Se ganó una batalla
Hugo L. del Río
Monterrey.- Los civiles ganamos una batalla, pero la guerra será larga y difícil.
La Suprema Corte de Justicia falló a favor de que sea un juez civil de jurisdicción federal y no un tribunal castrense, quien atienda el proceso del teniente de la Policía Militar Carlos Fidel Flores Ábrego, quien el 18 de abril del año pasado sembró en la cabina del vehículo del joven médico José Otilio Cantú una pistola y tres cartuchos percutidos, como “evidencia” o “prueba” de que el doctor había disparado contra los soldados y éstos, en defensa propia, respondieron al fuego y abatieron al muchacho.
Fue tan burda la escenografía y tan enérgica la defensa que hizo el padre de Otilio de la inocencia de su hijo –a quien además de asesinar pretendieron satanizar como narco— que el lento, torpe, aparato de la procuración de justicia se tuvo que poner en marcha. Mucho influyó la reacción que el escándalo provocó en el exterior, y tuvieron un importante peso político las recomendaciones de Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Durante año y medio se discutió lo que hasta por lógica es indiscutible: si un militar mata a un civil, el soldado debe ser juzgado por un tribunal civil. Pero ni el Estado mexicano ni las autoridades de la Defensa Nacional ni la Judicatura querían ver verdad tan evidente. Al oficial de la PM no se le acusa, todavía, del homicidio: sólo de alterar la escena del crimen. Pero por algo se empieza. El caso hizo aflorar muchos otros incidentes de agresiones o comisión de delitos contra la salud por parte de personal de tropa. Llama, particularmente la atención, el caso que recién atrajo la Primera Sala de la Suprema: trece fusileros acusados de transportar 928 kilos de la droga cristal y 30 kilos de cocaína del Distrito Federal a Tijuana.
Jorge Carrillo Olea, general retirado, aprovechó ayer la circunstancia para lanzar un durísimo ataque en La Jornada contra los vicios que deforman el sistema de justicia militar. “¿Por qué se da el absurdo, del todo irracional, en el interior de las Fuerzas Armadas de que los delitos contra la disciplina militar, prescritos en el Código Penal correspondiente, no se procesen o se procesen según el criterio libérrimo del secretario (de la Defensa Nacional)?”, pregunta. Se responde a sí mismo: “La justicia militar es de consigna, pero se tiene miedo a decirlo”. El titular en turno de la Secretaría decide según su opinión personal y hasta su estado de ánimo. “Ante casos gravísimos de comisión de delitos por ciertas jerarquías, la salida otorgada es el retiro”.
En el Ejército, igual que en la Iglesia Católica. No dudamos de las denuncias del general en retiro. Sólo nos sentimos obligados a recordar que en estos momentos hay en el estamento militar una tremenda corriente de politiquería de sótano: muchos quieren suceder al actual secretario. Y por otra parte, tener presente que Carrillo Olea no es un ciudadano militar libre de toda sospecha: lo educaron los halcones gringos en la llamada Escuela de las Américas –crisol de verdugos y dictadores— y en su sexenio como gobernador de Morelos se le vinculó con los cárteles, aunque no se le probó nada. Burbuja de Historia: el once de septiembre las fuerzas armadas chilenas derrocaron al Presidente Salvador Allende, quien se suicidó en Palacio antes que rendirse. Es una fecha aciaga.
Pie de página
El sacerdote católico don Alejandro Solalinde reanuda su faena de amor: está reacondicionando la casa-hogar que ha sido vivienda, hospital, comedor y refugio para miles y miles de centroamericanos cuyos delitos son entrar a México sin documentos y pretender atravesar el país de frontera a frontera para vivir el Sueño Americano. Estos hombres y mujeres de Centroamérica, a quienes la miseria obliga a buscar el pan en el extranjero, son víctimas de toda suerte de agresiones, abusos y humillaciones a su paso por este México que hace años era nación de generosidad. Y sí, adivinó usted: el peor enemigo de la gente sin papeles es la policía mexicana.
