.- La sexta gran movilización universitaria, corolario de las antes descritas, provendrá en el contexto del esfuerzo por alcanzar la autonomía de la Universidad de Nuevo León.
La lucha por la autonomía se da entre octubre y diciembre de 1969, cuando los estudiantes y trabajadores sindicalizados alcanzan su máxima capacidad política e ideológica que les permitió darse a la tarea de transformar su casa de estudios y de trabajo, a través de un movimiento que cubrió diversas etapas.
La primera etapa incluye los procesos eleccionarios que, durante los primeros nueve meses de 1969, llevaron a la dirección de las sociedades de alumnos y del sindicato universitario a dirigentes progresistas y democráticos.
La segunda etapa abarca el mes de octubre, cuando los estudiantes de Matemáticas y de Filosofía y Letras solicitan la renuncia de sus respectivos directores, toman la Rectoría y son seguidos con la misma solicitud por los de Odontología y Ciencias Químicas, logrando que se les sumen, apoyándolos, los alumnos de las demás escuelas y facultades.
Para el día 20 de octubre, los estudiantes han planteado dos nuevas exigencias: las renuncias del rector Héctor Fernández y del secretario general Roberto Moreira, así como la reforma de la Ley Orgánica, con el fin de derogar las atribuciones del gobernador en el nombramiento del Rector y de los directores de las escuelas y facultades.
Con la universidad totalmente paralizada y el Consejo Universitario censurado y rebasado por los estudiantes, el 21 de octubre, el gobernador Eduardo A. Elizondo compareció ante el Congreso del Estado para promover una iniciativa de reforma a los artículos 16 y 24 de la Ley Orgánica de la universidad, a fin de dejar en manos de los universitarios el gobierno de su casa de estudios. Para ello, proponía una Asamblea Universitaria, integrada por un alumno y un maestro de cada escuela y facultad, encargada de elegir al Rector, y a las Juntas Directivas como responsables de elegir a los directores.
En su iniciativa, el gobernador incluía un artículo transitorio estableciendo que las autoridades universitarias nombradas por él y rechazadas por los estudiantes, debían permanecer en sus puestos hasta que los nuevos procedimientos fueran adoptados y los substitutos entraran en funciones. El contenido de este artículo transitorio será el punto de desacuerdo entre el gobernador del estado y los estudiantes y trabajadores sindicalizados.
La tercera etapa comprende desde el 21 de octubre hasta la última semana de noviembre.
En ese lapso, los estudiantes y trabajadores realizan múltiples acciones aceptando la autonomía contenida en la iniciativa del gobernador, pero exigiendo la salida inmediata de las autoridades que él había escogido para dirigir la universidad; a la vez, reclamando más votos estudiantiles en las Juntas Directivas y en el Consejo Universitario. Ante tales exigencias, el mandatario estatal envía al Congreso una modificación a su iniciativa original proponiendo que sean los decanos quienes queden al frente de sus respectivas facultades y escuelas, y sean ellos, junto con los representantes estudiantiles y magisteriales, los que designen a un Rector provisional, en tanto se establecen en la universidad las normas internas para elegir a un Rector definitivo. Por su parte, del lado sindical, la Asamblea General Representativa acuerda coadyuvar en la instalación y sostenimiento de los decanos, con el propósito de acelerar la dinámica de aquel complicado proceso.
Durante los siguientes diecisiete días, todos se manifiestan y reorganizan; simultáneamente, el sindicato instala su Asamblea de Maestros, y el Consejo Estudiantil establece la Asamblea Universitaria, integrada con cinco alumnos y cinco maestros, elegidos como delegados en cada escuela y facultad, para hacer un frente común ante quienes se les oponían dentro y fuera de la Universidad.
La Asamblea Universitaria ha sido la máxima expresión de democracia en la historia de la universidad. En ella convergieron, debatieron libremente y acordaron sus acciones, los representantes de todas las corrientes ideológicas: comunistas, espartacos, católicos de la llamada Obra Cultural Universitaria, priistas liberales, líderes obreros y padres de familia.
Mas no todo era unánime: un grupo de profesores y trabajadores de Mecánica renuncia al sindicato; otro grupo de docentes, la mayoría de Arquitectura, Leyes, Mecánica, Filosofía y Medicina, crean una Asociación de Maestros de la Universidad para oponerse al STUNL; en tanto, el caso de la Ley Orgánica se vuelve prioritario para los periódicos El Norte, El Porvenir y el semanario Oígame, que promocionan sus propios proyectos de Ley Orgánica, tal y como lo hace, por separado, un grupo de maestros contrarios al sentir mayoritario de los universitarios.
En otro ámbito, diversos organismos se expresan públicamente en torno a lo que sucedía. A favor de quienes luchaban por la autonomía, el Sindicato de Trabajadores y la Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal Superior del Estado, y el Círculo de Estudios Mexicanos. En contra, la Unión Nacional de Acción Cívica, la Cruzada Regional Anticomunista, el Frente Pro Dignidad Universitaria y la Unión Nacional de Padres de Familia, organismos encargados de presionar y denunciar a los principales líderes universitarios, acusándolos de ser comunistas, marxistas militantes y agitadores, causantes de todo lo malo que acontecía en la universidad y el estado.
