Consejeros y magistrados electorales
Ernesto Hernández Norzagaray
Mazatlán.- El Congreso del Estado de Sinaloa ha emitido la convocatoria para que partidos y organizaciones sociales postulen candidatos para consejeros y magistrados electorales. Es la misma rutina institucional que debería llevarse a cabo cada cuatro años, una vez que quienes están en esos cargos han cumplido la tarea de organizar y calificar dos comicios consecutivos. Es decir, los que ahora serán seleccionados organizarán y calificarán las elecciones legislativas y municipales 2013, y las legislativas, municipales y gobernador en 2016.
Eso explica el interés político que ha suscitado entre académicos, profesionistas y sorprendentemente de varios funcionarios electorales adscritos al IFE local para participar en esta convocatoria que se cierra el próximo 22 de noviembre. A partir de ese momento los grupos parlamentarios técnicamente deben valoraran cada uno de los curriculum vitae y designar a quienes hayan consensado mayores apoyos políticos y sociales.
Esto que parece sencillo, no lo es porque es un proceso muy observado por los medios de comunicación y en la postulación buscan intervenir los actores políticos y sociales que tienen interés en promover candidatos para “influir” en las decisiones que se toman en los organismos electorales. Así también en esa lógica de acomodos, los aspirantes buscan afanosamente por la disposición de la misma convocatoria, el apoyo de las instituciones sociales donde participan como también de uno de los partidos mayoritarios o del líder de una de las fracciones parlamentarias. Son las reglas escritas y las no escritas que rodean la selección de los candidatos a integrar los organismos electorales.
No en todos los estados es lo mismo aunque es una prerrogativa de la cámara legislativa en todos ellos, hay formatos, tiempos y números diferentes, como se puede constatar en un libro de mi autoría publicado por el IFE en 2010 bajo el título: Los Méxicos electorales: integración, organización y administración electoral; en esa investigación que incluye a los estados de la República y el DF, encontré que si bien todos tienen el mismo techo constitucional, las formas que en particular han adoptado hay diferencia de manera que expresa la riqueza o las carencias en la diversidad de diseños institucionales, y como lo dice el título del libro bien podemos hablar de los “Méxicos electorales”.
Justamente, en estas páginas vamos a escribir en esta materia sobre algunas de las fortalezas y debilidades del diseño institucional sinaloense.
Fortalezas
Nuestra legislación en materia electoral técnicamente tiene como principal cualidad la ciudadanización, es decir, los ciudadanos son el pilar en que está sostenido el edificio institucional desde la recepción de los votos hasta la calificación de la elección. Lo integran personas que son como cualquier otra con la única salvedad que deben tener solvencia moral, preparación técnico-electoral y experiencia de la buena en las lides por los votos. Son estos ciudadanos los que organizan y califican los procesos electorales. Y quienes deciden entre ganadores y perdedores en las contiendas electorales.
La segunda cualidad es que los organismos electorales han ganado en la última década, sea por la vía federal o las reformas locales, una complejidad que busca responder no siempre eficazmente, a las distintas necesidades que plantean los comicios contemporáneos que suelen ser cada más competitivos. Sean los que tienen que ver con el padrón electoral que en Sinaloa se acerca a los dos millones de ciudadanos inscritos o el financiamiento de los partidos como “entidades de interés público” que alcanza cifras cada día más altas, como resultado de la aplicación de la fórmula para convertir el padrón en pesos y de ahí los votos en pesos.
Es decir, lo que define cuanto se le da a un partido en las ministraciones públicas depende de los votos que haya obtenido en la última elección de diputados. Con excepción, claro, de partidos de nueva creación como es el caso del Partido Sinaloense que como ha dicho su dirigente, Héctor Melesio Cuén, viene a arrancar votos principalmente a la izquierda.
