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1121 10 Agosto 2012

 

Procesos internos en la UG
Luis Miguel Rionda

Guanajuato.- A partir de septiembre los cuatro campii regionales de la Universidad de Guanajuato, así como su Colegio de Nivel Medio Superior, contarán con nuevas autoridades unipersonales: sus rectores y sus directores académicos. Las direcciones de las 13 divisiones académicas y de los 50 departamentos se renovarán o ratificarán. El proceso interno que ordena el Estatuto Orgánico, determina que la selección y la designación de dichas autoridades (artículos 72, 73 y 74), corresponde en primera instancia a los órganos colegiados -Consejos Divisionales y de Campus- y en su fase final a la Junta Directiva, para el caso de los directores de división, y a los Rectores de Campus, en el caso de los directores de departamento. Reza el ordenamiento que:

“La comisión especial [del Consejo respectivo] acordará los lineamientos sobre los cuales, en lo general, se desarrollará el proceso de selección, así como los relativos a los procedimientos de consulta de la opinión de la comunidad universitaria, mismos que serán diseñados atendiendo a los principios fundamentales de libertad, equidad, pluralidad, imparcialidad, respeto y participación, inherentes a la vida universitaria. También, acordará sobre la oportunidad y forma en que los candidatos presentarán sus proyectos de desarrollo ante el pleno del órgano académico colegiado que corresponda.”

Luego de lo anterior, las comisiones especiales presentan un proyecto de dictamen ante sus consejos respectivos, acerca de si los candidatos cumplen o no con los requisitos básicos que ordena la Ley Orgánica, en particular el conocimiento institucional y la capacidad de conducción. Los cuerpos colegiados pueden aceptar o no el dictamen, y es ahí donde se han presentado algunos problemas recientemente, ya que tanto las comisiones como los consejos son conjuntos de pares –profesores, alumnos y directivos- que como humanos que son aplican valoraciones subjetivas. Pero precisamente la norma se diseñó para darle juego suficiente a estos órganos universitarios, y permitirles incidir legalmente en el proceso.

Esto lo entendemos muchos universitarios, pero otros no, y mucho menos los observadores externos, para quienes la norma es imprecisa y demasiado abstracta, y por lo mismo debería reformarse para reducir los espacios a la interpretación. Eso sería un error, desde mi punto de vista, pues ahogaría el tan necesario debate interno y la evaluación cualitativa de las alternativas. Nos hemos dado órganos deliberativos “en cascada” que conforman un esquema de instancias ante las que pueden acudir los universitarios para plantear propuestas o quejas, algunas de tanta trascendencia que llegan hasta el máximo órgano: el Consejo General. Todo ello mediante la observación de “los principios de buena fe y respeto mutuo”, como reza la ley orgánica.

Así sucedió con el recurso de revisión que interpuso el aspirante Martín Pantoja contra una resolución del Consejo del Campus Guanajuato, que había determinado no darle la calidad de candidato al puesto de Rector de Campus. El viernes 3 de agosto, luego de casi cuatro horas de intensa discusión, el Consejo General votó que sí está en sus facultades modificar fallos de los colegiados de menor jerarquía, y se le reconocieron sus derechos al académico. Un recurso similar está en trámite por parte de René Jaime Rivas, actual Rector y aspirante a relegirse en el Campus Irapuato-Salamanca.

Como en toda organización humana, la competencia por los cargos de autoridad en nuestra universidad estatal puede despertar las pasiones de la política palaciega. Con ello se desatan los rumores, los trascendidos y las interpretaciones interesadas. Dado el hecho –afortunado según yo- de que no se trata de una “elección” abierta, sino de un proceso de designación que al final del camino está en las capacidades de la Junta de Gobierno -los once notables que eligió el Consejo General-, la “competencia” está constreñida dentro de márgenes tan estrechos que parecen contradictorios a la vocación democrática que la institución se obliga a asumir.

Otras universidades públicas son todavía presas de sus procedimientos “democráticos”, con elecciones abiertas y voto universal. Ahí lo que priva es la capacidad demagógica de comprar votos de académicos y de estudiantes, que luego cobran caro sus facturas.

No intento justificar o alabar el modelo que se ha dado la Universidad de Guanajuato; pero con todo y las limitaciones que impone, a veces risibles –como la prohibición a los aspirantes de dar a conocer sus proyectos antes de que los consejos los designen candidatos-, mantienen la competencia dentro de cauces más académicos e institucionales, con un acento puesto sobre los perfiles y proyectos personales, y no sobre las promesas electoreras de los postulantes.

Pero me sumo a los que proponen la revisión del mecanismo.

Antropólogo social. Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – www.luis.rionda.net - rionda.blogspot.com – Twitter: @riondal

 

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