En un ambiente tan turbulento, cuando él mismo es cuestionado por los estudiantes, el Congreso del Estado acuerda otorgar la autonomía el 10 de noviembre de 1969, —repito: el 10 de noviembre de 1969—, de conformidad con las reformas a la Ley Orgánica propuestas por el gobernador, a las que se hacen algunas modificaciones: se faculta a este gobernante para que nombre a un rector provisional, a quien se asignan tiempos y tareas específicas, con el fin de normalizar la vida universitaria.
Después de lo anterior, transcurrirán quince días más, antes de que el gobernador Elizondo se decida a publicar el decreto correspondiente.
En ese período, apoyados por los trabajadores sindicalizados y dos distinguidos universitarios: el doctor Enrique C. Livas y el licenciado Vicente Reyes Aurrecoechea, los estudiantes lucharán por la “paridad de votos” en las Juntas Directivas y en el Consejo Universitario; por su parte, el mandatario estatal solicitará a los estudiantes un “acto simbólico”: la entrega de la Torre de Rectoría.
Todavía el 18 de noviembre, tras dialogar con el Consejo Estudiantil, el gobernador Elizondo envía al Congreso del Estado una nueva iniciativa para que se cree una Comisión Redactora de un proyecto de nueva Ley Orgánica. Integrada en forma paritaria por un alumno y un profesor de cada escuela y facultad, a dicha Comisión Redactora se le fija como plazo el 31 de mayo de 1970 para entregar al Congreso Estatal el proyecto de Ley Orgánica de los universitarios. Esta iniciativa del gobernador será aprobada con dispensa de trámites por los congresistas.
Después de crear un Consejo Estatal de Huelga y de participar con un contingente en el desfile oficial del 20 de noviembre, en cuyo transcurso difunden y exigen solución a sus peticiones, el día 26, sin levantar la huelga, los estudiantes entregan la Rectoría al licenciado Francisco González Salazar, jefe del Departamento Jurídico de la universidad; al mismo tiempo, en su despacho oficial, el gobernador entrega el periódico oficial a los estudiantes de medicina Juan de Dios Sánchez y Enrique Sergio Garza Treviño, conteniendo los Decretos 146 y 147 referentes a la autonomía de la Universidad de Nuevo León.
La cuarta etapa transcurre del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 1969, período muy delicado que correspondió al rectorado del licenciado Enrique Martínez Torres, nombrado Rector provisional por el gobernador Elizondo, conforme al mandato legal. Así quedaba abierto el camino para que los universitarios demostraran su capacidad para autogobernarse.
El licenciado Enrique Martínez Torres cumplió su cometido con absoluta dignidad y limpieza. Bajo su cuidado y convocatoria, los universitarios formalizaron la presencia de los decanos, eligieron a los directores definitivos de las escuelas y facultades, integraron la Comisión Redactora del proyecto de nueva Ley Orgánica e instalaron el Consejo Universitario el 10 de diciembre.
El mismo 10 de diciembre de 1969, los consejeros eligieron como Rector al doctor Oliverio Tijerina Torres, catedrático en la Facultad de Medicina, miembro fundador del sindicato universitario, de clara ideología liberal y sin militancia en partido político alguno. Él fue el primer rector elegido libremente por la comunidad estudiantil-magisterial, sin injerencia de ninguna autoridad gubernamental. Del licenciado Enrique Martínez recibió el broche emblemático que sólo portan los rectores de la máxima casa de estudios de Nuevo León.
En síntesis, así transcurrió el movimiento por la autonomía de la universidad, autonomía que trajo a la máxima casa de estudios cambios democráticos profundos en los campos de la enseñanza, la investigación y la extensión y difusión de la cultura; pero, sobre todo, en el campo del quehacer político universitario.
Del lado de quienes lucharon por la autonomía, son muchos los estudiantes que dejaron grabados sus nombres; son tantos, que resulta imposible mencionarlos a todos en esta ocasión. No obstante, es de elemental justicia agregar a los ya mencionados en el presente escrito, los de Eduardo González Ramírez, Ernesto Cerda Serna, Fermín Montes Cavazos y Héctor Camero Haro.
También a los integrantes del STUNL y de sus distintos órganos de gobierno que tomaron los acuerdos que guiaron en esta lucha autonómica al cuarto comité ejecutivo sindical encabezado por el secretario general Carlos Ruiz Cabrera.
La autonomía, propiciada inicialmente por el gobernador Eduardo A. Elizondo para encauzar la inconformidad estudiantil-magisterial imperante en la universidad, fue alcanzada gracias a la entrega, decisión y capacidad propositiva de una brillante generación de universitarios críticos y autocríticos; ella significó, con todas sus contradicciones, el aporte social de aquellos 18 mil 500 estudiantes —7 mil 500 de facultad y 11 mil de preparatoria— y 2 mil 500 trabajadores —mil 291 profesores y mil 209 empleados administrativos, técnicos y de intendencia—, que supieron llevar a cabo, con éxito, aquella lucha progresista en aras de su casa de estudios y de trabajo.