La posibilidad de registrar nuevas formaciones políticas es otra de las cualidades de nuestro sistema de partidos en cuanto permite, previo el cumplimiento riguroso de requisitos constitucionales y reglamentarios, que se incorporen opciones más ancladas en la vida regional (cleavages) de manera que puedan tener espacios al igual que los partidos nacionales. Varios de los cuales, por cierto, carecen de raíces regionales aun cuando tienen hasta dos décadas participando en la vida política del estado. No han logrado alterar un mínimo el bipartidismo vigente menos aun constituirse en una opción real de poder. Lo que si se alterara de alguna forma en la próxima elección estatal es la mayor inclusión de mujeres en las nominaciones de los partidos pues ahora tendrán que hacerlo so riesgo de caer en sanciones pecuniarias. El principio de equidad de género debera también cumplirse –como ya se ha venido haciendo- en la integración del órgano electoral estatal.
Los consejeros y magistrados electorales que concluyen su periodo le ha tocado administrar organismos más dotados de recursos económicos, institucionales, y lamentablemente en el caso del CEE, algunos de sus miembros han sido exhibidos como parciales de manera que el gobernador a dicho más allá de sus atribuciones “que ya cumplieron su ciclo” y se tienen que ir todos a casa para dar paso a “sangre nueva”.
La experiencia en los órganos electorales es que estos no se renuevan totalmente sino en forma escalonada o ratificando a algunos de sus miembros en los cargos para garantizar la experiencia que es de indudable valor. No obstante, hay que reconocer que la experiencia no solo existe en el CEE o el TEE, sino también en los consejos distritales, la estructura operativa, el IFE o el mundo de la academia.
Debilidades
La principal debilidad que tiene el diseño institucional es el factor político pues siendo el CEE y el TEE órganos autónomos y ciudadanizados deberían prevalecer mecanismos ad hoc para garantizar que quienes lleguen a estos cargos sean personajes sin ninguna tutela partidaria. No obstante, la experiencia nos indica que siempre ocurre aun cuando si bien el mecanismo de selección de candidatos es político, el desempeño de consejeros y magistrados electorales pueden y llegan a ser en algunos casos en estricto apego a la norma electoral. Hay constancia de que ha sido así como lo demuestra la mayoría de las sentencias y resoluciones de estos órganos.
Sin embargo, al calor de las contiendas se han cometido excesos que han sido muy publicitados en medios impresos y electrónicos lo que sin duda afectó la buena imagen de los consejeros como también de los organismos electorales. Entonces, el honor y las buenas prácticas, recomiendan hacer prevalecer el profesionalismo y evitar situaciones penosas que lastiman el prestigio de la institución.
No es fácil administrar una legislación electoral, que como todas no es resultado de un gabinete técnico que elabore un deber ser o un tipo ideal, sino es producto genuino de la correlación de fuerzas que confluye en el Congreso federal o estatal o de la capacidad de estas fuerzas de construir consensos y reformar la ley. En ese sentido la ley electoral es un producto del llamado “arte de lo posible”. Solo en sistemas unipartidarios la ley es elaborada a imagen y semejanza del que la promueve. Cosa que no sucede en sistemas pluralistas como el nuestro.
Entonces los órganos electorales no sólo necesitan personas capaces y profesionales sino con la suficiente madurez para resolver los entuertos que se generan al calor de las contiendas. Las elecciones en Sinaloa tienden cada vez a ser más competitivas y eso plantea nuevos desafíos a los organismos electorales, pues tenemos partidos con staffs de asesores muy calificados y con buen manejo de la ley, de forma tal que son capaces de explotar sus resquicios con el fin último de ayudar a las jefaturas políticas.
Esto llega a poner en serias dificultades a los integrantes de los organismos electorales y es cuando se dan las derrotas jurídicas en las instancias procesales de los comicios.
La renovación de los consejeros y magistrados electorales no puede volver a ser un asunto únicamente de cuotas entre partidos, sino es una oportunidad para seleccionar a los ciudadanos que cuentan con las mejores credenciales para organizar y calificar, como también procesar los conflictos poselectorales.
Finalmente, llama la atención en este registro de candidaturas la inesperada aparición de altos funcionarios del IFE estatal que buscan alcanzar la Presidencia del CEE como también, probablemente, los cargos de estos organismos. Me pregunto: ¿Es la jubilación de algunos de estos funcionarios electorales lo que los anima o es el sentido de servicio para el mejoramiento de nuestra democracia representativa? Esperemos que no sea simplemente chamba.
